"Está entrando otra llamada. En dos minutos le hablo". Esa fue la respuesta que dio el legislador Edgardo Rocha la tarde del viernes, cuando LA GACETA le preguntó si en la próxima deliberación de la comisión de Juicio Político mantendría la postura que hizo pública el martes pasado. En la reunión del bloque del PJ de ese día, se comprometió a asistir al próximo debate para garantizar el quórum y a correr traslado al pedido de destitución contra el gobernador Julio Antonio Miranda.
A fin de tomar una resolución respecto del pedido de enjuiciamiento formulado por el abogado Pablo Bayo, la mencionada comisión fue convocada para mañana, al mediodía.
El oficialismo fracasó tres veces en poco más de una semana en su intento de archivar los cargos del letrado. El jueves 12, Rocha y su par de bancada, Germán Alfaro, se negaron a rechazar el planteo y forzaron un cuarto intermedio para el lunes 16. Esa jornada no asistieron y el mirandismo no consiguió el quórum para debatir. El viernes pasado, una tercera reunión quedó trunca por el inesperado viaje de Javier Lobo Aragón, habitual aliado del justicialismo, a la Capital Federal.
Hasta aquí, Teresa Felipe de Heredia, presidenta de la comisión, venía negándose a hacerse cargo de desempatar una virtual paridad en la votación. Por el rechazo de la demanda votarían ella, Lobo Aragón y los peronistas José Gutiérrez, Lilia de Castro, Camilo Khoder y Claudia Herrera. Por el traslado sufragarían Gumersindo Parajón (PU), Julio Topa (MI), los radicales Federico Romano Norri y Osvaldo Morelli, Alfaro y Rocha.
Arrecian ahora, sin embargo, los rumores en torno de que el oficialismo ya habría conseguido quebrar a uno de los parlamentarios que quiere aceptar el pedido de juicio político, sino para que cambie su voto, al menos para que se abstenga o se ausente.Al cierre de esta edición, Rocha no devolvió la primera llamada ni contestó la decena de mensajes que hasta anoche le había dejado este diario en el contestador de su celular.
Cargos por la muerte de 16 menores
El abogado Pablo Bayo sostiene en su pedido de juicio político que el gobernador Julio Miranda habría cometido el delito de abandono de persona al no haber auxiliado a 16 niños que murieron por desnutrición. El profesional argumentó que el mandatario no cumplió con la obligación establecida por el artículo 35, inciso cuarto, de la Constitución de la provincia, en el cual se establece que "los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado, de forma de favorecer su normal desenvolvimiento, y su desarrollo físico y cultural".
El denunciante solicitó que se pida al Siprosa que informe si en 2000, durante la presidencia de Manuel Márquez, hizo un estudio de planificación estratégica, en el que se habría advertido sobre los peligros de la desnutrición infantil. También requirió que se precise si la respuesta del gobernador al estudio fue la causa de la renuncia del vocal del Siprosa, Ernesto Fernández.
A fin de tomar una resolución respecto del pedido de enjuiciamiento formulado por el abogado Pablo Bayo, la mencionada comisión fue convocada para mañana, al mediodía.
El oficialismo fracasó tres veces en poco más de una semana en su intento de archivar los cargos del letrado. El jueves 12, Rocha y su par de bancada, Germán Alfaro, se negaron a rechazar el planteo y forzaron un cuarto intermedio para el lunes 16. Esa jornada no asistieron y el mirandismo no consiguió el quórum para debatir. El viernes pasado, una tercera reunión quedó trunca por el inesperado viaje de Javier Lobo Aragón, habitual aliado del justicialismo, a la Capital Federal.
Hasta aquí, Teresa Felipe de Heredia, presidenta de la comisión, venía negándose a hacerse cargo de desempatar una virtual paridad en la votación. Por el rechazo de la demanda votarían ella, Lobo Aragón y los peronistas José Gutiérrez, Lilia de Castro, Camilo Khoder y Claudia Herrera. Por el traslado sufragarían Gumersindo Parajón (PU), Julio Topa (MI), los radicales Federico Romano Norri y Osvaldo Morelli, Alfaro y Rocha.
Arrecian ahora, sin embargo, los rumores en torno de que el oficialismo ya habría conseguido quebrar a uno de los parlamentarios que quiere aceptar el pedido de juicio político, sino para que cambie su voto, al menos para que se abstenga o se ausente.Al cierre de esta edición, Rocha no devolvió la primera llamada ni contestó la decena de mensajes que hasta anoche le había dejado este diario en el contestador de su celular.
El abogado Pablo Bayo sostiene en su pedido de juicio político que el gobernador Julio Miranda habría cometido el delito de abandono de persona al no haber auxiliado a 16 niños que murieron por desnutrición. El profesional argumentó que el mandatario no cumplió con la obligación establecida por el artículo 35, inciso cuarto, de la Constitución de la provincia, en el cual se establece que "los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado, de forma de favorecer su normal desenvolvimiento, y su desarrollo físico y cultural".
El denunciante solicitó que se pida al Siprosa que informe si en 2000, durante la presidencia de Manuel Márquez, hizo un estudio de planificación estratégica, en el que se habría advertido sobre los peligros de la desnutrición infantil. También requirió que se precise si la respuesta del gobernador al estudio fue la causa de la renuncia del vocal del Siprosa, Ernesto Fernández.
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