El radicalismo defendió ayer su propuesta de modificar el articulado de la Ley de Administración Financiera de la Provincia, sancionada el viernes por la Legislatura. Los legisladores José Ascárate, Federico Romano Norri y Osvaldo Morelli indicaron ayer a LA GACETA que se sorprendieron porque pensaron que la comisión de Hacienda iba a archivar la iniciativa radical que, según dijeron, llevó más de tres meses de elaboración. "Viene a cubrir vacíos que tiene la ley de Administración Financiera", recalcaron.
Sobre la polémica suscitada en el mismo interbloque legislativo, del que también es parte la UCR, respecto de la duración del mandato de los vocales del Tribunal de Cuentas, Ascárate reconoció que serán inamovibles mientras dure su buena conducta en el cargo y que esta cláusula se aplicará desde la próxima conformación.
Romano Norri fue más allá. Dijo que el carácter de inamovible (establecido en el artículo 118) se tornará vitalicio en la medida de la idoneidad y del desempeño de los funcionarios del organismo de control del Estado.
El mencionado artículo no establece la duración del mandato, como sí se estableció en el original (cuatro años). "Pero podrán ser removidos en el cargo, con causa justificada, y con el voto de los dos tercios del total de legisladores", puntualizó Romano Norri.
Presos de una interna
Tras el debate realizado en la sesión del viernes, Ascárate observó que se perdió de vista que la reforma a la ley promovía también que el 30% del presupuesto provincial y que va a comunas rurales y a municipios (vía pacto social, ATN, anticipos financieros y otras ayudas) "cae ahora bajo el control del Tribunal de Cuentas".
De hecho que la discusión protagonizada en el recinto y que tuvo como único protagonista al interbloque, abrió profundas grietas en ese arco opositor. Ascárate, Romano Norri y Morelli están convencidos de que los peronistas díscolos Osvaldo Cirnigliaro y Julio Díaz Lozano (miembros del interbloque y críticos del proyecto) "trataron de manchar a la UCR, politizando la discusión sobre los cambios en la ley de Administración Financiera de la Provincia".
"Ambos están inmersos en la interna del PJ, lo que obligará a efectuar una revisión de conductas dentro del interbloque", remarcó Romano Norri.
Precisamente esa bancada legislativa opositora al gobierno de Julio Miranda fue la plataforma para la conformación de un movimiento político interpartidario y con proyecciones electorales. Hoy, según reconocieron algunos radicales, está al borde de la ruptura.
Piden la creación de un consejo evaluador
Las modificaciones efectuadas a la Ley de Administración Financiera de la Provincia no resultan claras respecto del futuro del Tribunal de Cuentas. Así lo afirmó el legislador socialista Rodolfo Succar, quien objetó la incorporación del artículo 210 que dejaría automáticamente como inamovibles a los conductores del organismo de control.
Succar cree que, para el futuro, sería más oportuno que los integrantes del Tribunal de Cuentas surjan de un consejo de evaluación, similar al Consejo de la Magistratura. El socialista sostuvo que en ese cuerpo tendrían que participar representantes de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UNT y de la UNSTA, y de los colegios de Abogados y de Graduados en Ciencias Económicas, entre otros. "Ese consejo tendría que hacer la evaluación preliminar que dé lugar a los pliegos que, previo paso por el PE, sean tratados luego por la Legislatura", sugirió.
Según Succar, esa modalidad ayudará a afianzar la necesaria independencia, estabilidad e idoneidad que deben poseer los integrantes del Tribunal de Cuentas. El socialista recordó que en 1999 se opuso a la "remoción arbitraria", efectuada por el PE, de los anteriores miembros. "Hoy, con el proyecto de ley sancionado, el oficialismo vuelve sobre sus pasos, aunque no sabremos cuáles serán sus intenciones", dijo.
La perpetuidad dio malos resultados, según Parajón
El legislador de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, fundamentó ayer su discrepancia con la ley promovida por la UCR que propicia cambios en la Ley de Administración Financiera.
Particularmente, Parajón se refirió a la duración del mandato de los vocales del Tribunal de Cuentas. "La perpetuidad para ellos, como la que tienen los jueces, dio mal resultado", consideró. A la vez, el legislador señaló que hubiera sido más conveniente que la Cámara sancionara una norma que conserve periodicidad en el mandato y sólo de cuatro años. "Cada Cámara, de acuerdo con la conducta de esos funcionarios, podrá renovarles la confianza reeligiéndolos", aclaró.El titular de Pueblo Unido puntualizó que generar cargos vitalicios significa "brindarles una perpetuidad en el poder, lo que podría resultar perjudicial para el sistema". "No se puede actuar y designar por amiguismo, como lo hizo el PJ, porque eso es precisamente lo que no quiere la sociedad", concluyó.
