Racedo requirió precisiones sobre Pacará Pintadoa los peritos

Amén de la causa civil radicada en la Justicia provincial, en la órbita federal continúa la investigación penal en marcha relacionada con la planta de tratamiento de residuos de Pacará Pintado, que maneja la empresa Servicios y Construcciones La Banda. El jueves, el Escuadrón Nº 55 de Gendarmería Nacional realizó nuevos allanamientos en el predio por orden de Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2.
Racedo dispuso la medida, que demandó 10 horas (desde las 8), luego de haber considerado que era pertinente requerir una ampliación de informes a los peritos Pedro Jorge Albornoz y Juan Alberto Ruiz. Estos, luego de una inspección efectuada el 28 de mayo, advirtieron que tanto en épocas de lluvias como en las de sequía, el establecimiento no dispone de suficientes instalaciones para evitar el derrame de líquidos contaminados al río Salí, que fluye a unos 100 metros. La eventual afectación ambiental a un cauce conectado a un sistema hídrico interjurisdiccional (el Salí-Dulce, que desemboca en Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero) es lo que justifica la competencia de la Justicia Federal.
La planta recibe diariamente entre 600 y 700 toneladas de basura y está ubicada en terrenos que forman parte de lo que peritos denominan lecho inundable del río Salí.

Ocho preguntas
En el primer informe, Albornoz y Ruiz explicaron que la basura es acumulada en sitios preparados denominados celdas. La preparación consiste en un basamento de arena, grava y bentonita sobre el que se coloca una membrana de 1.000 micrones para impermeabilizar el sector. Luego precisaron: “la basura se deposita sobre la membrana, por medio de cargadores frontales. Cuando esta llena la celda se la tapa con una cobertura plástica para comenzar un proceso de descomposición anaeróbica”.
No obstante, advirtieron las falencias del sistema. “Las celdas que no tienen cobertura y la basura que no ha sido colocada en celdas producen un lixiviado (así llaman a los residuos líquidos) de color oscuro muy contaminante, que es colectado por canales que desembocan en una laguna, todo sin impermeabilizar”, aclararon.
Como consecuencia, en esta ocasión Racedo solicitó a los peritos que contesten ocho preguntas: “¿cuáles son las celdas que tienen cobertura? ¿Dónde se localiza la basura que no ha sido colocada en celdas (esto debe ser señalado mediante un gráfico)? ¿Cuáles y cómo son los canales que parten desde las celdas de basura? ¿Cuáles son las características del suelo que permitiría la filtración del lixiviado a las capas subterráneas?”.
Los peritos también habían señalado que “los lixiviados de color oscuro escurren por canales hasta una laguna que no tiene una planta de tratamiento y son altamente contaminantes”. Por eso, Racedo también les preguntó: “¿dónde descarga el canal subterráneo que sale a la laguna?”.
El sexto interrogante estuvo dirigido a saber si los freatímetros (controlan los niveles de contaminación de las napas subterráneas) funcionan normalmente y qué registros relevantes arrojaron durante los últimos 60 días.
En séptimo lugar, Racedo pidió que describan y precisen los lugares de descarga de los ductos subterráneos que pudieran salir del predio. Además, el juez subrogante preguntó por qué el terraplén que circunda el establecimiento no sería apto para contener derrames.
El último interrogante se debe a que los profesionales (son ingenieros de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNT) habían destacado además: “en épocas de lluvias intensas, el terraplén (en él está ubicada la planta de tratamiento, en un perímetro elevado respecto del nivel general del terreno) no es apto para contener el derrame de los residuos líquidos contaminados hacia el curso de agua del río Salí, porque la planta no tiene descargas pluviales a la vista”.