A dos años del brutal asesinato de la contadora Liliana del Valle Cruz, el juez Alfonso Zottoli firmó la resolución por la cual decidió que la causa, que tiene como principal imputada a la médica María del Valle Dip, debe ser elevada a juicio oral.
El magistrado dispuso la medida días atrás, luego de rechazar el planteo de oposición que había sido presentado por la defensa de la acusada, a cargo de Sebastián Herrera Prieto. El abogado, no obstante, le anticipó a LA GACETA que se opondrá a la medida de elevación a juicio apenas sea notificado de la resolución que tomó el magistrado.
El macabro asesinato de Liliana fue perpetrado el 6 de febrero de 2007. Ese día, la contadora había salido por última vez de su casa rumbo a la farmacia de Dip, según establecieron los investigadores. Por la tarde, sus familiares denunciaron la desaparición de la mujer. La Policía encontró el automóvil VW Surán de la victima abandonado en el estacionamiento de la Estación Central de ómnibus.
Dip, la última persona que había estado con la contadora, declaró ante la Policía que su amiga estaba depresiva y que sospechaba que se había ido de la provincia para escapar de los problemas familiares.
Hallazgo macabro
Dos días después, uno de los hijos de Dip llamó a la Policía para denunciar un robo que presuntamente se había perpetrado en la farmacia. Dos oficiales de la Dirección de Investigaciones llegaron al local y fueron recibidos por Dip y por los dos jóvenes, quienes les informaron que habían encontrado partes del cuerpo de Cruz. Los restos de la contadora estaban embolsados y escondidos en distintas cajas que habían sido guardadas en diferentes sectores de la farmacia. Los policías detuvieron en ese momento a la médica y a sus hijos.
El titular de la Fiscalía V, Alejandro Noguera, imputó por homicidio a Dip y a sus dos hijos, los hermanos Naigeboren. Según la hipótesis principal de los investigadores, la médica degolló a Cruz porque esta le habría exigido la devolución del importe de un resumen de cuentas de su tarjeta de crédito. Durante la investigación, se determinó que la sospechosa había robado una de las tarjetas de crédito de la contadora cuando la víctima estaba de vacaciones, y que en ese tiempo había realizado al menos 10 compras en distintos comercios de la capital.
El fiscal secuestró los recibos y comprobantes que registraban las operaciones. Con estos elementos, Noguera decidió acusar solamente a Dip del asesinato. Los hermanos Naigeboren recuperaron la libertad dos semanas después del crimen.
Herrera Prieto adelantó que el lunes presentará en el despacho de Zottoli el pedido de cese de prisión para Dip, aduciendo que se cumplieron los dos años previstos por la ley para mantener a una persona detenida sin juicio.
Mientras tanto, Dip permanece alojada en la cárcel de mujeres.
