Los convencionales de 1990 establecieron que el gobernador debe jurar por Dios, la Patria y los Santos Evangelios (artículo 80 de la Constitución provincial) porque la mayoría de la sociedad tucumana es católica.
"Pusimos la obligación de este juramento a la primera magistratura de la provincia, porque nadie puede negar que Tucumán se conforma con una mayoría católica del 99,5%. Y no es excluir a nadie, sino ajustarse a la realidad cultural de la población. Lo mismo ocurre en Israel donde, por más que lo elijan, un católico no podría ser presidente", afirmó a LA GACETA el titular de la Convención Constituyente de 1990, Julio César Alvarez Suriani.
El republicano disiente con quienes sostienen que es inconstitucionalidad del artículo 80, porque según el Pacto de San José de Costa Rica, receptado por la Constitución Nacional de 1994, una persona tiene derecho a ser elegida a un cargo público independientemente de su religión. "Las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Uno de ellos es la facultad de darse una forma de gobierno y, dentro de ella, el juramento de sus funcionarios. Es así que no violentamos ninguna norma ni nacional ni internacional", acotó.
El respeto por la ley
Alvarez Suriani concluyó que, si se quiere cambiar el juramento para que un no católico pueda ser gobernador, previamente hay que reformar la Constitución. "Como dice el arzobispo Luis Villalba, hay que empezar por respetar las leyes. ?Dura lex, sed lex? (?dura es la ley, esa es la ley?), sostenían los romanos", dijo.
El constitucionalista Luis Iriarte aseveró que el artículo 80 no fue establecido porque sí nomás. "El artículo 74 (prevé las condiciones para ser gobernador) debe interpretarse armónicamente con el 80, que establece la exigencia de la confesión católica, y con el artículo 24 (obliga al gobierno a cooperar al sostenimiento del culto católico). Esta norma indica claramente que, tanto en el orden provincial como en el nacional, existe libertad, pero no igualdad de cultos", manifestó.
Iriarte señaló que la exigencia de una determinada confesionalidad en los gobernantes, como sucede en Israel y en los países islámicos, no responde a una cuestión sólo religiosa. "Rechazo la acusación de discriminadores a quienes, a través de ciertas normas constitucionales, defendemos nuestra identidad hispánica y católica. No puedo imaginarme a José Alperovich asistiendo a los solemnes Te Deum en la Iglesia para conmemorar las fechas patrias, salvo que él piense que el sillón de Lucas Córdoba vale más que una misa y decida bautizarse por simple fórmula", concluyó.
"Pusimos la obligación de este juramento a la primera magistratura de la provincia, porque nadie puede negar que Tucumán se conforma con una mayoría católica del 99,5%. Y no es excluir a nadie, sino ajustarse a la realidad cultural de la población. Lo mismo ocurre en Israel donde, por más que lo elijan, un católico no podría ser presidente", afirmó a LA GACETA el titular de la Convención Constituyente de 1990, Julio César Alvarez Suriani.
El republicano disiente con quienes sostienen que es inconstitucionalidad del artículo 80, porque según el Pacto de San José de Costa Rica, receptado por la Constitución Nacional de 1994, una persona tiene derecho a ser elegida a un cargo público independientemente de su religión. "Las provincias conservan todo el poder no delegado a la Nación. Uno de ellos es la facultad de darse una forma de gobierno y, dentro de ella, el juramento de sus funcionarios. Es así que no violentamos ninguna norma ni nacional ni internacional", acotó.
El respeto por la ley
Alvarez Suriani concluyó que, si se quiere cambiar el juramento para que un no católico pueda ser gobernador, previamente hay que reformar la Constitución. "Como dice el arzobispo Luis Villalba, hay que empezar por respetar las leyes. ?Dura lex, sed lex? (?dura es la ley, esa es la ley?), sostenían los romanos", dijo.
El constitucionalista Luis Iriarte aseveró que el artículo 80 no fue establecido porque sí nomás. "El artículo 74 (prevé las condiciones para ser gobernador) debe interpretarse armónicamente con el 80, que establece la exigencia de la confesión católica, y con el artículo 24 (obliga al gobierno a cooperar al sostenimiento del culto católico). Esta norma indica claramente que, tanto en el orden provincial como en el nacional, existe libertad, pero no igualdad de cultos", manifestó.
Iriarte señaló que la exigencia de una determinada confesionalidad en los gobernantes, como sucede en Israel y en los países islámicos, no responde a una cuestión sólo religiosa. "Rechazo la acusación de discriminadores a quienes, a través de ciertas normas constitucionales, defendemos nuestra identidad hispánica y católica. No puedo imaginarme a José Alperovich asistiendo a los solemnes Te Deum en la Iglesia para conmemorar las fechas patrias, salvo que él piense que el sillón de Lucas Córdoba vale más que una misa y decida bautizarse por simple fórmula", concluyó.
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