"El país tiene una conciencia constitucional muy débil"

Cuando se habla de la debilidad institucional de la Argentina, el énfasis suele acentuarse en los vaivenes de las relaciones entre los tres poderes del Estado, así como en el comportamiento de los actores públicos. Susana Cayuso añadió otro factor. "La doctrina española habla de qué grado de conciencia constitucional tiene una sociedad. El de la Argentina es sumamente débil. Por eso, el poder político, generalmente, por medio de las decisiones que toma y en la búsqueda de eficacia, puede colocarse por sobre lo jurídico", diagnosticó la prestigiosa jurista, que también tiene a su cargo la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La vicepresidenta de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional disertó ayer en el II Encuentro Federal de Derecho Procesal Constitucional Provincial en la sede del Colegio de Abogados de esta capital. Cayuso está muy entusiasmada con los mensajes que durante los últimos años viene transmitiendo el alto tribunal del país. Y aunque también destaca como positivo el desenlace que tuvo el reciente conflicto sobre las retenciones móviles al sector agroexportador, aclara que no quiere adelantar hurras. "Sí, es cierto que esto posibilitó que el Congreso pueda reposicionarse institucionalmente, sobre todo retomar las funciones de control, que las tenía totalmente abandonadas. Ahora, la situación de Aerolíneas Argentinas (léase la reestatización) puede ser otra oportunidad", aseguró.

-¿Cómo evalúa los cambios -no sólo de integración- que se advierten en la Corte?
-La Corte es un poder del Estado. Necesariamente tenía que asumir su rol institucional, porque a veces ha acompañado demasiado a los Poderes Ejecutivos, a costa de los resultados valiosos o disvaliosos (sic) de las decisiones adoptadas por estos. La nueva composición tenía como marco el proceso traumático que significó el juicio político a casi toda la Corte anterior y, por otro lado, que el Ejecutivo tenía demasiadas vacantes por cubrir. Eso era muy peligroso. Entonces, una Corte que nacía en esas condiciones tenía que reconciliarse institucionalmente con la sociedad. Tenía que dar mensajes de credibilidad. Por eso las audiencias públicas o sentencias en las que se advierten fuertes decisiones en materia de derechos económicos y sociales.
-Se observa que la Corte les marca obligaciones a los otros poderes o que ya no hay cuestiones políticas que puedan escapar a su control?
-Este es un gran cambio, además de una relectura constitucional. La sociedad argentina está formada con una mente infra-constitucional. Estamos formados en la devoción a los ordenamientos que nacen a partir de la Constitución. Pero nos cuesta mucho hacer operativa a la propia Constitución o entender que ella es el código operativo vigente, como decía (Germán) Bidart Campos, y que no se limita a ser sólo un pacto político de organización del poder. Ella establece principios, valores, derechos fundamentales. Tiene operatividad.

-En las facultades de Derecho suele ponerse más énfasis en la enseñanza del Derecho Civil que del Constitucional.
-No sólo eso. En las otras carreras tendría que haber formación cívico-jurídico-constitucional. Hay un desconocimiento absoluto del texto constitucional. La gente no sabe para qué sirve. Eso repercute en la casi inexistencia de una conciencia constitucional. Se ha perdido o no se tiene la noción de que los tres poderes, en el sistema argentino, tienen responsabilidades de co-gobierno. La Corte, cada vez que hace un control de constitucionalidad, está ejerciendo una incumbencia propia, que recibe del texto constitucional. Participa en el control de las decisiones. Por eso aparece la postura política de tratar de cercenar sus facultades de control.

-¿Por qué muchas veces el Judicial parece apocado respecto de los otros poderes?
-Las causas de esto pueden ser muchas, porque hay mucha injerencia del poder político. Pero todavía uno encuentra en la estructura judicial dificultades para comprender que la norma base es la Constitución y que el control es difuso (está en cabeza de cada magistrado); es decir, no es una opción del juez, sino una obligación de concretar el control de constitucionalidad, aunque a los políticos no les guste.

-¿Cuál es el principal desafío en materia institucional?
-Hay que trabajar mucho en la reconstitución republicana. La sociedad no tiene una conciencia, una percepción clara de la diferencia que significa vivir en una república, con un sistema democrático medianamente fuerte. No voy a negar que recuperamos la democracia, pero es formal. Urge trabajar en la democracia sustantiva, en la respuesta a la calidad de vida de cada uno de los que integran la sociedad; es decir, en educación, salud, justicia, trabajo... No hay democracia sustantiva si esto no se logra a través del accionar conjunto de los poderes.