El triunfo electoral de Raúl Alfonsín en 1983 inauguró una nueva era política en la Argentina caracterizada por la consolidación de un régimen democrático. El inesperado triunfo electoral de la fórmula radical sacudió a una sociedad que se había acostumbrado a la idea de que el peronismo era imbatible en las urnas. El propio peronismo pecó de una excesiva confianza en su fortaleza política frente a lo que consideraba era una inexorable victoria electoral: "?Ser el candidato peronista es tener la certidumbre de ser el próximo presidente de los argentinos" sostenía Italo Argentino Luder en su discurso de aceptación de la candidatura a presidente. Es que en el pasado, la polarización política que había generado la experiencia peronista llevó al establecimiento de dos bloques electorales rígidos e irreconciliables, de lealtades prácticamente inamovibles, que hacían predecible el resultado de cualquier elección en la que el peronismo pudiese competir sin restricciones. De no existir proscripciones ni fraude, el peronismo se imponía electoralmente. El triunfo alfonsinista terminó con dicha certeza. A partir de entonces la incertidumbre electoral se instaló en la Argentina.
La victoria de Alfonsín generó un terremoto político que sorprendió a toda la sociedad argentina. Dicho triunfo en realidad era un primer indicio de que el escenario de la política argentina había experimentado profundas transformaciones que la vuelta a la democracia comenzaba a hacer visibles. Quizá lo más notorio del hecho era la constatación de que los rígidos bloques electorales del peronismo y antiperonismo se habían resquebrajado y que de entre las grietas surgía un considerable sector del electorado que no profesaba fuertes lealtades partidarias sino que estaba dispuesto a ejercer un papel político más independiente. Los comportamientos electorales se tornarán más fluidos e impredecibles. No solamente habrá rotación de poder entre peronistas y no peronistas, sino también un significativo crecimiento (así como muchas veces también un rápido declive) de terceras fuerzas. En síntesis, el triunfo de Alfonsín inauguró una nueva era de "electoralización de la política partidaria" que preanunciaba una nueva forma de vinculación de la ciudadanía con el sistema político. Se introducía en importantes sectores del electorado (y de la sociedad civil) una preocupación acerca de cómo se ejerce el poder, de poner límites y controles a las autoridades públicas, que llevará a numerosos reclamos por el mejoramiento de la calidad institucional de la democracia. La demanda por rendición de cuentas, por controles y sanciones efectivas, por la autonomía del poder judicial, por una mayor transparencia gubernamental se establece como un eje recurrente de conflicto entre ciudadanos y sistema político que, aún luego de la hecatombe política del 2001, no ha sido saldado.
El discurso del candidato radical en la campaña de 1983 ya anunciaba cuales serían los cimientos sobre los cuales debería apoyarse el nuevo edificio democrático: condena al autoritarismo social y estatal e irrestricta defensa de los derechos humanos, lo cual solo sería posible en una forma constitucional de democracia. La valiente decisión de llevar a juicio a las juntas militares por los actos de terrorismo de estado representó un punto de ruptura histórico para la Argentina por el cual se sometió a la discrecionalidad estatal al imperio de la ley. En este aspecto, Alfonsín correctamente privilegió un enfoque meramente judicial del tema (frente a la demanda por parte del movimiento de derechos humanos y de otros sectores políticos de creación de una comisión bicameral en el congreso), pues veía en el juicio a las juntas el momento fundacional de un estado de derecho democrático. Si los juicios representaban un demandado acto de justicia por los masivos actos de violación de derechos humanos del pasado reciente, la constitucionalización del poder político en la nueva democracia serviría para asegurar el efectivo ejercicio de los derechos ciudadanos en el presente y futuro.
En este aspecto, la política de derechos humanos impulsada por Alfonsín suponía un delicado equilibrio entre la necesidad de enfrentar los ignominiosos hechos del pasado y, al mismo tiempo, establecer una agenda de derechos orientada a garantizar el pleno ejercicio de las garantías constitucionales a generaciones futuras. Esta preocupación por saldar la deuda pasada pero sin descuidar las demandas del presente y los intereses de futuras generaciones es quizá uno de los más importantes legados de su gestión. Frente a la realidad presente, caracterizada por el deterioro institucional, la concentración de poder, y por una lógica de poder que privilegia el corto plazo, dicho legado se torna particularmente relevante. Si bien en años recientes la agenda de derechos humanos ha cobrado nuevo impulso a partir de la reanudación de los juicios por la violación de derechos humanos bajo la dictadura, la necesaria política de construcción de una institucionalidad que nos proteja de la discrecionalidad y autoritarismo de las autoridades vigentes sigue siendo una agenda pendiente. Los derechos solo pueden florecer en un ambiente institucional que garantice su pleno ejercicio y la efectiva fiscalización y control de los actos gubernamentales. Lamentablemente, y los hechos recientes sirven como triste confirmación, estamos aún muy lejos de conseguirlo.
