A Kirchner lo obsesiona el control de la calle y usa a Moyano

BUENOS AIRES.- Néstor Kirchner no escarmienta y sigue escupiendo para arriba y esta es la debilidad de su presunta fortaleza: invariablemente queda al borde la extorsión. Su afán por reconstituirse políticamente lo está llevando a pergeñar alianzas que a la larga podrían volvérseles en contra. Ya le ha sucedido quedar como rehén de  organizaciones piqueteras, con las que intentó coparle la calle al sindicalismo tradicional para evitar que lo acosaran, grupos que fueron consentidos desde el inicio de su gobierno con la excusa de la no criminalización de la protesta. Ahora, cuando se cruza de vereda, el ex presidente deja a los más contestatarios a la intemperie, aún a riesgo de estar comprándose otro problema mayor con sus nuevos socios.
La obsesión de Kirchner por controlar la capacidad de movilización de las organizaciones que se mueven en la calle se emparenta de modo directo con la idea fija que tienen él y su esposa por editar la realidad a su antojo y por enojarse con la prensa que no se les inclina y que refleja lo que ocurre con otra visión, sobre todo en temas urticantes que ellos prefieren disimular antes que discutir, como la pobreza, la inflación, la inseguridad o el papel que se le asigna al Estado.
En la semana, los comentarios del periodismo y de notorios referentes como Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli o Diego Maradona que aludieron con preocupación crítica a la situación de falta de seguridad que vive la población, sobre todo después del ataque al ex futbolista Fernando Cáceres, molestaron mucho en la Casa Rosada, como también las referencias a los pobres que se hace la prensa, algo que para la visión de lo que la Presidenta entiende que debería hacer el periodismo sería mejor no difundir "llorando y sufriendo" para "denostar" al Estado, sino mostrando como "crecen y se organizan solidariamente".
Estos últimos días, las calles de Buenos Aires fueron testigos del taponamiento que llevaron a cabo algunas de esas "organizaciones sociales" que siempre alentó el Gobierno y también de un corte de servicio más que salvaje en el servicio de subterráneos, por parte de un núcleo de ex delegados a los que nunca desalentó. Más allá de que estos episodios se hayan dado en la Capital Federal, donde siempre al Gobierno le resultan un bocado de cardenal para limar un poco más a Mauricio Macri, lo que llama la atención es que las vueltas de la historia marcan cómo se repite la puja entre la democracia y la burocracia sindical y cómo esta vez Kirchner, a la inversa de hace 30 años según su versión, se ha pasado a la otra vereda. Por el lado de los más de una docena de grupos catalogados como "sociales", que cortaron durante casi un día y medio la avenida 9 de Julio, la pretensión era el manejo de planes de trabajo que, por ahora, son derivados solamente a piqueteros aliados o a intendentes de cuño kirchnerista. Sin dar nombres, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, atribuyó el corte a cierta "intencionalidad política" de dirigentes "en retirada", aunque ninguno en los que se pueda pensar tienen un ascendiente cierto en este tipo de organizaciones de izquierda. Precisamente, fue un hombre de esta extracción, el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel quien desactivó transitoriamente la protesta.
Sin embargo, el problema no parece estar terminado ya que el titular de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Juan Carlos Alderete, acaba de anunciar que si el Gobierno "no da respuestas a los reclamos hasta el miércoles" su sector va a "tomar los veintidos pisos" del Ministerio de Desarrollo Social y las delegaciones de la Anses en el interior del país. Una nueva extorsión que el ministro del Interior, Florencio Randazzo salió a cruzar con el latiguillo de que "hay sectores que quieren desestabilizar al Gobierno y crear un clima de violencia", mientras que el gobernador, Daniel Scioli le acaba de pedir a todos (los medios incluidos) "pacificar y tranquilizar los ánimos".
El caso de los subterráneos es emblemático porque después del paro del jueves, salieron como basilisco los ministros Aníbal Fernández y Carlos Tomada a decir cosas que nunca antes se les había escuchado. El ministro de Trabajo habló de "paro salvaje" y el jefe de Gabinete lo calificó como un "acto de irracionalidad".
