Irá a juicio para explicar el uso de $ 250.000

El juez Albo hizo lugar a un pedido en contra de Mirra, ex secretario de Desarrollo Humano, por presunto peculado.

Por Redacción Política 20 Diciembre 2002
El juez de Instrucción de la V Nominación, Eudoro Albo, dispuso la elevación a juicio de la causa que el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, instruyó en contra del ex secretario de Desarrollo Humano, Ramón Rubén Mirra, por la presunta comisión de peculado (sustracción de caudales públicos por parte de quien tenía la responsabilidad de administrarlos). Al ex funcionario se le imputa el faltante de unos $ 250.000 de los $ 587.200 recibidos para ser aplicados al Programa de Políticas Sociales Comunitarias (Posoco), entre noviembre de 1999 y febrero de 2000.
El magistrado también resolvió que sean sometidos a un juicio oral Carlos Alberto Mirra, Roberto Hugo Rosales y Pedro Ricardo Véliz: los dos primeros por presuntos partícipes necesarios y el tercero, por supuesto cómplice secundario de peculado.
Jerez basó la requisitoria de elevación a juicio en las constancias aportadas por el Tribunal de Cuentas. "De las constancias de los referidos expedientes administrativos surgen los elementos de prueba que invoca el fiscal. En tal sentido, si bien no forman un cuadro completo de imputación, sí pueden generar un grado de probabilidad como el exigido por el artículo 354 del Código Procesal Penal de Tucumán para la apertura de la etapa plenaria", concluyó Albo.
El juez rechazó los planteos de nulidad y las oposiciones planteadas por los abogados de los imputados en contra del requerimiento de Jerez.
Sin embargo, los defensores de Ramón Rubén Mirra, Juan Robles y Mario Alejandro Mirra, interpusieron un recurso de aclaratoria, para que Albo se pronuncie sobre la validez de los documentos ofrecidos por ellos, supuestamente para justificar el faltante de dinero. Ocurre que el magistrado concluyó que esos elementos, que "no fueron tratados en el requerimiento fiscal, sí podrán ser ponderados en la etapa plenaria".

Prieto advierte que Jerez la difamó

La camarista penal María del Pilar Prieto responsabilizó al Partido Justicialista (PJ) de no haber suspendido su afiliación cuando asumió como fiscal, primer cargo de su carrera judicial, en 1984. Por ello, le envió al PJ una carta documento en la que solicitó que se la excluya del padrón.
La magistrada aseguró que la Ley 23.298 (Orgánica de los Partidos Políticos) les impone a los partidos la obligación de suspender la afiliación de sus adherentes que asumen como jueces. "La inadvertencia del partido escapa a mi responsabilidad, pero no implica menoscabo de mi imparcialidad de la función de juzgar", dijo, en la respuesta que elevó a la Corte Suprema de Justicia por la denuncia del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez.
Recordó que la Cámara Nacional Electoral afirmó que "el jurar como magistrada produce la extinción o caducidad automática, por imperio legal y pleno derecho, de la afiliación a un partido". Esta es la conclusión de un fallo de 1988 favorable a María Luisa Lucas, ministra de la Corte Suprema de Chaco.
Prieto advirtió que accionará contra Jerez por haberla "difamado" al decir que sus actos "son producto de sus inclinaciones puramente políticas" y que ella le pone obstáculos a sus investigaciones. Y solicitó a la Corte que le pregunte a la Junta Electoral "de qué forma y por qué medios entregó a Jerez el padrón que acompañó, cuando ello sólo puede ser entregado a a un juez competente en una causa abierta a tales efectos, según doctrina de la Cámara Electoral y de la Corte Nacional".

El martes, Marnero se desafilió del PJ

La fiscal Teresita Marnero informó al ministro fiscal de la Corte Suprema, Luis de Mitri, que suspendió su afiliación al Partido Justicialista el martes.
Marnero respondió a la denuncia de su par, Esteban Jerez. Este afirmó que ella, la camarista María del Pilar Prieto y los jueces Emma de Nucci y Juan Carlos Tártalo están afiliados al PJ pese a ser magistrados.
La fiscal aclaró que pidió su desafiliación, pese a que esta "correspondía de pleno derecho según lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley 23.298 (Orgánica de los Partidos Políticos) y es una obligación impuesta a los partidos por esa ley, conforme lo receptó la Cámara Nacional Electoral Nacional en reiteradas jurisprudencias en casos análogos".
"La Justicia Federal, por el solo hecho de jurar como juez, debió hacer caducar mi ficha de afiliación al PJ en forma automática por imperio de las leyes 22.627 y 23.298, que hacen caer la incompatibilidad que ocasionaría esta situación". Esto es lo que respondió Tártalo a la Corte Suprema.
"No es necesaria la solicitud de suspensión según la jurisprudencia y doctrina dominante de la Cámara Electoral, que establece que el hecho de jurar produce la extinción o caducidad automática, de pleno derecho, de la afiliación", concluyó el juez.

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