12 Agosto 2009 Seguir en 
Domingo René Donato Soria, el propietario de la aseguradora trucha Prudenxia, se presentó ayer por la tarde en Tribunales y quedó detenido. El hombre está acusado de liderar una asociación ilícita que estafaba con la venta de seguros en la provincia.
La causa se inició en abril, luego de un accidente en el que se vieron involucrados los vehículos de Julio César Olleta y de Jorge Rubén Juárez, este último asegurado por Prudenxia. Cuando Olleta reclamó el pago, se lo negaron, por lo que él interpuso una denuncia en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Luego de esto, Soria le abonó $ 4.000 por la rotura de un faro, según el expediente. Pero para ese momento la Superintendencia ya había dado aviso a la Justicia de que Prudenxia no existía y el fiscal Arnoldo Suasnábar, junto con el secretario Augusto Paz Almonacid y la ayudante fiscal Mariana Rivadeneira, comenzó a investigar.
Personal de la comisaría de La Reducción, al mando de los oficiales Horacio Morales y Julio Bonkosky, concretó varios allanamientos y secuestró gran cantidad de documentación. "A Juárez le pagaron, por lo que no hubo damnificado, ni tampoco estafa. Entonces, no sé cuál es el delito que le imputan a Soria. Tampoco hubo una asociación ilícita", explicó el abogado Juan Roberto Robles, defensor del titular de Prudenxia.
En el marco de esta causa, continúan detenidos Pablo Bazzano, Karina y Paulina Andrade, María Valeria Soria (hija de Domingo), el esposo de esta, Gustavo Contreras, Jorge Toledo (también yerno de Soria) y Alejandro Toledo, un empleado. Suasnábar ya solicitó la prisión preventiva de la mayoría de ellos, aunque los defensores solicitaron que sean liberados.
Según el expediente, Prudenxia tenía cientos de clientes en distintas ciudades, como Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules y San Pablo. Además, siempre según el informe oficial, cobraba $ 45 mensuales por asegurar un automóvil, casi el 50% de lo que cobran otras firmas del rubro. Los investigadores sospechan que se trata de una red nacional, pues se denunciaron casos similares en Bariloche, Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy, entre otros puntos de la Argentina.
Según trascendió, Soria afirmó que no había estafado a nadie, ya que todas las pólizas se habían pagado. Durante el mismo acto de la indagatoria Robles planteó que su cliente fuera eximido de prisión. En la declaración también estuvo presente su otro abogado, Leandro Robles. Soria, además, se desvinculó de la empresa Prudenxia. "Yo no soy el dueño", afirmó. Mencionó como el propietario a un tal Fernando Arriola con quien mantenía contacto a través de internet, dijo, según fuentes judiciales.
Tras prestar testimonio, el hombre fue alojado en una comisaría.
La causa se inició en abril, luego de un accidente en el que se vieron involucrados los vehículos de Julio César Olleta y de Jorge Rubén Juárez, este último asegurado por Prudenxia. Cuando Olleta reclamó el pago, se lo negaron, por lo que él interpuso una denuncia en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Luego de esto, Soria le abonó $ 4.000 por la rotura de un faro, según el expediente. Pero para ese momento la Superintendencia ya había dado aviso a la Justicia de que Prudenxia no existía y el fiscal Arnoldo Suasnábar, junto con el secretario Augusto Paz Almonacid y la ayudante fiscal Mariana Rivadeneira, comenzó a investigar.
Personal de la comisaría de La Reducción, al mando de los oficiales Horacio Morales y Julio Bonkosky, concretó varios allanamientos y secuestró gran cantidad de documentación. "A Juárez le pagaron, por lo que no hubo damnificado, ni tampoco estafa. Entonces, no sé cuál es el delito que le imputan a Soria. Tampoco hubo una asociación ilícita", explicó el abogado Juan Roberto Robles, defensor del titular de Prudenxia.
En el marco de esta causa, continúan detenidos Pablo Bazzano, Karina y Paulina Andrade, María Valeria Soria (hija de Domingo), el esposo de esta, Gustavo Contreras, Jorge Toledo (también yerno de Soria) y Alejandro Toledo, un empleado. Suasnábar ya solicitó la prisión preventiva de la mayoría de ellos, aunque los defensores solicitaron que sean liberados.
Según el expediente, Prudenxia tenía cientos de clientes en distintas ciudades, como Yerba Buena, Banda del Río Salí, Lules y San Pablo. Además, siempre según el informe oficial, cobraba $ 45 mensuales por asegurar un automóvil, casi el 50% de lo que cobran otras firmas del rubro. Los investigadores sospechan que se trata de una red nacional, pues se denunciaron casos similares en Bariloche, Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy, entre otros puntos de la Argentina.
Según trascendió, Soria afirmó que no había estafado a nadie, ya que todas las pólizas se habían pagado. Durante el mismo acto de la indagatoria Robles planteó que su cliente fuera eximido de prisión. En la declaración también estuvo presente su otro abogado, Leandro Robles. Soria, además, se desvinculó de la empresa Prudenxia. "Yo no soy el dueño", afirmó. Mencionó como el propietario a un tal Fernando Arriola con quien mantenía contacto a través de internet, dijo, según fuentes judiciales.
Tras prestar testimonio, el hombre fue alojado en una comisaría.







