La obra debe continuar

Casi como al borde de la campana, el Gobierno pudo rescatar un empate en una pelea que lo tuvo a maltraer por más de medio año.  Ni el gobernador José Alperovich se imaginaba que el enfrentamiento con los médicos podría ser tan desgastante para su administración. La tregua con los autoconvocados le costó no menos de $ 4 millones, que es la cifra que deberá erogar el Poder Ejecutivo para hacer frente a la batería de promesas que acabó, temporalmente, con la protesta galena.
Ahora el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez, tendrá trabajo extra durante el verano. Deberá contener las demandas que se vienen del resto de los sindicatos estatales, cuyos dirigentes creen que están con todo el derecho a reabrir las negociaciones salariales. Y habrá que esperar si es que el gobernador sigue repitiendo la muletilla "no hay plata". Lo dijo ayer y levantó polvareda entre los viejos dirigentes estatales que amenazaron con medidas de fuerza si no les dan lo mismo que el Ejecutivo pactó con los médicos autoconvocados.
Pero la cuestión salarial no es el único hueco que se reabrió en la gestión. Hay otro problemas que viene acumulando quejas, pero por lo bajo,  desde el sector de la construcción. Los atrasos en el pago de las obras han puesto en vilo a  la administración Alperovich. Y no se trata del plan de trabajos públicos provincial, sino de los proyectos encarados con financiamiento nacional.
La crisis global ha contribuido a disimular los problemas de financiamiento para obras. El Gobierno nacional se sentó en la caja y gira a cuentagotas dinero prometido a las provincias para infraestructura. Los planes de viviendas están calzados hasta enero del año que viene, dicen en la Casa de Gobierno. En ese aspecto, Alperovich ha obtenido la venia de la Casa Rosada para que Tucumán disponga no menos de $ 1.200 millones. Del dicho al hecho...
Más profunda es la cuestión vinculada con las obras viales. Funcionarios y empresarios de la construcción coinciden que los atrasos en el pago de certificados oscilan entre los seis y los ocho meses. Hay compañías que han recibido cartas documento del Ejecutivo anunciándoles la suspensión de la obra hasta nuevo aviso. Sucede que la Nación, en esta materia, no envía el dinero presupuestado. Y Alperovich no puede salir a gritar los incumplimientos por esa suerte de dependencia absoluta, política y financiera, al kirchnerismo.
Mientras el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, están buscando conformar un fondo especial para poner al día las obras, en Tucumán, el Ejecutivo analiza la posibilidad de enviar a la  Legislatura un proyecto de ley, con el fin de reprogramar los plazos de las obras viales que se ejecutan con fondos mixtos (Nación-provincias). El Gobierno provincial no está dispuesto -ni está en condiciones, dicen en la sede del PE- de habilitar un crédito puente para reactivar los trabajos.
La iniciativa en cuestión tendría, entre otros efectos, la suspensión de las multas que suelen aplicarse a aquellas empresas constructoras que no avanzan con los proyectos.  Mientras tanto, la procesión tucumana hacia los despachos kirchneristas es constante. En el medio hay unos $ 80 millones de fondos que aún no lograron habilitarse para pagar los certificados de obras, comentó a este columnista una alta fuente alperovichista.
Los efectos de esa suerte de paralización de las obras son múltiples. Desde el punto de vista político, no será bien visto en el interior -donde se reparan rutas- que la gestión no cumpla algunas promesas de campaña. A los vecinos no les importará si ese atraso nacional en mandar la plata paraliza las maquinarias a la vera de las rutas. Por caso, la queja tendrá el mismo destinatario porque Alperovich es Kirchner. Desde la óptica económica, la demora en remitir los recursos para obras minan el consumo de un sector como el de la construcción. Sucede que el 60% de ese dinero federal se queda en Tucumán, por la compra de insumos y por la contratación de servicios extra.   
El gobernador está inquieto. La obra pública debe continuar, porque esa ha sido la estrategia que lo mantuvo en el poder. Y seguirá siendo el plan matriz para sustentar otros cuatro años de gobierno en Tucumán. Esa es su meta actual.