La Nación avala los cambios a la ley fiscal

El Gobierno nacional tomará las riendas para avanzar con una suerte de amnistía temporal (por uno o dos años) para aquellas provincias que no logren limitar el gasto público y el endeudamiento durante este año. Más de una decena de distritos arrastra serios problemas financieros para cumplir las metas dispuestas por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal.  
Frente a ese panorama y ante los insistentes reclamos de los gobernadores, la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, enviará en los próximos días al Congreso el proyecto para flexibilizar la ley de Responsabilidad Fiscal que permitirá a las provincias descomprimir los problemas de financiamiento que llevó a muchas a tener problemas en el pago de sueldos. Así lo confirmaron ayer a la agencia DyN fuentes de la Casa Rosada que precisaron que la idea del Poder Ejecutivo es que la modificación de la norma vigente, que prohíbe a los gobiernos provinciales endeudarse e incrementar sus gastos, "sea sancionada en la primer sesión de la semana que viene".
Las fuentes informaron que "la idea es que los gobiernos provinciales puedan llegar con financiamiento tranquilos hasta fin de año". Los voceros oficiales confiaron en que tras las reuniones mantenidas con distintos mandatarios, "la reforma salga por consenso de todo el oficialismo e incluso, de la oposición".
Según detallaron, la reforma "flexibilizará el uso de los recursos de capital para que los gobiernos provinciales puedan usarlos en gastos corrientes" y morigerará, además, "los dos aspectos más rígidos que impiden endeudarse".
Por otro lado, los gobernadores también "podrán trasladar partidas para el pago de sueldos", señalaron en la Casa Rosada.
De esta manera, el gobierno planea responder a diversos reclamos de los mandatarios provinciales, sobre todo justicialistas, entre ellos los de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Jujuy que, según admitieron en Balcarce 50, "son las que más problemas presentan para cumplir con el pago de salarios".
La elaboración y alcance de la norma requirió la convocatoria de los representantes de las provincias firmantes del Régimen de Responsabilidad Fiscal a reuniones preliminares en la Capital Federal. Por Tucumán, según trascendió en Casa de Gobierno, de esas reuniones participa el secretario de Hacienda, Rolando Steimberg.
Si bien el gobernador José Alperovich no es partidario de la derogación de la ley que mantuvo en línea las finanzas provinciales, no estaría en desacuerdo con las modificaciones que se quieren incorporar para la suspensión de algunos artículos que limitan el destino del gasto.

Menos ingresos
En las provincias crece el nivel de preocupación por el rumbo de las finanzas públicas. Durante agosto, los ingresos de la AFIP crecieron sólo un 4,2%, siendo el aumento más bajo desde mayo de 2005. La mala performance de la recaudación  nacional tiene como contrapartida lógica la fuerte desaceleración en las transferencias por coparticipación. Más específicamente, el crecimiento nominal negativo del Impuesto a las Ganancias durante los últimos tres meses ha profundizado este sesgo bajista en las transferencias, indica un informe de la consultora Economía & Regiones. Durante el mes pasado, el crecimiento interanual de las coparticipación fue del 4,1%. En valores absolutos, las transferencias automáticas ascendieron a $ 6.245 millones ($ 165 millones más que en agosto de 2008).
Respecto del acumulado en los primeros ocho meses del año, la consultora privada advierte que si bien ingresaron $ 3.160 millones adicionales respecto del mismo período de 2008 (7,1%), la Ley de Presupuesto Nacional preveía que los recursos incrementales fueran de $ 7.393 millones. Es decir que las provincias dejaron de percibir unos $ 4.233 millones, por la baja de la recaudación de la AFIP.
En el caso de  Tucumán, la sangría es de $ 30 millones mensuales menos de transferencias coparticipables, según dichos de Alperovich.

Las disposiciones que serán suspendidas
La iniciativa del Gobierno Nacional implica suspender la vigencia de los artículos 10, 12, 15 y 21 de la Ley 25.917, que permitirá que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires puedan elevar el gasto y tomar deuda por encima del 15% de sus ingresos corrientes para mantener el empleo y para situaciones de emergencia social y sanitaria.

El efecto de los aumentos salariales
Los gobernadores quieren más plata para cubrir gastos corrientes y usar partidas de obras con el fin de no incurrir en atrasos salariales. La reforma al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal permitirá redireccionamientos a gastos corrientes de fondos destinados a gastos de capital (obra pública y bienes).