Denuncian una campaña contra Villalba

Respeto al sistema jurídico.Al Consejo Aquidiocesanode Laicos le llama la atención que, después de 12 años de aprobada la Constitución, nadie haya intentado modificarla. Cumplir las normas.

“DECLARACIONES CLARAS”. El arzobispo recibió apoyos de quienes sostienen que sectores políticos promueven un debate interesado.
“DECLARACIONES CLARAS”. El arzobispo recibió apoyos de quienes sostienen que sectores políticos promueven un debate interesado.
Por Redacción Política 30 Diciembre 2002
El arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba, recibió la solidaridad del Consejo Arquidiocesano de Laicos, de la Escuela de Formación Política Proyecto Nacional y del Movimiento por la Segunda República Argentina, en relación con sus declaraciones sobre la Constitución provincial y la fe religiosa que debe profesar el gobernador.
La comisión ejecutiva de Consejo Arquidiocesano de Laicos, a través de Luis Antonio Assaf, señaló que el arzobispo se limitó a poner de manifiesto que, si existe una norma, esta debe ser cumplida. "O sea que en ningún momento se pronunció sobre las condiciones religiosas que debería reunir el próximo gobernador", agregó.
Apuntó que una correcta lectura de los dichos del pastor pone de manifiesto que no hay en ellas intencionalidad de discriminar a persona o a grupo alguno. "Monseñor dijo que si la norma no es buena o resulta inconveniente habría que cambiarla", acotó.
Además, indicó que el sistema jurídico democrático tiene prevista una serie de procedimientos para derogar las leyes: modificarlas o lograr una declaración de inconstitucionalidad. "Pero no hay procedimiento alguno para incumplirlas", destacó.También señaló que llama la atención que pese a haber pasado doce años desde la vigencia de la Constitución provincial y ocho desde la sanción de la Carta Magna nacional -que derogó la exigencia de catolicidad del Presidente-, nadie haya utilizado alguno de los medios referidos para modificar la cláusula del texto provincial que hoy genera una infundada polémica.
Finalmente, la organización expresó que sólo en el marco del respeto del sistema jurídico podrá lograrse la tan ansiada reconstrucción del país.

Polémica artificial
"Las declaraciones del arzobispo han sido muy claras respecto de la necesidad del momento de cumplir con las normas antes de pensar en su reforma, sobre todo de la Constitución". Así lo señalaron Carlos Castillo, Alberto Villa y Abel González (Escuela de Formación Política Proyecto Nacional) y Federico Arroyo (Movimiento por la Segunda República Argentina).
Aseguran que la posición de Villalba es conteste con el sentir de todo el pueblo tucumano, que se expresó en reiteradas ocasiones en contra de la reforma, "entendiéndola como una cuestión secundaria promovida por algunos sectores con intereses definidos". "La polémica es artificialmente desatada por esos sectores", añaden.
"Ante la clara campaña de desprestigio, expresamos nuestra más profunda solidaridad con monseñor Villalba", señalaron. Además sostienen que es absolutamente necesario el cumplimiento de las leyes. Finalmente, apuntan que les extraña que los ataques a Villalba provengan de senadores, "oportunistas como nadie par tender gruesas cortinas de humo sobre temas menos amables a sus intereses".
Por su lado, la Iglesia Filadelfia Pentecostal Unida rechazó la discriminación religiosa para elegir y ser elegido. Afirma que los que profesan otros credos, también son capaces de gobernar.

La Nación aludió a proscripciones

El diario "La Nación", en su editorial, consideró difícil de aceptar a estas alturas de los tiempos que un ciudadano no pueda aspirar al principal cargo político de la estructura provincial por su condición religiosa.
Lo hizo en referencia a las expresiones del arzobispo de Tucumán, monseñor Luis Héctor Villalba. "Sus declaraciones generaron un comprensible malestar, ya que el dirigente peronista José Alperovich, de origen judío, no podría presentarse como candidato a la gobernación por no profesar el credo católico", apunta el matutino.
Recuerda que el artículo 80 de la Constitución tucumana establece que el gobernador debe ser católico apostólico romano, pero menciona que esa exigencia aparece como un resabio puramente formal de criterios que estaban en boga en otro tiempo y que son inconciliables con los principios que imperan en la sociedad actual argentina.
Señala que la Constitución nacional de 1853 incluía una exigencia similar, pues establecía que el Presidente de la República debía profesar la religión católica apostólica romana. Pero ese requisito fue eliminado por la reforma de 1994. "La subsistencia de una exigencia idéntica en la Constitución tucumana debe ser considerada como una rémora formalista y no debería ya ser invocada pues resulta irritativa y lesiona el principio de la igualdad de todos los ciudadanos, que la propia legislación constitucional consagra", apunta.
Añade que el argumento de que en la Argentina la mayoría de la población es católica no alcanza para justificar una exclusión proscriptiva que, de concretarse, dañaría el espíritu de integración de los argentinos por encima de toda discriminación étnica o religiosa.
Tras aludir a la ineptitud de Julio Miranda para gobernar Tucumán, La Nación señaló que la provincia aguarda de los candidatos propuestas que estén a la altura de los desafíos y, por supuesto, que sean idóneos.

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