Ecos de un carnaval

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¿En qué mejoró la cárcel de Villa Urquiza entre enero de 2006 -cuando la Legislatura destituyó a la jueza Alicia Freidenberg, responsabilizándola por la fuga de un preso- y este final de 2009, cuando la jueza acaba de ser repuesta por la Corte Suprema? En nada. En realidad, está peor. La penitenciaría es una caldera de problemas vinculados no sólo con las adicciones -a diario se encuentran drogas que forman parte del trasiego de los presos- sino con el hacinamiento y la crisis edilicia que desnudan los conflictos de la misma política de seguridad.
La misma situación que los legisladores de 2006 invocaron como fundamental para el juicio político a Freidenberg -la fuga del reo "Pelusa" Tolosa- se ha agravado. Ese año se estimaba que había 100 reos prófugos y hoy son unos 110 los que se han escapado: a mediados de este año se calculaba que se evadían siete condenados por mes. Se dirá que las cifras no variaron sustancialmente para una sociedad con mentalidad inflacionaria como la nuestra. Pero en realidad lo que están revelando es que el problema no ha disminuido y que, al menos en lo que hace a la mirada severa que se quiso aplicar al sistema de control de presidiarios, nada se hizo. Apenas si hubo un conato de prohibición de permisos a reclusos a mediados de 2006 y luego todo volvió a funcionar como antes.
¿Para qué destituyeron a la jueza, entonces? Las lecturas políticas ya en 2006 mencionaron que el proceso era una especie de carnaval -una carnicería para celuloide, lo calificó el ex legislador Alejandro Sangenis- y la misma Alicia Freidenberg juzgó que ella era un chivo expiatorio para desprestigiar a la Justicia. Lo que sí está claro es que el asunto no derivó en un cambio del sistema de controles.
Tampoco generó movimientos para avanzar en el llenado de los cargos de jueces de ejecución de sentencia (reclamados desde la reforma al Código Procesal Penal, hace casi 20 años). Hoy los jueces de las cámaras penales se siguen haciendo cargo de controlar la ejecución de las sentencias, pero con más problemas que antes. Por un lado, hay menos camaristas a causa de la brutal estimulación que hizo el Gobierno para que se jubilen; por lo tanto, los que quedan tienen que ocuparse de las causas y los condenados de los que se jubilaron. Por otra parte, con el escándalo de las drogas en la cárcel -descubierto por los camaristas- ahora los mismos jueces tienen trabas encubiertas de los escaldados funcionarios penitenciarios para saber qué pasa con los reos.
A esta situación contribuye mucho la política de seguridad centrada en las detenciones, que es lo que genera hacinamiento en las comisarías y en la cárcel. Este aumento de las detenciones indica, por un lado, que la Policía se mueve (imagen positiva que el Gobierno quiere dar) y, por otro, que hay más delitos (imagen negativa que no agrada al Gobierno). Lo cierto es que esta situación inquietante -que, así como el trasiego de droga, debe tener aristas que no se conocen- es una muestra de la crisis del sistema carcelario, reconocida por el mismo director del penal, Roberto Guyot, cuando dijo que hace falta tecnología y perros para poder controlar el ingreso de drogas.
A fin de cuentas, ya en el juicio a Freidenberg los jueces en general dijeron que el problema de control de los presos era del sistema penitenciario -por lo tanto, dependía del Ministerio de Seguridad Ciudadana- y nada se hizo al respecto. Es más, hoy es la misma Corte Suprema de Justicia la que está trabajando en una acordada para sugerirle al poder político cómo hacer su tarea, ya que parece no saberlo. Y tampoco la Legislatura, en su momento, se preocupó por saberlo. Por eso, a tres años de ese carnaval, de esa carnicería para celuloide, las cosas están como están.