26 Mayo 2008
La polémica frase, acuñada por un profesional del marketing político, admitía que con ganar las elecciones no alcanza para despreocuparse durante cuatro años del humor social. Los gobernantes actuales necesitan renovar semana tras semana su consenso social a través de actos y gestos de gobierno, ya que perder el apoyo de la opinión pública a mitad de mandato puede resultar fatal para cualquiera en nuestro tiempo. La política está crecientemente regida por la comunicación; renovar constantemente la aprobación, es la "campaña permanente".
Esta realidad plantea algunas virtudes potenciales y muchos defectos reales. Entre las virtudes potenciales, tenemos un control de los gobernantes por parte de la opinión pública que obligaría a éstos a una mayor rendición de cuentas, resolviendo así un viejo problema de la democracia representativa. Pero en los hechos, el modelo de la campaña permanente produce con demasiada frecuencia gobernantes que son, en realidad, cáscaras vacías, que viven para comunicar y se alejan progresivamente de la gestión programática y la búsqueda del bienestar general. Las elecciones democráticas son constituyentes de un gobierno votado por la mayoría pero luego la opinión pública se convierte en una amenaza destituyente; el político se convierte en un profesional de las encuestas, los micrófonos y las operaciones.
Una consecuencia de este espectáculo de la política contemporánea, es el electoralismo continuo. Los partidos, convertidos en máquinas electorales profesionales, al día siguiente de una elección comienzan a trabajar en la que viene. La campaña electoral es el motor de la actividad política y eso, si bien la dinamiza y le proporciona toda esa energía espectacular -adictiva para muchos- que tienen la "rosca" y la competencia por el poder, consume enormes recursos materiales y de tiempo. Las oficinas públicas se paralizan. Por eso, en los países con mejores instituciones políticas, la campaña está regulada: solo se permite durante una limitada cantidad de tiempo (30, 45 o 60 días) antes del día de la elección, quedando prohibida la publicidad política en las calles y los medios de comunicación. Tampoco son permitidos, en muchos de estos países, los actos de campaña, y existe una sanción social para aquellos dirigentes que se abocan a la adicción electoral fuera de los plazos permitidos.
En Argentina también tenemos leyes que regulan la duración de las campañas pero son constantemente desobedecidas. El único límite existente, es la falta de dinero. Los propios oficialismos utilizan la inauguración de obras como excusa para realizar actos electorales fuera de término, y en los últimos comicios, se abusó de la práctica de los afiches y spots televisivos antes de tiempo, con el artilugio de que evitaban aclarar para que cargo se postulaban. Aún la Dra. Carrió, una especialista en instituciones electorales, ya ha lanzado su candidatura para 2009 en un acto partidario. Como la ley no se aplica, tampoco la sanción social. Es por eso que, en los debates sobre reforma electoral que van y vienen, muchos sostienen que en Argentina, como en Uruguay, se debería votar todo cada cuatro años, sin elecciones de medio término.
Esta realidad plantea algunas virtudes potenciales y muchos defectos reales. Entre las virtudes potenciales, tenemos un control de los gobernantes por parte de la opinión pública que obligaría a éstos a una mayor rendición de cuentas, resolviendo así un viejo problema de la democracia representativa. Pero en los hechos, el modelo de la campaña permanente produce con demasiada frecuencia gobernantes que son, en realidad, cáscaras vacías, que viven para comunicar y se alejan progresivamente de la gestión programática y la búsqueda del bienestar general. Las elecciones democráticas son constituyentes de un gobierno votado por la mayoría pero luego la opinión pública se convierte en una amenaza destituyente; el político se convierte en un profesional de las encuestas, los micrófonos y las operaciones.
Una consecuencia de este espectáculo de la política contemporánea, es el electoralismo continuo. Los partidos, convertidos en máquinas electorales profesionales, al día siguiente de una elección comienzan a trabajar en la que viene. La campaña electoral es el motor de la actividad política y eso, si bien la dinamiza y le proporciona toda esa energía espectacular -adictiva para muchos- que tienen la "rosca" y la competencia por el poder, consume enormes recursos materiales y de tiempo. Las oficinas públicas se paralizan. Por eso, en los países con mejores instituciones políticas, la campaña está regulada: solo se permite durante una limitada cantidad de tiempo (30, 45 o 60 días) antes del día de la elección, quedando prohibida la publicidad política en las calles y los medios de comunicación. Tampoco son permitidos, en muchos de estos países, los actos de campaña, y existe una sanción social para aquellos dirigentes que se abocan a la adicción electoral fuera de los plazos permitidos.
En Argentina también tenemos leyes que regulan la duración de las campañas pero son constantemente desobedecidas. El único límite existente, es la falta de dinero. Los propios oficialismos utilizan la inauguración de obras como excusa para realizar actos electorales fuera de término, y en los últimos comicios, se abusó de la práctica de los afiches y spots televisivos antes de tiempo, con el artilugio de que evitaban aclarar para que cargo se postulaban. Aún la Dra. Carrió, una especialista en instituciones electorales, ya ha lanzado su candidatura para 2009 en un acto partidario. Como la ley no se aplica, tampoco la sanción social. Es por eso que, en los debates sobre reforma electoral que van y vienen, muchos sostienen que en Argentina, como en Uruguay, se debería votar todo cada cuatro años, sin elecciones de medio término.
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