Avalan cambios en la ley de Administración Financiera

Miranda habría dado el visto bueno para que se efectúen esas reformas. Aguarda el dictamen de la Fiscalía de Estado.

Por Redacción Política 02 Enero 2003
El Poder Ejecutivo promulgaría hoy el polémico proyecto de ley, sancionado el viernes, por el que se modifican artículos de la Ley de Administración Financiera de la Provincia. El lunes pasado, el gobernador Julio Miranda habría dado el visto bueno para que se efectúen esas reformas.
Fuentes cercanas al mandatario afirmaron ayer a LA GACETA que en el PE existe el criterio de avanzar con la norma que, entre otros puntos, le da el carácter de inamovibles a los vocales del Tribunal de Cuentas. Según algunos funcionarios, la intención de Miranda es la de no chocar con las decisiones de la Legislatura.
El jefe del Ejecutivo aguardará hoy el dictamen de la Fiscalía de Estado para firmar la promulgación de la ley que, según los integrantes del gabinete, fue comunicada el lunes por la Cámara. El proyecto presentado por la bancada radical en la sesión del viernes pasado generó un fuerte debate entre los miembros del interbloque opositor. Los peronistas Julio Díaz Lozano y Osvaldo Cirnigliaro rechazaron la iniciativa, al considerar que la sanción de la norma atentaría contra la independencia del Tribunal de Cuentas.

El período
La Ley de Administración Financiera establecía que los vocales del organismo de control se renovarían cada cuatro años con la posibilidad de ser reelectos, de acuerdo con el comportamiento que demuestren en sus funciones. Actualmente, el Tribunal de Cuentas está presidido por Darío Domingo de Prada y son vocales Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf.
Luego de la aprobación del proyecto por parte del cuerpo, los radicales señalaron que el carácter de inamovibles para los conductores del organismo de contralor tendrá validez para la próxima composición.
La reforma a la Ley de Administración Financiera también incorpora el control de los gastos de las comunas rurales y de los municipios, cualquiera sea la procedencia de los fondos (ATN, Pacto Social, ayudas reintegrables, entre otras). También endurece las sanciones para aquellos funcionarios que incumplan los procedimientos administrativos.

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