El último refugio

La habilitación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia y el convenio entre Tribunales y el Poder Ejecutivo para agilizar las tareas que realizan las fiscalías de Instrucción y la Policía son la culminación de un proceso de avance en el drama de las cuestiones de género. Primero fue la creación de la OVD en la Corte nacional -hace un año-; luego la sanción de una ley de protección integral, y en mayo pasado fue el convenio entre cinco provincias del NOA para trabajar coordinadamente. A eso se sumó la tarea que llevó a cabo el Observatorio de la Mujer en el ámbito del Ministerio de Seguridad Ciudadana, que funciona como una oficina policial más específica que la Comisaría de la Mujer.  
Todo suena fuerte y abre perspectivas de cambios. Pero al mismo tiempo, ciertos detalles de tres terribles episodios ocurridos este año generan fuerte inquietud. Tanto en el caso de la joven secuestrada y torturada por su ex pareja en un hotel de barrio sur (en mayo), como en el del crimen del pequeño Enzo (en agosto), como en el de la mujer que mató de una puñalada a su pareja (en octubre), hubo decenas de denuncias de agresiones. "Me harté de denunciarlo; en las comisarías, en Tribunales... en todos lados. Pero jamás me dieron una solución", dijo la matadora. Es que es una impronta en la base cultural de la sociedad -calificada por la especialista Silvina Cohen Imach como "machista y con arraigados resabios de un fuerte autoritarismo". Y eso se ve mucho en el lugar donde se reciben las denuncias: la comisaría.
La tarea que impulsó la vocal de la Corte Suprema, Claudia Sbdar, ha puesto el foco en la puesta en marcha del centro dependiente de la Justicia y en la capacitación de su personal. Pero hay que preguntarse si acaso se considera que el Poder Ejecutivo es un mero colaborador en esta actividad. ¿Cómo se capacitará a los policías, que son los que reciben los primeros reclamos? ¿Cómo se superará la burocracia que hace que las mujeres golpeadas deban ratificar varias veces las denuncias? Y aún más: el sistema de salud (dependiente del Ejecutivo) también parece un convidado de piedra, ya que no tiene personal capacitado para responder en emergencias de este tipo, tal como se vio en el caso de Pablo Amín cuando acudió, trastornado, a un hospital, donde le dieron el alta, poco antes de asesinar a su mujer.
La vocal de la Corte Suprema nacional, Elena Highton de Nolasco, dijo que en todo el país no sólo no hay datos, sino que no son comparables (es conocido que las seccionales de Policía no tienen sistemas ni protocolos estadísticos serios). ¿Cómo se complementará la tarea entre los fiscales y la Policía? La misma Sbdar dijo que la Justicia por sí sola no puede con este flagelo; que hará falta un compromiso del juez penal o de Familia o de Menores y un gran control de la sociedad civil. Y haría falta algo más: un involucramiento del principal responsable, es decir el Ejecutivo. Es en la Policía y en el ámbito de la salud donde debería ponerse en marcha una política intensa y preventiva. A la Justicia llegan los hechos consumados. Es, si se quiere, el último refugio, que funciona cuando fallaron los otros.