Burocracia en la oficina de Tránsito

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha empezado a exigir que los registros de conductores sean expedidos exclusivamente por las jurisdicciones donde los mismos habitan. Como tal no era el caso de los carnets que posee una enorme cantidad de los automovilistas domiciliados en nuestra capital, los mismos comenzaron a tramitarlos nuevos, para regularizar su situación.
Esto ha incrementado notoriamente la población de interesados que se presentan en la oficina de Tránsito. Pero sucede que el trámite para obtener un registro es por demás azaroso y complicado en la ciudad capital. Así lo testimonia la ilustrativa nota que publicamos en la edición de ayer. La oficina abre a las 7,30 de la mañana y atiende por orden de llegada, hasta un máximo de 120 números en tres turnos. La larga espera consiguiente, ya determinó un ruidosa protesta de los afectados, quienes cortaron la circulación de vehículos frente a la sede de Tránsito. Según las autoridades del organismo, la acotada cantidad de números obedece al hecho de que tienen personal de licencia. Aseguran que cuando el mismo se reintegre, la semana que viene, los números diarios se elevarán a 250. Pero la queja no enfoca sólo la situación actual -donde es visible que la capacidad de la oficina se halla desbordada-, sino al hecho de que, además, la obtención del registro de manejo obliga a aguardar unos dos meses como promedio.
Nadie pude discutir que es acertada la disposición de que cada conductor tramite su registro en el lugar donde reside, en vez de acudir a buscarlo en otras jurisdicciones. Pero parece comprobado que la norma cuya aplicación se exige, no ha sido acompañada por las providencias adecuadas para hacerla operativa. Es excesivo pedir a una persona que espere dos meses hasta contar con un documento que le resulta imprescindible para las más diversas actividades de su existencia.
Urge neutralizar la malla burocrática. Esto aparece como imprescindible, además, por sentido común. Hablamos de que, para el otorgamiento de un registro, la gran exigencia debiera centrarse sobre todo en comprobar la capacidad para conducir que posea el solicitante. El resto no son más que añadidos. Ya se sabe que las exigencias en ese orden son muchas veces sobreabundantes y hasta contradictorias: se han ido sumando como por inercia, a lo largo del tiempo, sin que una estimación racional intervenga en su contenido y suprima las que no hacen al fondo del asunto.
La gente ha acudido tradicionalmente a otras jurisdicciones para obtener su carnet, sencillamente porque en ellas las exigencias burocráticas eran mucho menores, y todo el proceso se podía cumplimentar con velocidad. Parece ocioso recordar que las presiones de la vida actual no admiten las esperas prolongadas. Las exigencias de papelería debieran, entonces, reducirse a un mínimo razonable, y como decimos, poner el acento clave y riguroso en la idoneidad del candidato para estar al comando de un vehículo. Eso constituye realmente la justificación del registro habilitante. Así las cosas, es exigible que se practique, en toda la gestión, una poda razonable de la burocracia. Y que, de paso, se implemente un sistema que establezca una normativa exactamente uniforme en todas las jurisdicciones. No hay ninguna razón para que sea más fácil obtener un registro en Las Talitas, por ejemplo, que en San Miguel de Tucumán.
Cada día se incorporan nuevos conductores al cuantioso parque automotor de Tucumán. Esa realidad hace indispensable que su habilitación se produzca encuadrada en un sistema que, tras establecer con cuidado la aptitud del candidato, lo libere de la interminable espera que debe soportar actualmente. Proceder de esa manera sería inyectar seriedad en un asunto cuya mayúscula significación no puede discutirse, ya que afecta a muchos miles de personas.