El oficialismo se convirtió ayer en un mero espectador del polémico debate del sancionado proyecto radical que reforma varios artículos de la Ley de Administración Financiera de la provincia. En la sesión de ayer, hubo consenso respecto de la necesidad de controlar el presupuesto de las comunas rurales y de profundizar esa tarea de contralor en toda la administración pública. Además, se endurecerán las sanciones para aquellos funcionarios y agentes (multas de hasta diez veces el monto de su sueldo) que incumplan con las rendiciones de cuentas o desobedezcan resoluciones del Tribunal de Cuentas. "La transparencia en el manejo de las cuentas públicas es lo que solicitan la sociedad y la Nación", justificó Rubén Chebaia, uno de los que firmó la iniciativa reformadora.
El consenso se terminó a la hora de analizar la duración y designación de los tres vocales del Tribunal de Cuentas. La ley sancionada establece que aquellos serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Permanecerán inamovibles en sus cargos y sólo podrán ser separados por causa justificada y con 27 votos del cuerpo. Ese artículo encendió la polémica. Los peronistas disidentes Julio Díaz Lozano y Osvaldo Cirnigliaro y el socialista Rodolfo Succar reclamaron en el recinto que se discuta a fondo ese artículo que se complementa con otra modificación. Se trata del artículo 210 que dispone que los actuales vocales (Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf) continuarán en sus funciones sin término. La Ley de Administración Financiera fijaba que esos integrantes del Tribunal de Cuentas debían ser renovados cada cuatro años, con posibilidad de reelección.
Carácter de vitalicio
En su exposición, Díaz Lozano pidió que la iniciativa volviera a comisión. Cuestionó que un gobernador sea quien designe a los que ejercerán controlarán a su gestión, "por lo que se pierde el principio de independencia". El peronista interpretó que el criterio de inamovilidad de los vocales significaría la recuperación del carácter de vitalicio.
Ese mismo planteo hizo Cirnigliaro, quien preguntó "cómo puede ser que haya tantos casos investigados por la Fiscalía Anticorrupción; que la Justicia descubra malversación de fondos y el Tribunal no haya hecho ninguna salvedad". "Este es un Tribunal de Cuentas que trabaja para el Gobierno, para ocultar y no para descubrir", denunció.
La iniciativa, que contó con la anuencia del oficialismo, será girada al PE para su promulgación o veto. El radical José Ascárate señaló que, a partir de esta ley, la continuidad de los miembros del Tribunal no estará sujeta a los vaivenes políticos con los cambios de gobierno. Negó, además, que tengan carácter vitalicio.
Sin municipios rurales
José Gutiérrez (PJ) había preparado una fiesta si lograba la aprobación de su proyecto para crear Municipalidades rurales. La propuesta volvió a comisión para su análisis. Gerónimo Vargas Aignasse advirtió que si la iniciativa fuera sancionada adolecería de errores constitucionales. "El Estado no resiste un nuevo desacierto en materia de recursos. El Pacto Social achanchó a los intendentes, quienes no tienen estrategias recaudatorias", afirmó.
Los convencionales
Una ley sancionada ayer establece los requisitos que deben cumplir los convencionales constituyentes que se encargarían de reformar la Constitución provincial. Las calidades que deberán reunir esos constituyentes (trabajarán ad honorem) son: ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida; 25 años cumplidos de edad y estar domiciliado en la provincia. La Convención tendrá una duración de 45 días corridos desde su constitución.
El consenso se terminó a la hora de analizar la duración y designación de los tres vocales del Tribunal de Cuentas. La ley sancionada establece que aquellos serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura. Permanecerán inamovibles en sus cargos y sólo podrán ser separados por causa justificada y con 27 votos del cuerpo. Ese artículo encendió la polémica. Los peronistas disidentes Julio Díaz Lozano y Osvaldo Cirnigliaro y el socialista Rodolfo Succar reclamaron en el recinto que se discuta a fondo ese artículo que se complementa con otra modificación. Se trata del artículo 210 que dispone que los actuales vocales (Darío Domingo de Prada, Sergio Díaz Ricci y Miguel Chaibén Terraf) continuarán en sus funciones sin término. La Ley de Administración Financiera fijaba que esos integrantes del Tribunal de Cuentas debían ser renovados cada cuatro años, con posibilidad de reelección.
Carácter de vitalicio
En su exposición, Díaz Lozano pidió que la iniciativa volviera a comisión. Cuestionó que un gobernador sea quien designe a los que ejercerán controlarán a su gestión, "por lo que se pierde el principio de independencia". El peronista interpretó que el criterio de inamovilidad de los vocales significaría la recuperación del carácter de vitalicio.
Ese mismo planteo hizo Cirnigliaro, quien preguntó "cómo puede ser que haya tantos casos investigados por la Fiscalía Anticorrupción; que la Justicia descubra malversación de fondos y el Tribunal no haya hecho ninguna salvedad". "Este es un Tribunal de Cuentas que trabaja para el Gobierno, para ocultar y no para descubrir", denunció.
La iniciativa, que contó con la anuencia del oficialismo, será girada al PE para su promulgación o veto. El radical José Ascárate señaló que, a partir de esta ley, la continuidad de los miembros del Tribunal no estará sujeta a los vaivenes políticos con los cambios de gobierno. Negó, además, que tengan carácter vitalicio.
José Gutiérrez (PJ) había preparado una fiesta si lograba la aprobación de su proyecto para crear Municipalidades rurales. La propuesta volvió a comisión para su análisis. Gerónimo Vargas Aignasse advirtió que si la iniciativa fuera sancionada adolecería de errores constitucionales. "El Estado no resiste un nuevo desacierto en materia de recursos. El Pacto Social achanchó a los intendentes, quienes no tienen estrategias recaudatorias", afirmó.
Una ley sancionada ayer establece los requisitos que deben cumplir los convencionales constituyentes que se encargarían de reformar la Constitución provincial. Las calidades que deberán reunir esos constituyentes (trabajarán ad honorem) son: ciudadanía natural en ejercicio o legal después de dos años de obtenida; 25 años cumplidos de edad y estar domiciliado en la provincia. La Convención tendrá una duración de 45 días corridos desde su constitución.
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