La transferencia del ex edificio de Rentas a la Caja Popular preocupa a las representantes de la UNT y de la Unsta, en la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.
Las arquitectas Silvia Rossi y Gabriela Lo Giudice puntualizaron, en una nota al presidente del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzmán, que la comisión sólo trató el tema en una reunión informativa y no resolutiva porque no había quórum. En ese encuentro estuvo el titular de la Caja, Mario Koltan, quien expuso su plan para el edificio. Las expertas remarcaron que no hubo ningún consenso sobre el modo jurídico adecuado de garantizar que el edificio quede en el Estado. Por ello, negaron que se haya emitido un dictamen favorable al traspaso, paso indispensable para que se concrete, y que figuraría en una resolución remitida al Poder Ejecutivo. Rossi y Lo Giudice pusieron en duda que exista el expediente 2146-110-C-2008; resaltaron que no avalaron ningún trámite (por el contrario, objetaron la operación por falta de precisión legal), e hicieron reserva de actuar judicialmente en caso de que aparezca un dictamen falso.
La ley sancionada el pasado jueves por el oficialismo ratificó el DNU 49/01, el cual remarca que la sede de Maipú y San Martín no es apropiada para la administración pública y que se deben adoptar medidas para evitar daños irreversibles por falta de uso.
En la parte resolutiva del DNU se establece que el traspaso se concreta en las condiciones de la ley 7.535, que creó el sistema de protección del Patrimonio Cultural y los Bienes Arquitectónicos.
Las arquitectas Silvia Rossi y Gabriela Lo Giudice puntualizaron, en una nota al presidente del Ente Cultural de Tucumán, Mauricio Guzmán, que la comisión sólo trató el tema en una reunión informativa y no resolutiva porque no había quórum. En ese encuentro estuvo el titular de la Caja, Mario Koltan, quien expuso su plan para el edificio. Las expertas remarcaron que no hubo ningún consenso sobre el modo jurídico adecuado de garantizar que el edificio quede en el Estado. Por ello, negaron que se haya emitido un dictamen favorable al traspaso, paso indispensable para que se concrete, y que figuraría en una resolución remitida al Poder Ejecutivo. Rossi y Lo Giudice pusieron en duda que exista el expediente 2146-110-C-2008; resaltaron que no avalaron ningún trámite (por el contrario, objetaron la operación por falta de precisión legal), e hicieron reserva de actuar judicialmente en caso de que aparezca un dictamen falso.
La ley sancionada el pasado jueves por el oficialismo ratificó el DNU 49/01, el cual remarca que la sede de Maipú y San Martín no es apropiada para la administración pública y que se deben adoptar medidas para evitar daños irreversibles por falta de uso.
En la parte resolutiva del DNU se establece que el traspaso se concreta en las condiciones de la ley 7.535, que creó el sistema de protección del Patrimonio Cultural y los Bienes Arquitectónicos.







