Ayer, durante cuatro horas, el ex presidente de la Caja Popular de Ahorros, Ricardo Quintana, declaró nuevamente ante la Fiscalía Anticorrupción, como imputado por la presunta entrega irregular de 17 créditos por $ 14,5 millones durante el gobierno de Ramón Ortega.
Quintana se refirió a los préstamos concedidos a Raúl Mirande ($ 80.000 para la compra de una vivienda) y a la Cooperativa de Tafí Viejo Agrícola de Transformación y Comercialización (COTA) por $ 3 millones.
"Aclaré los conceptos de la denuncia. Todas las pruebas están en los expedientes, pero se perdieron de vista en la investigación. El crédito a Mirande estaba garantizado con una hipoteca y el que se dio a COTA con prendas y avales personales de los directores", señaló. Sin embargo, en la imputación el fiscal Esteban Jerez afirma que el préstamo a Mirande fue entregado cuando era deudor moroso, con un patrimonio negativo, y hoy se halla impago, sin garantía y en litigio. En el caso de COTA, los fondos fueron desembolsados antes de que se produzca el aval y de que se constituya la prenda, según Jerez.
Quintana resaltó que el Tribunal de Cuentas y el perito que intervino en la querella concluyeron que no hubo daño patrimonial al Estado. No obstante, reconoció que el fiscal cumple con su función al reabrir una causa cerrada y hacer preguntas por sus legítimas dudas.
"Esta causa tiene un origen político. Es un producto de la gestión de Antonio Bussi. No obstante, soy el primer interesado en esclarecer este asunto y no tengo nada que ocultar. Jerez no tiene nada que ver con esa intencionalidad", concluyó.
Quintana se refirió a los préstamos concedidos a Raúl Mirande ($ 80.000 para la compra de una vivienda) y a la Cooperativa de Tafí Viejo Agrícola de Transformación y Comercialización (COTA) por $ 3 millones.
"Aclaré los conceptos de la denuncia. Todas las pruebas están en los expedientes, pero se perdieron de vista en la investigación. El crédito a Mirande estaba garantizado con una hipoteca y el que se dio a COTA con prendas y avales personales de los directores", señaló. Sin embargo, en la imputación el fiscal Esteban Jerez afirma que el préstamo a Mirande fue entregado cuando era deudor moroso, con un patrimonio negativo, y hoy se halla impago, sin garantía y en litigio. En el caso de COTA, los fondos fueron desembolsados antes de que se produzca el aval y de que se constituya la prenda, según Jerez.
Quintana resaltó que el Tribunal de Cuentas y el perito que intervino en la querella concluyeron que no hubo daño patrimonial al Estado. No obstante, reconoció que el fiscal cumple con su función al reabrir una causa cerrada y hacer preguntas por sus legítimas dudas.
"Esta causa tiene un origen político. Es un producto de la gestión de Antonio Bussi. No obstante, soy el primer interesado en esclarecer este asunto y no tengo nada que ocultar. Jerez no tiene nada que ver con esa intencionalidad", concluyó.
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