Para alguien preocupado por las vinculaciones entre el derecho y la economía, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, el crac internacional no podía pasar inadvertido. "Estamos viendo la crisis financiera de los grandes grupos económicos. Pero veremos también, en poco tiempo, la crisis de los sobreendeudados", advirtió durante las Jornadas Nacionales de Consumo y Ambiente, que se desarrollaron en Tucumán.
El magistrado insistió: "en nuestras sociedades, vivimos endeudados, porque se promueve el endeudamiento a través de la publicidad masiva y de las facilidades que suelen otorgarse para obtener un crédito. Estamos plagados de ciudadanos sobreendeudados", lamentó.
Lorenzetti precisó que lo que ocurre en EE.UU. y en Europa en materia hipotecaria responde en buena medida a una crisis por sobreendeudamiento. "Mucha gente se ha endeudado a 20 o 30 años, porque les facilitaron las condiciones para que obtuvieran un crédito (hipotecario). Luego de haberlos tomado, el valor de las viviendas cayó. Sin embargo, la deuda aumentó por efecto de los cálculos financieros, algo que los argentinos conocemos muy bien", ironizó.
¿Cuál es la respuesta jurídica para este fenómeno? No dudó: "en muchos países hablan de aplicar normativas especiales para refinanciar las hipotecas, basándose en las normativas del Derecho del Consumidor. Este es un gran tema, porque actualmente el crédito, dirigido a los usuarios y consumidores, es absolutamente excesivo en muchos casos, y tiene mecanismos de crecimiento (financieros) autónomos que se van desvinculando de la finalidad originaria del contrato; en este caso, acceder a una vivienda".
Normas protectoras
El fenómeno del sobreendeudamiento del consumidor dio lugar en algunas naciones a leyes específicas. "Estas, por ejemplo, contemplan un concurso especial (del endeudado), en el que el juez puede aplicar normas de equidad para protegerlos. Entre nosotros, esto ocurrió por causa de la emergencia económica y por la aplicación de normas protectoras", remató.
Lorenzetti comentó los casos que, tras la crisis de 2001, habían llegado a la Corte y en los que se cuestionaba la constitucionalidad de la normativa que establecía un cambio de uno a uno (entre el peso y el dólar) respecto de los mutuos (préstamos) menores a U$S 100.000, garantizados con hipoteca, destinados a vivienda única.
"Los principios protectorios (sic) de orden público se aplican cuando hay situaciones de vulnerabilidad, pero no para generalizarlos y destruir las relaciones contractuales", alertó.
