Acusan a Jerez de no respetar el debido proceso

"Habla de falta de celeridad cuando tarda más de un mes en formar incidentes, como en una causa de Carlos Courel", dijo la jueza de Instrucción.

Por Redacción Política 18 Diciembre 2002
Al cumplir el descargo que le solicitó la Corte Suprema de Justicia, la jueza de Instrucción Emma de Nucci advirtió que se reservará el derecho de iniciar acciones civiles y penales contra el fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, por haber dicho que ella forma parte de un valladar que protege a los corruptos. Su par, Juan Carlos Tártalo, en tanto, se limitó a marcar lo que, según él, fueron los errores procesales de Jerez en la causa por el presunto desvío de fondos del Posoco.
"Habla de falta de celeridad cuando tarda más de un mes en formar incidentes, como en una causa de Carlos Courel; pide pronto despacho sobre expedientes que no los tengo o demora un año en solicitar un allanamiento en una denuncia contra el municipio de Famaillá, sin realizar ningún tipo de medida previa", se quejó De Nucci.
Remarcó que Jerez tuvo la oportunidad histórica de investigar y llevar a los estrados superiores a los funcionarios que habrían delinquido, para lo que contó con medios únicos, tanto físicos, como estructurales y económicos. "Pero luego de dos años no logró ningún resultado, lo que no puede imputar a los jueces que cumplen con su trabajo", dijo.
"El fiscal retrocedió siglos con su accionar. Dejó de lado el respeto a los principios constitucionales, impuso el juicio inquisitivo e implementó una política goebbeliana en materia de prensa y perjudicó a la Justicia, a los justiciables, a las personas que denunció como corruptas, a las arcas del Estado y a la población", aseveró.

Dura réplica
Tártalo defendió lo que hizo en la causa del Posoco, que involucró al ministro de Gobierno, Fernando Juri, y a los ex empleados Juan Carlos Ledesma Posse y José Luis Carrizo. "No se formó una red de protección de la corrupción. Se hicieron lugar a todas las medidas requeridas por el fiscal a fin del descubrimiento de la verdad real, pero siempre en garantía del debido proceso", aseveró.
Justificó la libertad de Ledesma Posse y la anulación de su declaración como imputado por la "falta de la firma del fiscal en todo el expediente". "Archivé el pedido de investigación en contra de Juri por falta de mérito, no por falta de autenticación de las fotocopias de los expedientes del Tribunal de Cuentas, que eran la única prueba considerada por Jerez. Aquel órgano no se refiere a la conducta de Juri", concluyó.

Archivan una causa por dichos polémicos


La investigación abierta en octubre por las primeras declaraciones polémicas del fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, acerca de que una quinta columna obstruía su accionar dentro de la Justicia, fue archivada por el juez penal Juan Carlos Tártalo. El magistrado hizo lugar al pedido del fiscal Héctor Abraham Musi, quien responsabilizó a Jerez de no haber aportado datos que respalden su propia denuncia.
"La actuación de Musi se ajustó a derecho cuando requirió a Jerez que conteste el cuestionario propuesto, por ser un acto necesario a fin de poder formular fundadamente su requerimiento de investigación jurisdiccional", sostuvo el juez. Jerez no contestó por entender que debía actuar un juez porque, precisamente, su denuncia involucraba a magistrados.
Tártalo criticó el accionar de Jerez. "No aportó ningún elemento de convicción suficiente y demostró con su inacción una falta total de interés por esclarecer los hechos y corroborar sus dichos", manifestó.
"Como hombre del Derecho y representante del Ministerio Público, en la investigación le cabe la responsabilidad de aportar todo elemento conducente. En cambio, hubo un obstáculo insalvable que impidió la apertura de la investigación jurisdiccional", concluyó al archivar la causa.

Las leyes no prevén la desafiliación automática


El secretario del Juzgado Electoral Nacional, Rogelio Rodríguez del Busto, afirmó que la Ley Orgánica de los Partidos Políticos (23.298) no prevé la desafiliación automática de quienes son elegidos magistrados judiciales.
"Así como la afiliación es un acto personalísimo de manifestación de voluntad, también lo es la desafiliación", dijo a LA GACETA.La ley, según el funcionario, no prevé la hipótesis de desafiliación automática. "Sólo establece cuáles son las causales que impiden la afiliación de una persona. Una de ellas es ser magistrado judicial. Luego están la causas de desafiliación, como la renuncia, expulsión u otras previstas por la carta orgánica del partido", explicó.
El apoderado de la Unión Cívica Radical, José Luis Avignone, lamentó que la Corte Suprema de Justicia no haya advertido que algunos magistrados aún figuran como afiliados activos de determinados partidos. El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, denunció que la camarista María del Pilar Prieto, los jueces Emma de Nucci y Juan Carlos Tártalo y su par, Teresita Marnero, figuran en los padrones como enrolados al PJ.
"La Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe expresamente a los funcionarios judiciales afiliarse o militar activamente en los partidos políticos. A ello debe agregarse que el poder de superintendencia de la Corte nunca se percató de ello", manifestó.

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