Lo mejor de lo peor

Tras la sesión del jueves, la institucionalidad tucumana vive lo menos malo de lo peor.
El oficialismo presenta con bombos y platillos la creación del Consejo Asesor de la Magistratura y se solaza por haber aceptado incorporar en él -por expreso pedido de la Corte- un representante del estamento de los abogados. Indiscutiblemente, contar con un órgano que se encargue de seleccionar candidatos para integrar el Poder Judicial, de manera vinculante, y mediante concursos públicos de oposición y de antecedentes, es un progreso institucional para la provincia de la arbitrariedad. Pero el CAM está lleno de "peros". Su conformación podría haber sido más plural, por ejemplo, sumando como consejeros a representantes del estamento académico. Podría estar menos politizado: de sus seis miembros, tres son legisladores. Y podría haber sido desnaturalizado un poco menos en su tarea de limitar la discrecionalidad del gobernador para nombrar jueces: en vez de ternas de postulantes -como en todo el país-, se elevarán quintetos al mandatario provincial, que podrá designar magistrado al que salió quinto sin tener que dar explicaciones, ya que se le permite apartarse del orden de mérito sin tener que brindar razones fundadas.
El alperovichismo también anuncia como referencia de aperturismo y consenso su decisión de haber cedido a la oposición un espacio en el Jurado de Enjuiciamiento: renunció la legisladora Graciela Gutiérrez (irá a ocupar el lugar que le deja allí el vicegobernador en los hechos, Sergio Mansilla) para que asuma el radical José Cano. Tal determinación representa un gesto positivo: hasta el jueves, los que critican al Gobierno no tenían presencia alguna en el órgano encargado de destituir a los magistrados de los tribunales inferiores. Sin embargo, no menos cierto es que con ese cambio nada cambia en el monopolio de poder que ostenta el oficialismo en el jury: todavía lo conforman cuatro oficialistas (Antonio Raed, José Gutiérrez, Alejandra Cejas y Miriam Gallardo), más el ministro de Gobierno, Edmundo Jiménez (ese que, como secretario general del PJ, ya inauguró 400 unidades básicas en el interior). Y esos cinco miembros representan los dos tercios de ese ente compuesto por ocho consejeros, o sea, los votos necesarios para remover (o evitar la remoción) de cualquier juez, camarista, fiscal o defensor oficial.
Finalmente, los justicialistas destacan su voluntad de haber desistido de la intentona de introducir la causal de "inhabilidad moral" (tan peligrosamente genérica) para  la remoción de miembros del Poder Ejecutivo y del Judicial. Con independencia de que era dudosamente constitucional introducir ahora semejante figura después de que esta misma gestión eliminó la de "desorden de conducta" con la reforma de 2006, no menos cierto es que la marcha atrás evita impugnaciones y conflictos. Sin embargo, es justamente en la reglamentación de los procedimientos para deponer a las máximas autoridades de los poderes del Estado -sometidas a control legislativo- cuando se torna ineludible reparar en que Carta Magna alperovichista nos dejó, en materia institucional, lo mejor de lo peor.

La república desquiciada
Ahora, la república desequilibrada es operativa. Ya rige la desquiciada normativa por la cual el gobernador y el vicegobernador son más importantes que la Corte. Entonces, la comisión de Juicio Político sólo puede formular acusación contra el titular del Ejecutivo o del Legislativo con el voto de las 3/4 partes de sus miembros (nueve sobre 12 legisladores, 11 de los cuales son oficialistas), pero sólo requiere los 2/3 (ocho votos) para impulsar el proceso contra un juez supremo. Idénticas proporciones se trasladan al Tribunal Legislativo: se requerirán 28 legisladores jueces para echar a uno de los jefes de los poderes políticos, pero sólo 25 para deponer a un ministro del superior tribunal.
Esta fue sólo una de las normas con las que, hace tres años, se atentó contra el equilibrio de poderes que demanda el sistema republicano de Gobierno. La Justicia también fue diezmada en la Junta Electoral, donde pasó de tener dos de los tres miembros a quedarse con sólo uno. Para rematar, es el único poder que no dicta su propio presupuesto: debe presentar un proyecto al cual el Ejecutivo (organiza el Presupuesto General de la Provincia), desde hace un par de años, le resta varios millones. La Legislatura, en cambio, fija su pauta de gastos, que no puede ser vetada.
De modo que en Tucumán, el poder político ocupa la mitad del órgano para seleccionar jueces, mientras el oficialismo tiene copado el ente que destituye a los magistrados. La Junta Electoral es un apéndice del poder político. Los tribunales de las 34 vacantes dependen -en lo financiero- totalmente del Ejecutivo, y la igualdad objetiva de los poderes del Estado ha sido abolida a partir de que un vocal de la Corte "vale" menos votos destituyentes que el gobernador o que el vicegobernador. Con este escenario de fondo, ayer, el gobernador viajó contento a Buenos Aires a tomarse una foto con la Presidenta. Ella lo llamó esta semana para ofrecerle el viceministerio de Justicia de la Nación para Gerónimo Vargas Aignasse, idea que se frustró por razones propias del diputado y ajenas al gobernador.

