Hay predisposición al diálogo, pero sigue el juicio

En lo estrictamente procesal, nada ha cambiado tras la fallida audiencia de conciliación celebrada ayer. El Gobierno y el Colegio de Abogados se manifestaron a favor de que siga la causa que mantienen desde que la entidad profesional cuestionó artículos de la Constitución reformada en 2006. No obstante, expresaron que están dispuesto a continuar el diálogo por otros canales para resolver el problema de las vacantes en la Justicia (sumarán 22 desde diciembre), que actualmente no pueden ser cubiertas en forma definitiva como consecuencia de la controversia sobre la integración del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM).
La inédita convocatoria, concretada en la sala de acuerdos de la Corte, pudo ser presenciada por la prensa, como habían propuesto los letrados. En representación de estos asistieron seis dirigentes, que expresan a las dos listas que competirán en las elecciones de la institución: Antonio Bustamante (presidente), Jorge Cheín (vicepresidente), Francisco García Posse (secretario), y los consejeros Mauricio Argiró, Carlos Rivas y César Alvarez, además del apoderado, Luis Emilio Rodríguez Vaquero. Por la Provincia asistió solamente el fiscal de Estado, Pedro Giúdice.
El presidente del tribunal, Antonio Gandur, advirtió que, si la causa es elevada a la Corte Suprema de la Nación (como consecuencia de los recursos extraordinarios deducidos por las partes), cualquiera fuera el resultado, no habrá sentencia antes de un año o año y medio, con el agravante de que hasta fin de año sumarán 29 los magistrados que se habrán jubilado y 48 los que están en condiciones de hacerlo. “La designación de jueces transitorios lleva implícita una disminución de la calidad institucional”, argumentó.
El vocal Alberto Brito, uno de los impulsores de la convocatoria, añadió que el panorama es preocupante, porque cambia todos los meses por la cantidad de jubilaciones y por la imposibilidad de “contar con un sistema de designación de jueces en propiedad”.
Luego, Brito relató toda la secuencia procesal que, según los datos de la experiencia, llevaría a que un eventual fallo de la Corte de la Nación fuera dictado en 2010. “Esta podría confirmar la sentencia (pronunciada en Tucumán) u ordenar el dictado de otra, para lo cual habría que integrar un nuevo tribunal y estaríamos, otra vez, en el mismo punto, porque la Corte no sanciona leyes ni nombra jueces. Con espíritu de apertura, buscamos una salida institucional”, dijo.

En otro escenario
Cheín y luego Bustamante, tras haber agradecido el llamado, aclararon que urgía separar el trámite de la causa de la cuestión coyuntural, que reconocieron que preocupa. “Es muy importante aclarar, porque se dice que caminamos hacia el abismo, que esta crisis no fue generada por las partes. Al proceso no hay que detenerlo, porque no hay nada para dar ni para recibir. Hay que trascender, pero no en este escenario”, destacó el segundo.
Bustamante recordó que el 16 de octubre, por nota, el Colegio ya había pedido a la Corte que tomara cartas en el asunto y que, si fuera necesario, convocara a los otros poderes y demás factores para propiciar una solución respecto de la cobertura provisoria de las vacantes.
Giúdice, además de agradecer la oportunidad, coincidió en que el juicio no podía detenerse y en que a la Corte ya sólo le quedaba expedirse sobre la admisibilidad (formal) de los recursos deducidos por las partes, en el afán de que el alto tribunal del país revise la sentencia del 8 de setiembre. Después de la audiencia, el fiscal de Estado se pronunció por la sanción de una ley que permita la designación de jueces subrogantes provisorios. “Lo que no significa que se hará a dedo (sic), porque hay que asegurar la idoneidad, la hombría de bien y todos los demás requisitos”, enfatizó.
También asistieron el ministro fiscal, Luis de Mitri, y la camarista Ebe López Piossek (integra la Corte en la causa), pero no hablaron.