Más de 210 ex empleados del Banco de la Provincia de Tucumán vienen reclamando la equiparación de sus haberes pasivos con los que perciben los jubilados transferidos a la Nación que también trabajaban en la entidad financiera antes de su privatización. En la última semana plantearon su situación al vicario del Arzobispado, monseñor Melitón Chávez; a la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi).
La equiparación fue sancionada por ley en 2005, pero la norma fue vetada por el Gobierno. El año pasado, se consensuó un nuevo proyecto, que fue elevado a la Legislatura con las firmas del gobernador José Alperovich y del ministro de Economía, Jorge Jiménez. La iniciativa obtuvo dictámenes favorables de las comisiones de Hacienda y de Legislación General, pero el Poder Ejecutivo la retiró antes de que llegue al recinto.
“No entendemos por qué se dispuso que no se la trate. Hemos recorrido pasillos y despachos sin obtener respuestas, y ya nadie nos atiende”, afirmó Carlos Romano. El promedio de haberes que perciben rondan los $ 800 por mes, y son pagados por Rentas Generales, mientras que los transferidos cobran el 70% móvil de la Nación (así figura en la ley de traspaso). El desfase entre los grupos es del 170%.
“El ministro Jiménez nos dijo que la diferencia era un vuelto para la Provincia. No sabemos si hay un capricho de alguien, pero sentimos animosidad. No existe impedimento legal alguno para que se atienda nuestro pedido, pero falta diálogo”, señaló Juan Carlos Rivadeneira. César Hernández, por su parte, dijo que el aporte extra significaría una erogación de $ 268.000 por mes para el erario.
La equiparación fue sancionada por ley en 2005, pero la norma fue vetada por el Gobierno. El año pasado, se consensuó un nuevo proyecto, que fue elevado a la Legislatura con las firmas del gobernador José Alperovich y del ministro de Economía, Jorge Jiménez. La iniciativa obtuvo dictámenes favorables de las comisiones de Hacienda y de Legislación General, pero el Poder Ejecutivo la retiró antes de que llegue al recinto.
“No entendemos por qué se dispuso que no se la trate. Hemos recorrido pasillos y despachos sin obtener respuestas, y ya nadie nos atiende”, afirmó Carlos Romano. El promedio de haberes que perciben rondan los $ 800 por mes, y son pagados por Rentas Generales, mientras que los transferidos cobran el 70% móvil de la Nación (así figura en la ley de traspaso). El desfase entre los grupos es del 170%.
“El ministro Jiménez nos dijo que la diferencia era un vuelto para la Provincia. No sabemos si hay un capricho de alguien, pero sentimos animosidad. No existe impedimento legal alguno para que se atienda nuestro pedido, pero falta diálogo”, señaló Juan Carlos Rivadeneira. César Hernández, por su parte, dijo que el aporte extra significaría una erogación de $ 268.000 por mes para el erario.







