Investigan al gobernador por el cierre del stand en Palermo

El Tribunal de Cuentas decidió investigar si el gobernador, José Alperovich, y el titular del Ente Tucumán Turismo, Bernardo Racedo Aragón, provocaron un perjuicio económico en contra del Estado cuando dispusieron el cierre del stand oficial de la Provincia en la 122º exposición de la Sociedad Rural en Palermo.
El organismo de contralor acaba de acoger la denuncia que formuló, por esta causa, el legislador Esteban Jerez. El opositor había pedido, a fines del mes pasado, que se iniciara un juicio de cuentas a ambos funcionarios, para determinar si la decisión que tomaron produjo, eventualmente, un perjuicio patrimonial.
Como se recordará, el local tucumano terminó convirtiéndose en una atracción, porque tuvo sólo dos horas de vida y luego fue pintado de negro y cerrado abruptamente, sin previo aviso, en la noche del viernes 25 de julio. Se calcula que el Gobierno tucumano gastó $ 70.000, entre el alquiler de los espacios del predio ferial ($ 37.000) y el montado de la estructura. Es decir, que la exigua presencia de Tucumán en la tradicional muestra demandó unos $ 583 por minuto.
Sobre la base del planteo de Jerez, los vocales Miguel Chaibén Terraf, Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal refrendaron el acuerdo 2241, por el cual se inicia la correspondiente investigación. "Si se prueba que se lesionó el erario, los responsables deben devolver de su bolsillo lo que se gastó", dijo Jerez. El parlamentario solicitó, además, que en caso de que las conductas estén tipificadas en el Código Penal, se giren las actuaciones a la Fiscalía que por turno corresponda.
"Requerir al Poder Ejecutivo y al Ente Autárquico Tucumán Turismo, la remisión de las actuaciones administrativas que corresponden a la contratación y pago que tuvo por objeto la instalación del stand oficial en la Exposición Anual de la Sociedad Rural Argentina para el año en curso, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como asimismo los antecedentes e instrumentos que sustentan el levantamiento de la misma", expresa, textualmente, el artículo 1 del acuerdo.
El Tribunal de Cuentas, además, dio intervención al jefe del Departamento de Rendición de Cuentas, "para que informe y adjunte los antecedentes relacionados con el tema". Hizo lo propio con el contador fiscal general.

Contrastes
La decisión del Tribunal de Cuentas se conoce en un momento tenso de la relación entre el ente de control y el Ejecutivo, luego de que, entre el lunes 4 y el martes 5 pasados, fueron devueltas 39 actuaciones a la Secretaría de Obras Públicas, para que completara documentación, advirtiendo que, mientras tanto, no pueden ser pagados los certificados de obra aprobados en esos expedientes.
En contraste, entre el 6 de agosto y el pasado viernes 22, el ente de contralor dispuso la remisión de trámites, el requerimiento de información, la sustanciación de sumarios y el asentamiento de formal oposición en sólo 14 expedientes (el 36% de los acordados en las 48 horas antes mencionadas), vinculados con trabajos estatales, pero no de la Secretaría de Obras Públicas. Refieren, en estos casos, a tareas del Instituto Provincial de Vivienda (10 acuerdos), del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (dos acuerdos), al Sistema Provincial de Salud (un acuerdo) y a la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (un acuerdo).