Todo para unos, nada para todos

"Cuando todo el mundo está equivocado, decía Bartolomé Mitre, todo el mundo tiene razón". Dichos del jefe de Gabinete Aníbal Fernández, ayer, a la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú.

El alperovichismo empezó a manifestar síntomas paranoicos: en todas partes presiente conspiraciones en su contra o intuye movimientos destinados a minar su continuidad en el poder.
El fallo de la Corte Suprema provincial, que repone en su cargo a la camarista Alicia Freidenberg (destituida por la Legislatura mediante un juicio político), crispó los nervios del oficialismo parlamentario. Los legisladores se hicieron eco de una vieja cantinela que se escucha en el primer piso de la Casa de Gobierno, cuanto menos desde que la Justicia abortó varios adefesios de la reforma constitucional de 2006.
En el palacio se escucha, desde hace tiempo, que se avecina el gobierno de los jueces. Que los magistrados se han convertido en una suerte de supra poder, dispuesto a revisar absolutamente todo cuando se sancione y se promulgue. Que ahora, los miembros de los tribunales tienen en sus manos la posibilidad de determinar si José Alperovich puede volver a ser candidato a gobernador, a propósito de las causas promovidas contra la recontra-reelección. Que fue un error que el Ejecutivo se despojara de los mecanismos para la selección de jueces. Y que acaban de despojar a la Cámara de su potestad para removerlos.
Para el poder político tucumano, el problema no radica en que, después de comer un asado en "lo de José", los convencionales constituyentes hayan establecido que la Carta Magna podía ser alterada por simples enmiendas legislativas. Ni en que el Consejo Asesor de la Magistratura podía ser creado por decreto y atestado de políticos. Ni en que el sentido común no entiende por qué, a fin de que Alperovich tenga un tercer período consecutivo, el primer mandato no es tal, y el segundo es el primero. Ni en que un juez no puede ser separado de su cargo sólo porque parezca "oportuno". A esto último debieran saberlo los funcionarios y los legisladores: buena parte de ellos, históricamente, se ha mostrado incapaz de despojarse de privilegios procesales y de fueros para someterse a la Justicia.

Fobia al número 2
Algunos oficialistas creen que detrás de los constantes rumores de la prensa nacional referidos a que el kirchnerismo podría llegar a ofrecerle al mandatario provincial que sea compañero de fórmula de Néstor Kirchner en 2011 hay, también, maniobras para dejar al jefe de Estado tucumano como blanco de críticas de distintos sectores. Siempre prefieren interpretar que se trata de una exposición prematura antes que asumir que ser kirchnerista es ponerse un salvavidas de plomo.
En este contexto persecutorio, toda figura que rompe con lo habitual también es considerada hostil. Así consideraron la visita del vicepresidente Julio Cobos, que fue plenamente explotada por el senador electo José Cano: comprometió al presidente del Senado con el proyecto rectoral de sus socios de la UNT y, a la vez, lo conectó con los autoconvocados. El oficialismo, en cambio, sólo le mostró los dientes. Alperovich hasta salió a negar que haya algo que reclamarle a la Nación en materia de coparticipación federal de impuestos. Léase, que nadie venga a decir que Tucumán merece más recursos. Ayer, el gobernador fue con respecto a los Kirchner lo que el intendente de la capital es con respecto a él.

Ojos bien cerrados
La amayisación de Alperovich, por cierto, lleva gestándose desde hace varias semanas. Así como el jefe municipal se esfuma del ejido urbano cada vez que hay que promulgar una ordenanza polémica, el titular del Ejecutivo provincial siempre encuentra algo para hacer fuera de la capital cuando llegan los miércoles. O sea, cuando los autoconvocados de la salud llegan a la plaza.
Precisamente, el largo conflicto con los hombres y las mujeres de la sanidad también está lleno de fantasmas para el Gobierno. Por ejemplo, hay encumbrados alperovichistas que desconfían de la mediación de la Iglesia en la crisis. No se animan a decir que el arzobispado esté jugando en contra de la Casa de Gobierno, pero sí barruntan que el hecho de tener que mantener audiencias semanales le ha conferido al reclamo de los autoconvocados un halo de organicidad del que carecían (no tienen un gremio que los respalde, lo cual es tan lógico como alarmante). Y hasta berrean acerca de que la prolongación de la lucha, en alguna medida, se debe a que, semana a semana, hay un espacio de diálogo formal en el cual debe confluirse.
Ya se ha dicho, los gobernantes parecieran sufrir ceguera frente a la rebelión de las casacas blancas: el gobernador y su círculo de abanicadores es incapaz de reconocer la impericia y la incapacidad con que se abordó un conflicto que les sale cada vez más caro: cuando finalmente deban acceder al reclamo de los autoconvocados, deberán pagar lo que se rehusan a abonar ahora y, a la vez, nada resarcirá el costo político de la testarudez.
La mismísima Iglesia manifiesta, ahora, lo que ya había sido advertido desde este diario: el reclamo de los agentes de la salud pública ha crecido hasta convertirse en un movimiento social. La última marcha de las antorchas fue una muestra renovada y multitudinaria de que los tucumanos, por miles y miles, por cuadras y cuadras, le exigen al Estado que solucione cuanto antes las demandas de quienes diariamente se dedican a salvar la vida de los habitantes de esta provincia.