Gratuita anormalidad
"Venga, mi horcón", le dijo en tono jocoso ayer a Mansilla, estrechándolo en un abrazo, durante el distentido desayuno.
José Alperovich considera prácticamente cerrado (no descarta alguna judicialización) el capítulo del conflicto judicial que abrió él mismo en noviembre de 2003, cuando derogó el CAM que regía desde 1991 (contra la opinión de Jiménez y la de su entonces secretario general de la gobernación, Antonio Jalil), enojado porque la Corte amenazaba con retirarse si se incorporaban a ese órgano miembros del Círculo de Magistrados y del Ejecutivo.
Luego vendría un mecanismo por el cual los abogados se inscribían en un listado en Casa de Gobierno y Alperovich elegía al que le complacía. Y después llegó la nueva Constitución, que delegó en el Ejecutivo la formación del CAM: mediante el decreto 1.820, de 2006, sentaron allí sólo un juez y un abogado contra tres legisladores y un miembro del PE. Por suerte, la Justicia lo abortó. Y entonces, en revancha, el Gobierno decidió esperar tres años para crear un CAM menos desequilibrado por ley. Fueron, casi, seis años de gratuita anormalidad.
Ahora que esa instancia de irracionalidad parece superada, Mansilla es, como se dijo, una de las figuras que salido bien parada. No sólo dio lugar a buena parte de los pedidos públicos de los colegios de abogados -y a planteos privados desde la Justicia- sino que está abriendo inéditos caminos para los opositores. Cano, el senador electo, integra el Jurado de Enjuiciamiento -con Jorge Mendía como suplente- y cuando se vaya a la Cámara Alta en diciembre, su puesto de consejero será ocupado por Federico Romano Norri, quien lo suplantará como legislador. Ya es casi un hecho que Luis Bussi será el miembro de la minoría en el CAM, para lo cual renunciará a la comisión de Juicio Político, a la que se incorporará Ricardo Bussi. El titular de FR, a su vez, dejaría Asuntos Constitucionales, donde recalaría Esteban Jerez. Sólo Osvaldo Cirnigliaro ha sido intencionalmente relegado.
Pero, por aquello de que "cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía", los opositores toman con recelo el aperturismo alperovichista. Cano manifestó en el recinto que no hay ninguna generosidad sino que este es el resultado de los comicios de junio. Esos en los cuales el oficialismo provincial perdió 150.000 votos respecto de la elección de agosto de 2007. En privado, el parlamentario advirtió que los atropellos del Gobierno iban a merecer un pronunciamiento de la ONU, mediante Leandro Despouy, relator especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados.
Ricardo Bussi razonó en su entorno que el PJ tucumano actúa, por un lado, por imitación de las acciones del kirchnerismo y, por otro, para maquillarse como mandatario prolijo en una eventual carrera hacia 2011, teniendo en cuenta que la calidad institucional es varias veces más deficitaria que las finanzas públicas.
Esteban Jerez, en tanto, confió a sus allegados que todo cuanto está haciendo el oficialismo son, en realidad, gestos dirigidos a la Justicia, para que no trunquen el artículo 159 de la Constitución y permitan la recontra-reelección del mandatario. Si antes de diciembre no hay certeza de ello, Mansilla se irá al Senado, presto para dimitir a fin de que lo suceda Alperovich (primer suplente) si no hay tercera gobernación.

La cita que viene
La otra figura que ganó peso fue Antonio Estofán, quien públicamente se declara como amigo personal del gobernador.
El fin de la escalada de enfrentamientos entre el Poder Judicial y la Casa de Gobierno coincide con su desembarco en la Corte, donde abrió canales de diálogo, de poder a poder, para el nacimiento del CAM. Todo indica, además, que las vacancias terminarán de  subsanarse mediante un régimen de subrogancias que, en principio, quedaría en manos del flamante consejo y no del superior tribunal de Justicia.
Estofán muestra sus dotes de interlocutor eficaz en vísperas de una instancia clave: en octubre, el superior tribunal renueva sus autoridades, incluyendo la política presidencia de la Corte. Esa es la próxima cita que el alperovichismo anotó en su agenda.