Caso Reales: piden sanciones para policías

La polémica que generó la negativa del adolescente que protagonizó el accidente donde falleció la médica María Cecilia Reales, de someterse al dosaje alcohólico tras el choque, movilizó a funcionarios de Poder Judicial y del Ejecutivo. Ayer, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, Antonio Gandur, envió un informe al Ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, solicitando que inicie un sumario administrativo contra los policías Ramón Orrillo, actual jefe de la comisaría de Yerba Buena, y a los policías Ramón Tolosa (director de Medicina Legal), Verónica Inés Galeano y Raúl Acosta, por haber omitido informar a las autoridades judiciales y a la fiscala que entiende en la causa, Adriana Reinoso Cuello, de que los adolescentes se habían negado a someterse al dosaje alcohólico tras el choque.
Gandur solicitó a López Herrera que inicie una investigación sobre el accionar de los cuatro policías que intervinieron en el accidente, y además pidió la inmediata desafectación de las funciones y, de ser necesario, la separación de sus cargos, por considerarlos responsables de las irregularidades registradas en el proceso judicial. “Los policías no realizaron el dosaje alcohólico ordenado por la fiscal y sin razón alguna omitieron informarle sobre la imposibilidad de realizar la extracción de sangre. Con este actuar irresponsable e irregular se impidió disponer en el proceso de un medio de prueba habitual para la resolución de la causa judicial”, sentenció Gandur en parte de su escrito, al que tuvo acceso LA GACETA:
El martes a las 6.40, Reales fue embestida por el auto que conducía el menor, quien estaba acompañado por otro joven, en la intersección de avenida Aconquija y Moreno. Tras el choque, los menores fueron trasladados hasta el hospital Centro de Salud. Allí, por decisión de sus padres, ambos se negaron a someterse al dosaje alcohólico.

Informes
En su escrito, el presidente de la Corte Suprema de Justicia emplazó también a la fiscala para que especifique por escrito las irregularidades que se registraron a lo largo de la causa.
Reinoso Cuello contestó ayer por la mañana el escrito a Gandur, y en su declaración manifestó que la mañana del accidente le había ordenado telefónicamente al comisario Orrillo que someta a los dos adolescentes al dosaje alcohólico, y que la mantenga informada sobre todos los avances de la causa.
La fiscala aseguró en su descargo que se enteró recién por la tarde de la negativa de los adolescentes de someterse a la pericia, y agregó que recién ayer la notificaron de que el menor tampoco había sido sometido a un análisis clínico, mientras estuvo internado en un sanatorio.
Tras recibir la notificación de Gandur, la titular de la fiscalía VI citó a declarar a Tolosa, para que le informe las causas por las cuales no se efectuaron las pericias que había ordenado, y los motivos por los que no se le comunicó en tiempo y forma de la negativa de los adolescentes. Tolosa entregó un informe escrito, en donde detalló las causas de la omisión. Tras ello, Reinoso Cuello solicitó a la Jueza Mirta Lenis de Vera y al jefe de Policía, comisario Hugo Sánchez, que sancionen a los cuatro policías por las irregularidades que cometieron.

Postergación
En tanto, la fiscala pasó para el lunes la declaración del adolescente que conducía el vehículo, ya que el menor será hoy operado nuevamente de la lesión que sufrió en una de sus rodillas tras el choque. Reinoso Cuello tenía previsto indagar hoy al joven, pero sus familiares le informaron que será internado nuevamente en el sanatorio, y que por ese motivo no podrá asistir a Tribunales.
Por su parte, el juez de Menores, Raúl Ruiz, libró ayer tres oficios a tres colegios donde asistió el adolescente, solicitando a las autoridades de esos establecimientos que le remitan un informe detallando las calificaciones y la conducta del menor. Además, el magistrado ordenó que un médico forense revise al adolescente en su domicilio, para constatar su estado de salud y la versión de su nueva internación.
El juez aguarda que el adolescente declare ante la fiscal para luego entrevistarlo en su juzgado. Ruiz le comunicará todas las medidas tutelares que ordenó en su contra, entre las que se destaca la prohibición de conducir mientras no haya cumplido los 21 años y que se someta a un tratamiento psicológico.