Verdades y lealtades
El masivo apoyo social a la causa de los hombres y las mujeres de la salud pública es, a la vez, un consuetudinario repudio al único -y cuasi sordo- argumento oficial esgrimido: la Provincia no tiene plata.
En rigor, para muchos, el único rapto de sinceridad oficial estuvo en boca de la presidenta del PJ, Beatriz Rojkés de Alperovich, el 17 de octubre pasado: para el oficialismo, los médicos y los paramédicos no son leales porque protestan a pesar de que llegaron a sus puestos de trabajo durante esta gestión, por lo que sólo habría que trabajar con afiliados del PJ. Si no fuera por la fecha, la equiparación entre fidelidad y sumisión habría inaugurado el Día del Sometimiento del Estatal.
Ahora bien, el descreimiento popular en la palabra oficial no responde a motivos personales sino a contradicciones reales. Por cierto, los absurdos siguen apareciendo: son inagotables.
El Presupuesto 2010, ya se ha dicho, crecerá $ 800 millones para ubicarse en $ 7.100 millones. O sea, un 12,7% respecto de los $ 6.300 que se prevén ejecutar en el ejercicio 2009. El Poder Legislativo, sin embargo, alcanzará (como adelantó el columnista Marcelo Aguaysol y como confirman influyentes fuentes oficiales) los $ 155 millones. Un 55% respecto de los tan mentados $ 100 millones que se fijaron como tope el año pasado.
Según confían algunos funcionarios bien posicionados, inicialmente, desde el Poder Legislativo llegó a mencionarse una suma cercana a los $ 170 millones para 2010, pero la Casa de Gobierno opuso una respuesta contundente: esa cifra, políticamente, no le sirve a la Cámara.
Palabras más, palabras menos, en el Ejecutivo les recordaron a los parlamentarios que a Fernando Juri se cansaron de cuestionarlo porque tenía un presupuesto de $ 200 millones. El se defendía diciendo que, con esos fondos, se daba contención social a la friolera de 8.000 empleados.
Así que dejaron el monto en $ 155 millones, cifra que hace dos años estuvo en boca del gobernador, pero en otro contexto: eso costaría construir el dique Potrero de las Tablas.

Una cara promesa
Ese sueño de una noche de verano ha inflacionado aún más que la Legislatura tucumana. Según da cuenta la aguerrida senadora Delia Pinchetti, en los años mozos del alperovichismo, esa obra de ingeniería hidráulica costaba $ 60 millones. Eso manifestaron los diputados oficialistas en octubre de 2004 y, luego, en setiembre de 2005, cuando se lanzó el Programa de Desarrollo e Integración de las Provincias del Norte Grande. Un mes después, el gobernador anunció que la construcción iba a ser incluida en un crédito del BID: su costo fue calculado entonces en 130 millones. En febrero de 2006, el mandatario dijo que la Nación avalaba la obra, la cual había pasado a costar para entonces alrededor de $ 170 millones. En abril del mismo año, el titular del Ejecutivo dijo que el inicio de los trabajos era inminente, pero en julio siguiente avisó que, en realidad, las tareas comenzarían en otro abril: el de 2007: habría licitación y sería por $ 150 millones.
La última certeza arriesgada sobre el dique en cuestión corresponde a junio de 2007, cuando Alperovich anunció la firma de un convenio con el BID para que los trabajos comenzasen en 2008: la inversión sería de $ 155 millones. O sea, 95 millones más que en un principio: casi un 160% más caro. Y eso que sólo es una promesa...

Con esta sí, con estos no
En limpio, el Gobierno aduce que un aumento de 100 puntos en el básico de los autoconvocados le implica una suba mensual de $ 8 millones. Luego, advierte que no tiene $ 48 millones para beneficiar a 4.000 trabajadores, lo cual, además, califica como inconcebible. Pero sí dispone de los recursos para incrementar en $ 55 millones el presupuesto anual de la Legislatura, una estructura que, técnicamente, sólo debe atender a 49 parlamentarios.
Es más, no hay dique Potrero de las Tablas pero sí hay $ 155 millones para el Poder Legislativo donde, dicho sea de paso, ya no hay 8.000 empleados "contenidos" socialmente.
Por aparte de estos montos, el Gobierno del "no me alcanza" destinará otros $ 93,8 millones para construir el nuevo edificio de la Legislatura. Una flamante sede para cuatro docenas de representantes populares.
Es decir, cada vez más sectores sociales se pliegan a las marchas de la salud pública porque los médicos y los paramédicos no piden enriquecerse: sólo quieren llegar a fin de mes. Piden mejores sueldos porque hay quienes tienen dos décadas de servicio y ganan apenas algo más de $ 2.000 por mes. A eso se suma que el 60% de sus items salariales son adicionales no remunerativos ni contributivos. O sea, están en negro: no aportan para su jubilación. De ahí que demanden el beneficio previsional del 82% móvil. Y exigen que, hasta que llegue el retiro, les den un adicional por insalubridad: les quedan muchos brotes de dengue y de gripe A por delante. Pero para ellos, no hay.
Otra es la respuesta para los miembros de un poder dentro del cual, según denunciaron ya desde el propio oficialismo, existen parlamentarios que dispondrían de $ 50.000 por mes para "gastos sociales". Y entre ellos, según dijeron los mismísimos alperovichistas, hay quienes se llevarían el doble. Ellos necesitan un nuevo edificio, que tenga una cochera subterránea de dos niveles, un recinto de sesiones con una notebook por banca, y dos baños por cada despacho. Para ellos, sí hay. Porque no pueden seguir trabajando en las actuales condiciones. En verdad, más que un nuevo inmueble, la catedral parlamentaria es, antes bien, un adicional por trabajo insalubre.
Porque, además, la Cámara es un poder lleno de leales: de representantes que consiguieron su banca con esta gestión y con los cuales sí se debe trabajar. Distintos que los miles y miles que están en las calles protestando. Diferentes de esos ingratos. De esos tan equivocados...