CONCEPCION.- La Justicia profundizó ayer la investigación en torno de la entrega a camioneros de permisos de circulación apócrifos. A partir de una serie de pruebas que se colectaron, se incorpora ahora la sospecha de que existen certificados de VTV legales que alguien otorgó sin el correspondiente control técnico y a un precio especial, dijeron a LA GACETA fuentes judiciales. La maniobra favorecía a todos aquellos que los necesitaban con urgencia.
A raíz de todas estas sospechas, el fiscal IV de Instrucción, Edgardo Sánchez, concretó durante toda la jornada de ayer distintas medidas autorizadas por el juez de Instrucción Eduardo Molinuevo. A la mañana, personal judicial, supervisado por la ayudante fiscal Nazaret Rodríguez Ponce de León, retiró documentación de la sede de la Dirección de Transporte de la provincia, en la terminal de ómnibus, mediante una orden de presentación librada para el titular del organismo, Roberto Viaña. El funcionario, que fue quien motorizó la investigación con sus denuncias, se había comprometido a entregar documentación que probaría las irregularidades. En la tarde, en tanto, la Justicia concretó un allanamiento en la planta de Verificación Técnica de Vehículos (VTV) de Banda de Río Salí, ubicada en calle Guatemala 22.
En Transporte no fue necesario el allanamiento, porque se trata de una repartición pública que, según explicó Sánchez, debe tener a disposición del público los documentos o informes relacionados con su función. En cambio la VTV es privada, y por ello, la orden de allanamiento. Ayer, en la dependencia nadie quiso dar su versión de los hechos ante la consulta de LA GACETA. Las medidas en cuestión estuvieron precedidas por otros tres allanamientos que se concretaron el domingo a la mañana en un ciber de la calle Belgrano primera cuadra y en otros dos domicilios particulares, todos en esta ciudad. En la ocasión se secuestró material informático y otra documentación.
De Transporte y de la VTV se obtuvo abundante documentación que, según se adelantó, será cotejada con la que le había sido secuestrada al gestor Alberto Gobeto y a los camioneros descubiertos con permisos de circulación falsos. Las computadoras que fueron secuestradas el domingo serán sometidas a una pericia informática, por lo que es posible que Sánchez requiera la colaboración de técnicos de la Policía Federal, en virtud de que la provincia no dispone de peritos de esa especialidad.
Gobeto, quien por ahora aparece como único sospechoso en la causa, podría ser citado a declarar por Sánchez una vez que disponga de mayor información respecto de la maniobra. El gestor negó que tenga vinculación con la entrega de papeles de circulación truchos. "Soy inocente, y cuando me citen a declarar voy a decir todo lo que sé", adelantó cuando el sábado lo entrevistó LA GACETA. Sánchez sospecha que la maniobra mayor en torno del caso está dada con la entrega de certificados de VTV sin que los rodados de los solicitantes hayan sido revisados. Al parecer, se los otorgaba a un precio especial. Los investigadores sospechan que entre los permisos truchos y aquellos que fueron otorgados sin haberse completado los trámites, serían cientos los camioneros portadores de documentación irregular. Esto es lo que está tratando de comprobarse. (C)
