Con carácter casi inédito, la Corte Suprema de Justicia de la provincia convocó al Colegio de Abogados y al Gobierno a que exploren la posibilidad de llegar a un acuerdo en una causa de trascendencia institucional: la relacionada con la integración del Consejo Asesor de la Magistratura. Aunque no se trata exactamente de lo mismo, en la órbita federal, el alto tribunal del país viene impulsando la celebración de audiencias públicas en los casos en que estuvieran en juego más que simples intereses particulares.
El presidente de la Corte provincial, Antonio Gandur, se basó en el artículo 38 del Código Procesal Civil y Comercial, que autoriza a instar a las partes, en cualquier estado de la causa, a que arriben a avenimientos amigables.
La Corte de la Nación reglamentó el sistema de audiencias públicas por medio de la acordada Nº 30/07, en el afán de fomentar la participación ciudadana y la difusión pública de cómo actúa ese tribunal. “El objetivo es elevar la calidad institucional en el ámbito del Poder Judicial y profundizar el estado constitucional de derecho vigente en la República”, puede leerse en la acordada.
El 10 de octubre, durante su visita a Tucumán, el presidente del alto tribunal del país, Ricardo Lorenzetti, defendió esta herramienta. “Al ampliar el número de las voces que escuchamos en un juicio, fortalecemos nuestro razonamiento, muchas veces primitivo, a la hora de resolver los conflictos que se nos presentan. Esta forma de trabajar tiene mucho que ver con el concepto de democracia deliberativa, que consiste en fortalecer los procedimientos y abrir los canales para que la gente se exprese antes que imponer decisiones”, esgrimió el magistrado.
Uno de los objetivos de las audiencias públicas es que las partes busquen soluciones no adversariales; un fin similar se fijó en este caso la Corte tucumana.
