Punto de inflexión en la realidad social

BUENOS AIRES.- De las definiciones de la palabra escándalo que brinda el Diccionario de la Real Academia Española, el sinónimo más ajustado a lo que quiso decir el Papa relacionado con la pobreza en la Argentina es desvergüenza. Este término lleva a referencias directas a algo impúdico e insolente, mientras a la impudicia resultante se la define como la falta de recato o de pudor o, con una sola palabra: deshonestidad. Cuánta dureza ante tan lacerante realidad.
Lo más patético del caso es que ningún elemento de este dramático llamamiento logra ser absorbido por los encargados de diseñar las políticas públicas, ya que durante la semana se han encolumnado temas que parecen estar divorciados del padecer de la gente, que ahondan más el problema porque son directas regresiones en la distribución del ingreso.
Entre ellas, el impuestazo en las tarifas de gas y de electricidad, el seguro encarecimiento de los productos tecnológicos que avaló la Cámara de Diputados y la hiriente posibilidad de que los pobres, con sus impuestos al consumo de alimentos, banquen también el fútbol y le saquen las papas del fuego, antes de la catástrofe, a Julio Grondona y a los dirigentes que han fundido los clubes. Entre los dichos del Papa y estos elementos también escandalosos hay que abrir el beneficio de la duda: ¿han sido efectivamente deshonestas las políticas que durante los últimos años han mantenido en situación de pobreza a cerca de 15 millones de argentinos o habrá que achacarles a quienes la pusieron en práctica las anteojeras de una extrema ideología o simplemente la impericia en la asignación de recursos? Por lo que fuere, sus efectos han sido criticados en masa de la izquierda a la derecha.
Desde su visión religiosa, para Jorge Bergoglio la situación es un problema de pecado y desde un plano contemporizador, la situación denunciada por el Papa no es achacable únicamente a las actuales autoridades: hace 20 años que venimos así, no es un problema de coyuntura política. Desde hace años que la Argentina no se hace cargo de la gente, sentenció el sacerdote. El analista Rosendo Fraga estimó el viernes que, tal como están dadas las cosas, en la Argentina no existen incentivos electorales para que los políticos saquen a la gente de la pobreza en que está, ya que las capas más humildes y dependientes de la ayuda del Estado siempre votan al oficialismo. Para que esto cambie se necesitan estadistas y no políticos, disparó.
Más allá de las opiniones, la cantidad de datos objetivos que arroja el Barómetro de la Deuda Social Argentina, que releva desde el año 2004 la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre desarrollo humano y social en los umbrales del Bicentenario, son bien demostrativos del deterioro que se nota en grandes capas de la sociedad, especialmente las más vulnerables.
En el capítulo destinado a relevar Vivienda, Salud y Subsistencia se observa que dos terceras partes de las personas de los niveles más bajos tienen un déficit moderado de salud, en tanto que en el estrato medio-alto ese porcentaje se reduce a la mitad. En materia de trabajo, también los sectores más desprotegidos de la sociedad son los que más sufren a la hora de insertarse laboralmente y, dentro de ellos, las mujeres y los jóvenes.
Otro elemento que marca cómo la brecha entre los pobres y el resto de la sociedad se sigue profundizando son las encuestas que se realizaron para saber psicológicamen- te cómo se observa el futuro y la capacidad de pelear la vida desde todas las clases sociales.
Otro tanto ocurre con las chances de integración social, ya que quienes menos tienen, menos se sienten capaces de desarrollar capacidades de relación y de formar parte de una comunidad más participativa. Por último, un anexo del Barómetro dedicado a la infancia marca desigualdades a granel, en cuanto a situaciones de la vida diaria familiar y escolar que condicionan hacia el futuro la salida del ambiente de pobreza, una forma de poner entre paréntesis la posibilidad de la movilidad social.

En el Congreso
Ante tantos temas que hacen al desvío de fondos que deberían dirigirse a atender esas prioridades, la cuestión del gas explotó en la semana en el Congreso, tras el impuestazo que se está verificando a medida que llegan las boletas a los hogares. Más allá de la estafa política que significa haberlas comenzado a enviar una vez que pasaron las elecciones, las subas se dan en mayor medida por el componente impositivo destinado a financiar el pago de gas importado y por los excesos de consumo, que por el precio del fluido en sí mismo.
La oposición en el Senado intentó forzar el debate y no logró el número especial de legisladores que se requiere cuando un proyecto no tiene dictamen, pero todos esperan tratarlo esta semana y anularlo, con las mayorías simples que piensan alcanzar en cuanto al quórum y a la votación. Este sería el primero de una serie de contrastes legislativos que el oficialismo está buscando frenar, con el argumento que son modos de impedir que el Ejecutivo gobierne.
Algo parecido ha pasado con las facturas de electricidad y seguramente para bajar el fastidio de la opinión pública, el Gobierno intentó el viernes echarles la culpa a errores de las distribuidoras, quienes presurosas salieron a aclarar que bien podían auditarlas, ya que han aplicado a rajatabla lo que les autorizó el Ente respectivo.
En ambos casos, la responsabilidad de lo que ha ocurrido es parte de la deficiente política energética que se ha llevado a cabo en los seis últimos años que, por negar demagógicamente cualquier aumento, no sólo inhibió la inversión exploratoria, sino que se mantuvieron las tarifas subsidiadas por el fisco, lo que llevó a que los más pobres, los que deben comprar garrafas, pagaran el gas de quienes calefaccionaban el agua de sus piscinas.
Pero a la hora de los dislates, nada hay como ejemplo para lo que puede sobrevenir que el caso del fútbol que se disparó durante la última semana, bajo la mentirosa premisa de la televisación gratuita de todos los partidos. Este mismo argumento ya era parte del eventual proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en tres artículos que se refieren a acontecimientos de interés relevante para ser transmitidos a través de la televisión abierta y siempre se pensó que los mismos estaban dedicado únicamente a los partidos de fútbol de la Selección nacional.
Pero ahora, en tiempos de vacas flacas, aparece esta situación destinada a salvarle el pellejo a Grondona en $ 500 o $ 600 millones al año, a costa de los contribuyentes.
La prueba de la flacura actual del fisco es que el propio Estado acaba de devolverle a Torneos y Competencias el manejo del fútbol del Nacional B, ya que le debe seis meses y le ha dicho que no puede mantenerlo. Además, está el costado de la inseguridad jurídica, ya que un avance del Estado sobre un contrato entre privados no le hará nada bien al cambio de ambiente que está tratando de generar el ministro de Economía, Amado Boudou. Probablemente, por todas estas debilidades fiscales y quizás por algunos pecados a confesar, Néstor Kirchner desautorizó al Indec y llevó a un 23% el número de pobres, mientras que el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, un polemista que no se achica ante nadie, en nombre del Gobierno bajó los decibeles, más allá de pegarle un palito a las interpretaciones periodísticas y de exagerar, en su propia interpretación, sobre que el Santo Padre opina siempre lo mismo en todos los países. En la Casa Rosada no se ignora que el año pasado Benedicto XVI exhortó a favorecer e incrementar iniciativas para reducir la pobreza, que en 2007 solicitó respuestas concretas y que un año antes le pidió a toda la sociedad elevar las condiciones sociales y culturales de los sectores marginados y que de escándalo no habló nunca antes. Las señoras del barrio llamarían a estas actitudes cola de paja, aunque por qué no pensar que las reacciones de NK y de AF conllevan un arrepentimiento que debería ser complementado con el necesario propósito de enmienda que evite hacerle pagar a los pobres, de ahora en más, los mayores costos de las decisiones equivocadas. (DyN)