Un juez analiza si los reclusos reciben tratamiento inhumano

"¡Nos están cagando de hambre! ¡Nos pegan todos los días! ¡Por favor vayan a ver lo que está pasando ahí!", gritó Lucas González antes de ser golpeado en los pasillos de Tribunales por los miembros del equipo Lagarto, grupo de choque del Servicio Penitenciario provincial. El asesino de María Fernanda Chaila fue uno de los cuatro reclusos que se presentó ante el juez Juan Francisco Pisa para denunciar los castigos que dicen que reciben en la Unidad de Máxima Seguridad de Villa Urquiza.
El jueves a la mañana los reos Miguel Angel Valor y José Ariel Pérez subieron a los techos del flamante sector del penal para protestar por sus condiciones de alojamiento. Por este reclamo, habrían resultado castigados sus compañeros de encierro. Ello motivó que el abogado Roberto Flores planteara un recurso de hábeas corpus a favor de los detenidos Carlos Javier Bellido, Camilo Surice, Luis Conde, Walter Ceferino Nadal, Jorge Luis Galván, González y Pérez.
El juez Pisa intervino y dio plazo de una hora para que los denunciantes fueran llevados a Tribunales para ser revisados por el médico forense, orden que nunca se cumplió y por lo que el magistrado analiza procesar por desobediencia judicial a las autoridades del Servicio Penitenciario.

Escándalo
Ayer a la mañana, después de que se confirmara que los reclusos prestarían declaración ante el magistrado, el edificio del ex Comando fue custodiado por más de 30 policías de Infantería. A ellos se sumaron más de diez hombres de los Lagartos y personal del destacamento de Tribunales.
La situación más crítica se vivió cuando los guardicárceles agredieron a González y a los periodistas que registraban las imágenes. El incidente se agravó aún más cuando los integrantes del clan "Gardelitos", al ver la paliza que le estaban propinando al acusado de homicidio, intentaron protegerlo.
González fue trasladado nuevamente al penal y luego sus compañeros declararon ante Pisa. "Es un campo de concentración. Me corté los brazos como protesta porque nos tratan como perros. Somos presos, no animales", aseguró Nadal.
Pérez, uno de los reclusos que se subió el miércoles al techo, notoriamente demacrado, expresó: "no nos dan de comer. Nos inventan inconductas para sancionarnos y mantenernos en Máxima Seguridad. Estamos hartos de vivir así". "Esto va a terminar muy mal, si no se hace algo pronto, nos terminarán matando a todos. Nos quieren eliminar", expresó Conde.
Al hablar con Pisa, los seis reclusos coincidieron en sus declaraciones. Según confió una fuente judicial, antes de ser revisados por el médico forense, se quejaron por la mala alimentación que reciben, denunciaron que sufren castigos físicos y psicológicos por parte de los guardicárceles y dijeron prácticamente no tienen contactos con sus familiares. A pesar de los constantes llamados telefónicos ni el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, ni Roberto Guyot, director de Institutos Penales, no pudo ser contactado por LA GACETA para que diera a conocer su versión sobre las denuncias.

Malestar
"Esta historia no termina nunca. Al no haber tenido respuesta de nadie, vamos a presentar una denuncia ante la Secretaría de Derechos Humanos por lo que está ocurriendo en Máxima Seguridad", expresó Flores en Tribunales.
Pisa es el tercer magistrado del fuero local que interviene en denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de los reos que se encuentran alojados en Máxima Seguridad. El primero fue Alfonso Zottoli, quien ordenó a Guyot que mejorara las condiciones de alojamiento de los internos de ese sector del penal.
Luego, la jueza Ema de Nucci, rechazó un planteo de habeas corpus interpuesto por Flores en favor de varios de sus defendidos. Por último, el juez federal Mario Racedo también debe analizó e hizo lugar a un planteo de hábeas corpus interpuesto por el defensor de González, ya que también está a su disposición a raíz de una investigación por el asalto a una sucursal del Banco Nación. El magistrado ordenó cambios en el sistema de detención de González.
La situación de los internos de la unidad de Máxima Seguridad también fue denunciada en la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. "Hasta el momento, y a pesar de que pasaron 40 días de la presentación que realizamos, esta comisión no elaboró ningún dictamen. Su informe es fundamental para que se sepa qué esta ocurriendo allí", concluyó Flores.