Durante tres horas, el ex titular de la Caja Popular de Ahorros, Ricardo Quintana, declaró como imputado ante el fiscal anticorrupción Esteban Jerez, por la presunta entrega irregular de 17 créditos por $ 14,5 millones durante el gobierno de Ramón Ortega.
"Estos cargos fueron efectuados en la época de Antonio Bussi en un show mediático, por créditos supuestamente otorgados sin garantía, lo que no es cierto", afirmó el ex funcionario. Este acotó que los créditos tienen una garantía real por $ 27,7 millones, casi el doble del monto concedido.
Quintana, cuyo abogado es Washington Navarro Dávila, subrayó que no se entregaron fondos para ningún político. "Fueron para empresas radicadas desde hace mucho tiempo en la provincia, con los altibajos de la economía local. No hay ninguna firma fantasma ni nombre propio en el listado", resaltó.
No obstante, en la propia nómina entregada por Quintana a la prensa, aparecen préstamos a nombre de Héctor Eduardo Cruz ($ 470.000); Raúl Mario Mirande ($ 60.000); Carlos Herrero ($ 480.000); Jorge Gassembauer ($ 400.000); y Carlos Lazarte ($ 663.000). Según la planilla, todos constituyeron hipotecas o prendas como garantías.
También aparecen créditos para Edificadora del Norte, Mutualidad Provincial, fincas cañeras, ingenios (La Corona y Ñuñorco), Sollazo Hermanos, José Minetti y Compañía, COTA y Transporte Gaverante.
"Desconozco la situación actual de cada préstamo. Muchos están cancelados y otros fueron refinanciados, lo que es una operatoria habitual. Ninguno de ellos fue considerado incobrable. En mi gestión se dieron 5.000 créditos por unos $ 280 millones, y fue la de mejores resultados en los últimos 30 años de la Caja", concluyó Quintana.
Tártalo responsabiliza a la Justicia Electoral
El juez penal Juan Carlos Tártalo responsabilizó al Juzgado Electoral Federal de no haber suspendido su afiliación al peronismo. "Asumí hace 19 años. Tenían tiempo de corregir el error, revisar mi ficha y sacarme del padrón. Soy afiliado desde 1948 y, si bien nunca pedí mi suspensión, la última vez que fui a la sede fue en 1983, cuando salí diputado nacional suplente. Al año siguiente juré como juez", recordó.
"La lista de diputados del 83 la integraban Julio Miranda y Nicasio Sánchez Toranzo, entre otros, y (la actual jueza) Emma de Nucci conmigo, como suplentes. Pero con Miranda no somos amigos. No volví a verlo desde esa época e incluso puedo decir que somos enemigos políticos, porque designó a funcionarios que no hicieron nada por el pueblo", dijo.
También dijo que respalda al fiscal Esteban Jerez en la causa que alcanza a Daniel Castro. "Su familia forma una cadena que vive del erario y no tiene principios", concluyó.
Jueces explicarán a la Corte su afiliación al PJ
La Corte Suprema de Justicia giró ayer a la camarista penal María del Pilar Prieto y a los jueces de Instrucción Juan Carlos Tártalo y Emma de Nucci la denuncia que contra ellos efectuó el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Este los acusó de seguir afiliados al Partido Justicialista pese a ser magistrados judiciales.
La misma denuncia le envió el ministro fiscal del alto tribunal, Luis de Mitri, a la fiscal Teresita Marnero, a quien Jerez también la vinculó al peronismo.
Por su parte, el director de Transporte, Enrique Romero, aseguró que jamás se entrevistó con el vocal de la Corte, Antonio Gandur, como denunció un grupo de abogados encabezado por Eudoro Aráoz. "Ni siquiera puedo saludarlo en la calle, porque no tengo registro de su figura física. Nunca lo he visto ni me ha recibido. Sí he ido a la Superintendencia de la Corte a radicar y ratificar denuncias en contra de Jerez, quien ha usado la Fiscalía para hacer política", concluyó.
"Estos cargos fueron efectuados en la época de Antonio Bussi en un show mediático, por créditos supuestamente otorgados sin garantía, lo que no es cierto", afirmó el ex funcionario. Este acotó que los créditos tienen una garantía real por $ 27,7 millones, casi el doble del monto concedido.
Quintana, cuyo abogado es Washington Navarro Dávila, subrayó que no se entregaron fondos para ningún político. "Fueron para empresas radicadas desde hace mucho tiempo en la provincia, con los altibajos de la economía local. No hay ninguna firma fantasma ni nombre propio en el listado", resaltó.
No obstante, en la propia nómina entregada por Quintana a la prensa, aparecen préstamos a nombre de Héctor Eduardo Cruz ($ 470.000); Raúl Mario Mirande ($ 60.000); Carlos Herrero ($ 480.000); Jorge Gassembauer ($ 400.000); y Carlos Lazarte ($ 663.000). Según la planilla, todos constituyeron hipotecas o prendas como garantías.
También aparecen créditos para Edificadora del Norte, Mutualidad Provincial, fincas cañeras, ingenios (La Corona y Ñuñorco), Sollazo Hermanos, José Minetti y Compañía, COTA y Transporte Gaverante.
"Desconozco la situación actual de cada préstamo. Muchos están cancelados y otros fueron refinanciados, lo que es una operatoria habitual. Ninguno de ellos fue considerado incobrable. En mi gestión se dieron 5.000 créditos por unos $ 280 millones, y fue la de mejores resultados en los últimos 30 años de la Caja", concluyó Quintana.
El juez penal Juan Carlos Tártalo responsabilizó al Juzgado Electoral Federal de no haber suspendido su afiliación al peronismo. "Asumí hace 19 años. Tenían tiempo de corregir el error, revisar mi ficha y sacarme del padrón. Soy afiliado desde 1948 y, si bien nunca pedí mi suspensión, la última vez que fui a la sede fue en 1983, cuando salí diputado nacional suplente. Al año siguiente juré como juez", recordó.
"La lista de diputados del 83 la integraban Julio Miranda y Nicasio Sánchez Toranzo, entre otros, y (la actual jueza) Emma de Nucci conmigo, como suplentes. Pero con Miranda no somos amigos. No volví a verlo desde esa época e incluso puedo decir que somos enemigos políticos, porque designó a funcionarios que no hicieron nada por el pueblo", dijo.
También dijo que respalda al fiscal Esteban Jerez en la causa que alcanza a Daniel Castro. "Su familia forma una cadena que vive del erario y no tiene principios", concluyó.
La Corte Suprema de Justicia giró ayer a la camarista penal María del Pilar Prieto y a los jueces de Instrucción Juan Carlos Tártalo y Emma de Nucci la denuncia que contra ellos efectuó el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez. Este los acusó de seguir afiliados al Partido Justicialista pese a ser magistrados judiciales.
La misma denuncia le envió el ministro fiscal del alto tribunal, Luis de Mitri, a la fiscal Teresita Marnero, a quien Jerez también la vinculó al peronismo.
Por su parte, el director de Transporte, Enrique Romero, aseguró que jamás se entrevistó con el vocal de la Corte, Antonio Gandur, como denunció un grupo de abogados encabezado por Eudoro Aráoz. "Ni siquiera puedo saludarlo en la calle, porque no tengo registro de su figura física. Nunca lo he visto ni me ha recibido. Sí he ido a la Superintendencia de la Corte a radicar y ratificar denuncias en contra de Jerez, quien ha usado la Fiscalía para hacer política", concluyó.
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