Sobre la polémica suscitada en el mismo interbloque legislativo, del que también es parte la UCR, respecto de la duración del mandato de los vocales del Tribunal de Cuentas, Ascárate reconoció que serán inamovibles mientras dure su buena conducta en el cargo y que esta cláusula se aplicará desde la próxima conformación.
Romano Norri fue más allá. Dijo que el carácter de inamovible (establecido en el artículo 118) se tornará vitalicio en la medida de la idoneidad y del desempeño de los funcionarios del organismo de control del Estado.
El mencionado artículo no establece la duración del mandato, como sí se estableció en el original (cuatro años). "Pero podrán ser removidos en el cargo, con causa justificada, y con el voto de los dos tercios del total de legisladores", puntualizó Romano Norri.
Presos de una interna
Tras el debate realizado en la sesión del viernes, Ascárate observó que se perdió de vista que la reforma a la ley promovía también que el 30% del presupuesto provincial y que va a comunas rurales y a municipios (vía pacto social, ATN, anticipos financieros y otras ayudas) "cae ahora bajo el control del Tribunal de Cuentas".
De hecho que la discusión protagonizada en el recinto y que tuvo como único protagonista al interbloque, abrió profundas grietas en ese arco opositor. Ascárate, Romano Norri y Morelli están convencidos de que los peronistas díscolos Osvaldo Cirnigliaro y Julio Díaz Lozano (miembros del interbloque y críticos del proyecto) "trataron de manchar a la UCR, politizando la discusión sobre los cambios en la ley de Administración Financiera de la Provincia".
"Ambos están inmersos en la interna del PJ, lo que obligará a efectuar una revisión de conductas dentro del interbloque", remarcó Romano Norri.
Precisamente esa bancada legislativa opositora al gobierno de Julio Miranda fue la plataforma para la conformación de un movimiento político interpartidario y con proyecciones electorales. Hoy, según reconocieron algunos radicales, está al borde de la ruptura.
Las modificaciones efectuadas a la Ley de Administración Financiera de la Provincia no resultan claras respecto del futuro del Tribunal de Cuentas. Así lo afirmó el legislador socialista Rodolfo Succar, quien objetó la incorporación del artículo 210 que dejaría automáticamente como inamovibles a los conductores del organismo de control.
Succar cree que, para el futuro, sería más oportuno que los integrantes del Tribunal de Cuentas surjan de un consejo de evaluación, similar al Consejo de la Magistratura. El socialista sostuvo que en ese cuerpo tendrían que participar representantes de las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UNT y de la UNSTA, y de los colegios de Abogados y de Graduados en Ciencias Económicas, entre otros. "Ese consejo tendría que hacer la evaluación preliminar que dé lugar a los pliegos que, previo paso por el PE, sean tratados luego por la Legislatura", sugirió.
Según Succar, esa modalidad ayudará a afianzar la necesaria independencia, estabilidad e idoneidad que deben poseer los integrantes del Tribunal de Cuentas. El socialista recordó que en 1999 se opuso a la "remoción arbitraria", efectuada por el PE, de los anteriores miembros. "Hoy, con el proyecto de ley sancionado, el oficialismo vuelve sobre sus pasos, aunque no sabremos cuáles serán sus intenciones", dijo.
El legislador de Pueblo Unido, Gumersindo Parajón, fundamentó ayer su discrepancia con la ley promovida por la UCR que propicia cambios en la Ley de Administración Financiera.
Particularmente, Parajón se refirió a la duración del mandato de los vocales del Tribunal de Cuentas. "La perpetuidad para ellos, como la que tienen los jueces, dio mal resultado", consideró. A la vez, el legislador señaló que hubiera sido más conveniente que la Cámara sancionara una norma que conserve periodicidad en el mandato y sólo de cuatro años. "Cada Cámara, de acuerdo con la conducta de esos funcionarios, podrá renovarles la confianza reeligiéndolos", aclaró.El titular de Pueblo Unido puntualizó que generar cargos vitalicios significa "brindarles una perpetuidad en el poder, lo que podría resultar perjudicial para el sistema". "No se puede actuar y designar por amiguismo, como lo hizo el PJ, porque eso es precisamente lo que no quiere la sociedad", concluyó.
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