El cambio de postura fue notorio, ya que después de darle largas a los sindicalistas que quieren formar su propio gremio, el Gobierno abandonó la ambigua pasividad que venía ejerciendo para manifestarse en contra de la acción sindical, en simultáneo con la aparición de una encuesta de la consultora Poliarquía que señaló que 80% de los usuarios de las cinco líneas de subte estaba "en desacuerdo" con los métodos utilizados por los empleados en conflicto, mientras que dejaba en claro que 62% sabía que el paro estaba motorizado por un grupo de trabajadores que buscaban armar su propia organización sindical y no por otros motivos. Con la excusa del repudio a un ataque que sufrió la familia de uno de los delegados del subte, el martes está convocado un nuevo paro de 24 horas "como mínimo".    
En medio de un ambiente que se enrarece, lo que se observa es que el ex presidente le está dando cada vez más poder al jefe de la CGT, Hugo Moyano, en quien ahora parece que confía más que en ningún otro para eventualmente disciplinar la calle o para condicionar a la prensa desde un artilugio gremial, tal lo que implica el encuadramiento de los choferes de las distribuidoras de diarios y revistas. No parece casualidad que los camioneros hayan salido a activar por estos días la búsqueda de afiliaciones del personal que trabaja en las cooperativas de distribución, con la zanahoria más que atendible de un salto sustancioso en los sueldos del personal de casi cuatro veces. Para lograr que los dueños de los recorridos cambiaran de opinión en cuanto adónde debían reportar, no tuvieron mejor idea el jueves que encerrar a algunos de ellos en el sindicato durante horas para ablandarlos e impedir la circulación de los diarios y las revistas, situación que se repitió en escalada, aunque bien focalizados en tres medios: Clarín, La Nación y Noticias.
Pese a las razones que se esgrimen y dado los antecedentes de Moyano y su acercamiento tan carnal al kirchnerismo, para muchos está más que claro que la acción de caparazón gremial tiene que ver con la ofensiva que desde el Gobierno se viene ejerciendo contra la prensa, a la cual el titular cegetista se prestó más de una vez. La aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue un hito del resurgimiento de Néstor Kirchner, pero también una prueba de la voluntad del Gobierno de avanzar hacia un férreo esquema de control gubernamental de la radio y la televisión, como prolegómeno de un avance aún mayor hacia la prensa escrita.
Justamente, durante este mismo fin de semana está deliberando en Buenos Aires la 65 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), cuyos miembros dicen estar sumamente preocupados por las tensiones que crecen en la región. En las reuniones, se analizarán todas las disposiciones a nivel continental que implican medidas de censura sobre la labor periodística y la injerencia de los gobiernos en los contenidos editoriales, aunque se le prestará especial atención al caso argentino. En buena parte de América latina se vienen observando situaciones similares que desembocan en lo que la SIP llama "leyes de presión", lo que para sus directivos es un modus operandi a la hora de "emparentar" las tácticas que se llevan a cabo en la Argentina con las de Venezuela, por ejemplo, países donde se condenan públicamente las informaciones que no le gustan al poder y se apunta a que cambie de manos la propiedad de los medios. La Ley sancionada en la Argentina le otorga un año a aquellos que no queden encuadrados en la misma, a contar desde que se constituyan los entes de control, para deshacerse de las radios, canales de TV o de cable que les sobren, de acuerdo a la nueva legislación.
De un modo algo más conspirativo, hay quienes creen ver en la acción del gremio de camioneros contra las distribuidoras una especie de provocación para deslucir la Cumbre de la SIP, aunque entre quienes siguen de cerca la actividad gremial y los pasos del secretario general se dice que "el negro" sería incapaz de hilar tan fino y que él "va por la grande".
Al respecto, en la semana, el Gobierno pagó el peaje por la nueva situación de entente kirchnerista-sindical y nombró al frente de la administración de los Programas Especiales de Salud (APE) a Daniel Colombo Russell, apoderado del gremio de los camioneros, quien será responsable de manejar un presupuesto de $ 935 millones al año. Desde ese lugar, al mejor estilo Kirchner, Moyano podrá disciplinar con su propia chequera, los focos de resistencia gremial que hoy tiene en la CGT. Una mano lava la otra.