05 Septiembre 2009 Seguir en 
Los economistas advierten que, sin Ley de Responsabilidad Fiscal, las provincias ingresarán en una espiral de endeudamiento. Los ministros de Economía provinciales se defienden: dicen que no son irresponsables y que la suspensión de la norma, como lo propondrá el Gobierno nacional por dos años, es sólo una situación excepcional. El Poder Ejecutivo avanza con su proyecto de suspender, por dos años, la vigencia de algunos artículos de la Ley 25.917, que limita el gasto y el endeudamiento público. En otras palabras, permitirá a las provincias endeudarse y destinar parte del presupuesto afectado a obras para cubrir los gastos corrientes, en particular, los salarios estatales. De esa manera, se intentará desahogar las finanzas de los distritos más comprometidos, por caso Buenos Aires, Córdoba, Jujuy y Chaco.
Según el ex presidente del Banco Central y diputado electo por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, más que una solución, la suspensión del pacto fiscal es una necesidad para las provincias que, según sus cálculos, terminarán el año con un déficit primario de $ 10.000 millones. Prat Gay, que abrió ayer las XXV Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, remarcó que el proyecto oficial de suspender la ley fiscal supone que hay más irresponsabilidad en los gobiernos provinciales que voracidad política en la Nación. "Vemos que es al revés, porque hay que armar un esquema para que las provincias que hagan bien las cosas tengan acceso a un financiamiento estable y sostenible", puntualizó en una charla con LA GACETA.
Desde las provincias, los ministros de Economía creen que la suspensión de la norma fiscal es el primer paso, que deberá ser complementado con otros, como por ejemplo, la refinanciación global de deudas a más largo plazo. El tucumano Jorge Jiménez señaló que la iniciativa oficial permitirá a algunos distritos corregir situaciones fiscales hasta tanto se reacomode la economía mundial. "Una conducta prudente es mantener el equilibrio financiero porque la suspensión de los límites es un hecho y otro distinto es conseguir el financiamiento para gastar", planteó. En este sentido, Jiménez dijo que no hay grandes secretos sobre la conducta que debe tener el Gobierno. "Hay que mantener el flujo (la recaudación) y seguir gastando menos de lo que ingresa", indicó.
Su par de Jujuy, Miguel Lembo, explicó que sólo la modificación de la ley no significa nada. "Creo que es necesario que el Gobierno nacional reprograme las deudas con la emisión de algún bono de largo plazo, como complemento", sugirió. Lembo defendió la conducta fiscal de las provincias. "Creo que la situación no puede ser comparada con la de otras décadas porque ahora está cayendo la recaudación", remarcó.
La discusión que se viene
Suspender la vigencia de algunos artículos de la ley fiscal no es una señal claramente positiva, advirtió, por su parte, el economista cordobés, Nadín Argañaraz. Hasta ahora, según el experto, el incentivo era que aquellas provincias que cumplían las metas podían acceder al Plan de Asistencia Financiera, un crédito federal para abonar deudas. "De hecho, en algunos casos, el proyecto oficial viene a legalizar la reasignación de partidas que hacen algunos gobernadores para poder cumplir la ley", dijo. Y proyectó la discusión que se viene. "Las provincias querrán que la Nación les reprograme las deudas con dos a cuatro años de gracia para tener oxígeno financiero y económico. El Presupuesto 2010 de las provincias deberá ser entonces muy ajustado y consensuado socialmente para no tener más zozobras financieras. También crecerán los planteos para coparticipar, en un mayor porcentaje, lo recaudado por la Ley del Cheque".
Frente a ese panorama, Argañaraz alertó que en ese juego de intereses entre Nación y provincias "deberá primera la racionalidad para no poder en riesgo la solvencia fiscal del país".
Según el ex presidente del Banco Central y diputado electo por la Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, más que una solución, la suspensión del pacto fiscal es una necesidad para las provincias que, según sus cálculos, terminarán el año con un déficit primario de $ 10.000 millones. Prat Gay, que abrió ayer las XXV Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNT, remarcó que el proyecto oficial de suspender la ley fiscal supone que hay más irresponsabilidad en los gobiernos provinciales que voracidad política en la Nación. "Vemos que es al revés, porque hay que armar un esquema para que las provincias que hagan bien las cosas tengan acceso a un financiamiento estable y sostenible", puntualizó en una charla con LA GACETA.
Desde las provincias, los ministros de Economía creen que la suspensión de la norma fiscal es el primer paso, que deberá ser complementado con otros, como por ejemplo, la refinanciación global de deudas a más largo plazo. El tucumano Jorge Jiménez señaló que la iniciativa oficial permitirá a algunos distritos corregir situaciones fiscales hasta tanto se reacomode la economía mundial. "Una conducta prudente es mantener el equilibrio financiero porque la suspensión de los límites es un hecho y otro distinto es conseguir el financiamiento para gastar", planteó. En este sentido, Jiménez dijo que no hay grandes secretos sobre la conducta que debe tener el Gobierno. "Hay que mantener el flujo (la recaudación) y seguir gastando menos de lo que ingresa", indicó.
Su par de Jujuy, Miguel Lembo, explicó que sólo la modificación de la ley no significa nada. "Creo que es necesario que el Gobierno nacional reprograme las deudas con la emisión de algún bono de largo plazo, como complemento", sugirió. Lembo defendió la conducta fiscal de las provincias. "Creo que la situación no puede ser comparada con la de otras décadas porque ahora está cayendo la recaudación", remarcó.
La discusión que se viene
Suspender la vigencia de algunos artículos de la ley fiscal no es una señal claramente positiva, advirtió, por su parte, el economista cordobés, Nadín Argañaraz. Hasta ahora, según el experto, el incentivo era que aquellas provincias que cumplían las metas podían acceder al Plan de Asistencia Financiera, un crédito federal para abonar deudas. "De hecho, en algunos casos, el proyecto oficial viene a legalizar la reasignación de partidas que hacen algunos gobernadores para poder cumplir la ley", dijo. Y proyectó la discusión que se viene. "Las provincias querrán que la Nación les reprograme las deudas con dos a cuatro años de gracia para tener oxígeno financiero y económico. El Presupuesto 2010 de las provincias deberá ser entonces muy ajustado y consensuado socialmente para no tener más zozobras financieras. También crecerán los planteos para coparticipar, en un mayor porcentaje, lo recaudado por la Ley del Cheque".
Frente a ese panorama, Argañaraz alertó que en ese juego de intereses entre Nación y provincias "deberá primera la racionalidad para no poder en riesgo la solvencia fiscal del país".
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