27 Junio 2009 Seguir en 
Con la puesta en marcha del convenio que firmó en noviembre pasado el Ministerio de Educación de la Nación, con la Casa de Moneda, se proveerá un tipo de papel especial para garantizar la calidad y la seguridad de las certificaciones y títulos que acreditarán la documentación de alumnos y docentes del sistema educativo argentino. Con ello se generarán mayores dificultades para quienes, merced a la burocracia del sistema, se habían habituado a violentar la ley. El papel es el mismo que se emplea para emitir billetes. El objetivo es evitar falsificaciones que años atrás provocaron revuelo en Tucumán, Corrientes, Chaco, Jujuy, Formosa y Santiago del Estero.
Como se recordará, en diciembre de 2004, la Unión de Docentes Tucumanos denunció que una vocal de ese gremio había encontrado certificaciones falsas en las carpetas de legajos de docentes en las Juntas Inicial y Primaria de Clasificación. En marzo de 2005 se detectaron firmas adulteradas en la Escuela Técnica de Famaillá, en la designación de docentes. En abril del mismo año separaron al director y a la secretaria de ese establecimiento y cesantearon a los 10 docentes que habían sido nombrados en perjuicio de otros.
En esa instancia, el Poder Ejecutivo ordenó la investigación a fondo de todas las irregularidades denunciadas, y tras una serie de operativos policiales, la Justicia ordenó allanamientos en Delfín Gallo, en lo que constituyó el inicio de una trama que resultó en casi 100 sumarios y 300 docentes inhabilitados de sus cargos por haber recurrido a títulos truchos para sumar puntaje.
Otras provincias tuvieron problemas con certificados truchos; por ejemplo, Neuquén, donde la Policía investigó la adulteración de títulos secundarios de aspirantes a cadetes. En Mar del Plata, en un caso más reciente, la Justicia detuvo a una docente que entregaba documentos ilegales a policías que querían alimentar sus fojas de servicio, en busca de un ascenso. En los últimos años también hubo sonados casos de títulos truchos que involucraron a casas de altos estudios como sucedió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.
Según informamos en nuestra edición de ayer, las nuevas planillas están hechas con papel de mayor cantidad de gramos y con las características de un billete. Tienen microletras, sello de agua, y la tinta que se empleó para emitirlos solamente puede ser visualizada a través de una lámpara ultravioleta. Esto implicará que los equipos informáticos del Ministerio y de las instituciones, tanto públicas como privadas, tendrán que usar impresoras láser. Se anunció que el Ministerio de Educación creará en 2011 un Registro Unico Nacional de Títulos y Certificados en el que se transcribirá toda la historia educativa de los estudiantes argentinos.
Se aclaró, por otro lado, que la aplicación de este sistema de certificaciones no tendrá costos adicionales para el alumno ni para el establecimiento educativo, ya que el Ministerio de Educación de la Nación compra las planillas, y la Provincia las distribuye entre las instituciones, que deberán emplear en forma obligatoria un nuevo software.
También es importante evitar la excesiva burocracia; esta podría derivarse de las demoras en la distribución de los formularios o que haya establecimientos educativos que no tengan el software exigido. Consideramos que se trata de un paso positivo hacia la legalidad y la transparencia del sistema educativo, especialmente en estos tiempos, en que con la sofisticada tecnología informática que existe actualmente, se puede cometer toda clase de fraudes.
Como se recordará, en diciembre de 2004, la Unión de Docentes Tucumanos denunció que una vocal de ese gremio había encontrado certificaciones falsas en las carpetas de legajos de docentes en las Juntas Inicial y Primaria de Clasificación. En marzo de 2005 se detectaron firmas adulteradas en la Escuela Técnica de Famaillá, en la designación de docentes. En abril del mismo año separaron al director y a la secretaria de ese establecimiento y cesantearon a los 10 docentes que habían sido nombrados en perjuicio de otros.
En esa instancia, el Poder Ejecutivo ordenó la investigación a fondo de todas las irregularidades denunciadas, y tras una serie de operativos policiales, la Justicia ordenó allanamientos en Delfín Gallo, en lo que constituyó el inicio de una trama que resultó en casi 100 sumarios y 300 docentes inhabilitados de sus cargos por haber recurrido a títulos truchos para sumar puntaje.
Otras provincias tuvieron problemas con certificados truchos; por ejemplo, Neuquén, donde la Policía investigó la adulteración de títulos secundarios de aspirantes a cadetes. En Mar del Plata, en un caso más reciente, la Justicia detuvo a una docente que entregaba documentos ilegales a policías que querían alimentar sus fojas de servicio, en busca de un ascenso. En los últimos años también hubo sonados casos de títulos truchos que involucraron a casas de altos estudios como sucedió en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán.
Según informamos en nuestra edición de ayer, las nuevas planillas están hechas con papel de mayor cantidad de gramos y con las características de un billete. Tienen microletras, sello de agua, y la tinta que se empleó para emitirlos solamente puede ser visualizada a través de una lámpara ultravioleta. Esto implicará que los equipos informáticos del Ministerio y de las instituciones, tanto públicas como privadas, tendrán que usar impresoras láser. Se anunció que el Ministerio de Educación creará en 2011 un Registro Unico Nacional de Títulos y Certificados en el que se transcribirá toda la historia educativa de los estudiantes argentinos.
Se aclaró, por otro lado, que la aplicación de este sistema de certificaciones no tendrá costos adicionales para el alumno ni para el establecimiento educativo, ya que el Ministerio de Educación de la Nación compra las planillas, y la Provincia las distribuye entre las instituciones, que deberán emplear en forma obligatoria un nuevo software.
También es importante evitar la excesiva burocracia; esta podría derivarse de las demoras en la distribución de los formularios o que haya establecimientos educativos que no tengan el software exigido. Consideramos que se trata de un paso positivo hacia la legalidad y la transparencia del sistema educativo, especialmente en estos tiempos, en que con la sofisticada tecnología informática que existe actualmente, se puede cometer toda clase de fraudes.
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