La Justicia presenta conflictos alrededor del fiscal anticorrupción. Por un lado, indicios de favores políticos; por otro, sobreexposiciones mediáticas y errores de procedimiento (quizás no intencionados y tal vez apresurados por la urgencia). Más allá de los intereses personales y mezquinos, hay una seria cuestión sobre el sentido de las instituciones y sobre las estrategias para mejorarlas. Y, por ende, un real dilema social y político.
Admitamos, por un instante, que los indicios sobre los favores políticos son ciertos y también los relacionados con la sobreexposición mediática y los eventuales errores (como parte de una táctica legítima por romper barreras de otro modo imposibles de penetrar). El dilema surge: ¿Puede justificarse esto como medio necesario -quizás único- para luchar contra los intereses de turno instalados en la Justicia, aun a costa de los propios mecanismos y procedimientos institucionales? ¿O no constituyen tales mecanismos y procedimientos verdaderas murallas que terminan resguardando las corruptelas y espacios políticos instaladas en sectores de la Justicia? De otro modo, ¿conviene apelar a tácticas extrainstitucionales, aun a costa del debilitamiento, quizás temporario, de esos mismos mecanismos legales, para salvaguardarlos y mejorarlos? ¿O, en el mediano y largo plazo, tales tácticas terminan legitimando futuros quiebres y naufragios institucionales, dado que, casi siempre, es necesario salvaguardar y mejorar las instituciones? ¿Legitimidad o legalidad?, ¿sustancia o procedimientos?, ¿instituciones reales o formales?
Un dilema histórico
No es una discusión vacía, nueva ni local. Hasta podría remontarse a la República, de Platón, en la Grecia del siglo IV a.C. En la historia argentina, tiene antecedentes en la carta de la Hacienda de Figueroa, de Juan Manuel de Rosas, quien justificaba la demora en la organización constitucional (legalidad) porque los pueblos no estaban preparados para ello (legitimidad). Y cada golpe de Estado se hizo en nombre de alguna legitimidad que la legalidad constitucional obviaba, evitaba o destruía. El problema de la legitimidad, cuando se la invoca para subvertir la legalidad, es quién se adjudica el derecho de ser el intérprete de ella: un presidente, un militar, una asamblea popular, una movilización, un juez?
Por el otro lado, es difícil hacer funcionar la legalidad y las instituciones formales cuando ellas cubren intereses y favores instalados en el poder. Carlos Marx no fue el único, aunque sí uno de los más lúcidos exponentes de la insuficiencia e inutilidad del sistema democrático que puede ocultar -y eventualmente favorecer- las desigualdades ocasionados por los factores económicos. De una manera distinta y sobre un tema diferente, este sería hoy el planteo de la Justicia: ¿cómo no quedar vacía e inerte frente a los movimientos del poder real que se encaraman detrás de ella?
Difícilmente los tucumanos podamos desterrar este dilema de la historia. Pero sí podemos mejorar las instituciones. Apelar a mecanismos extrainstitucionales para mejorar la Justicia es una estrategia con probabilidades de éxito en el corto plazo. Pero con altos costos sociales en el largo plazo: el desarrollo de prácticas que pueden subvertir aquello mismo que deseamos mejorar y la apertura de resquicios para que nuevos y futuros intérpretes consideren legítimas otras tácticas y debilitamientos de la legalidad.
Apelar a la legalidad estricta tiene un alto riesgo en el futuro: que la mejora de la Justicia demore mucho y, eventualmente, no logre jamás erradicar los poderes reales instalados en algunos espacios. Pero si es exitosa, conlleva un alto beneficio en el largo plazo: fortalecer el marco normativo acordado, dentro del cual se legitiman los mecanismos de autoridad y del cambio institucional.
Admitamos, por un instante, que los indicios sobre los favores políticos son ciertos y también los relacionados con la sobreexposición mediática y los eventuales errores (como parte de una táctica legítima por romper barreras de otro modo imposibles de penetrar). El dilema surge: ¿Puede justificarse esto como medio necesario -quizás único- para luchar contra los intereses de turno instalados en la Justicia, aun a costa de los propios mecanismos y procedimientos institucionales? ¿O no constituyen tales mecanismos y procedimientos verdaderas murallas que terminan resguardando las corruptelas y espacios políticos instaladas en sectores de la Justicia? De otro modo, ¿conviene apelar a tácticas extrainstitucionales, aun a costa del debilitamiento, quizás temporario, de esos mismos mecanismos legales, para salvaguardarlos y mejorarlos? ¿O, en el mediano y largo plazo, tales tácticas terminan legitimando futuros quiebres y naufragios institucionales, dado que, casi siempre, es necesario salvaguardar y mejorar las instituciones? ¿Legitimidad o legalidad?, ¿sustancia o procedimientos?, ¿instituciones reales o formales?
Un dilema histórico
No es una discusión vacía, nueva ni local. Hasta podría remontarse a la República, de Platón, en la Grecia del siglo IV a.C. En la historia argentina, tiene antecedentes en la carta de la Hacienda de Figueroa, de Juan Manuel de Rosas, quien justificaba la demora en la organización constitucional (legalidad) porque los pueblos no estaban preparados para ello (legitimidad). Y cada golpe de Estado se hizo en nombre de alguna legitimidad que la legalidad constitucional obviaba, evitaba o destruía. El problema de la legitimidad, cuando se la invoca para subvertir la legalidad, es quién se adjudica el derecho de ser el intérprete de ella: un presidente, un militar, una asamblea popular, una movilización, un juez?
Por el otro lado, es difícil hacer funcionar la legalidad y las instituciones formales cuando ellas cubren intereses y favores instalados en el poder. Carlos Marx no fue el único, aunque sí uno de los más lúcidos exponentes de la insuficiencia e inutilidad del sistema democrático que puede ocultar -y eventualmente favorecer- las desigualdades ocasionados por los factores económicos. De una manera distinta y sobre un tema diferente, este sería hoy el planteo de la Justicia: ¿cómo no quedar vacía e inerte frente a los movimientos del poder real que se encaraman detrás de ella?
Difícilmente los tucumanos podamos desterrar este dilema de la historia. Pero sí podemos mejorar las instituciones. Apelar a mecanismos extrainstitucionales para mejorar la Justicia es una estrategia con probabilidades de éxito en el corto plazo. Pero con altos costos sociales en el largo plazo: el desarrollo de prácticas que pueden subvertir aquello mismo que deseamos mejorar y la apertura de resquicios para que nuevos y futuros intérpretes consideren legítimas otras tácticas y debilitamientos de la legalidad.
Apelar a la legalidad estricta tiene un alto riesgo en el futuro: que la mejora de la Justicia demore mucho y, eventualmente, no logre jamás erradicar los poderes reales instalados en algunos espacios. Pero si es exitosa, conlleva un alto beneficio en el largo plazo: fortalecer el marco normativo acordado, dentro del cual se legitiman los mecanismos de autoridad y del cambio institucional.
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