31 Marzo 2008 Seguir en 
El sistema contravencional que rige en la provincia vulnera principios constitucionales de un estado de derecho. Se podría decir que es un tramo “desconstitucionalizado” del orden jurídico, una zona liberada de Constitución a la hora de ejercer el poder punitivo y consecuentemente restringir libertades del ciudadano.
El sistema vigente no asegura el derecho de defensa, colisiona con nociones básicas del debido proceso (la policía es juez y parte ya que se beneficia con las multas que aplica) y vulnera el principio republicano de división de poderes que prohíbe al Poder Ejecutivo impartir justicia. En forma inexplicable en términos de control republicano, el sistema pone en cabeza de un mismo funcionario (la policía) a quien investiga, acusa, sentencia, multa, cobra y se re equipa.
No hay justificación para que en democracia siga rigiendo un sistema punitivo que no está de acuerdo con las disposiciones de la Constitución nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Este panorama se ve agravado en Tucumán ya que conductas autorreferentes (bailar después de las 4 AM) se encuentran prohibidas por ley, a pesar de ser acciones privadas y exentas de la autoridad de todo magistrado.
El sistema vigente no asegura el derecho de defensa, colisiona con nociones básicas del debido proceso (la policía es juez y parte ya que se beneficia con las multas que aplica) y vulnera el principio republicano de división de poderes que prohíbe al Poder Ejecutivo impartir justicia. En forma inexplicable en términos de control republicano, el sistema pone en cabeza de un mismo funcionario (la policía) a quien investiga, acusa, sentencia, multa, cobra y se re equipa.
No hay justificación para que en democracia siga rigiendo un sistema punitivo que no está de acuerdo con las disposiciones de la Constitución nacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Este panorama se ve agravado en Tucumán ya que conductas autorreferentes (bailar después de las 4 AM) se encuentran prohibidas por ley, a pesar de ser acciones privadas y exentas de la autoridad de todo magistrado.
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