Sólo cuatro renglones tiene la providencia por la que el titular de la Corte Suprema, Antonio Gandur, llamó a una audiencia de conciliación al Colegio de Abogados y al Gobierno. Es una convocatoria que, dada la trascendencia de lo que está en juego, no tiene precedentes. Pero como en Tucumán las cosas no suelen ser como aparentan, resulta sensato -y hasta obligatorio- formular interrogantes hasta cuando se invocan fines loables como posibilitar un avenimiento amigable.
Llama la atención que la Corte eche mano de esto luego de que el gobernador José Alperovich instó al tribunal a consenuar -verbo que no conjuga con su proceder hegemónico- una ley para la designación de jueces subrogantes. Sin contar que el vocal Antonio Estofán, en curiosa sintonía con su amigo (y antiguo jefe), admitió que tal palabra le encanta.
Es obvio que Gandur no se arriesgó sin consultar a sus pares. Además, ningún juez -menos de la Corte- llama a una conciliación sin un cálculo previo. Tal vez él imagina que el Gobierno se allanará mansamente a que el Consejo de la Magistratura no puede organizarse por decreto y a que, mientras sea sancionada la ley que fije su composición equilibrada, la Corte proveerá la solución para las subrogancias. ¿El PE trocará tanto por nada? ¿Y qué con los abogados? Lo interesante es que en este arbitraje socio-institucional, se sabrá si el PE está dispuesto a consensuar con sinceridad o si sólo trataba de adecentar la encerrona del Poder Judicial a través de una palabra bonita. Y democrática.
