28 Febrero 2008 Seguir en 
La suerte de Ema Hortencia Gómez, una de las acusadas del crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia. La Cámara de Apelaciones decidió aceptar el derecho de casación planteado por su defensor Mario Mirra, por lo que el máximo tribunal deberá decidir si la imputada por homicidio agravado queda o no en libertad.
El magistrado fue asesinado de nueve disparos en su vivienda de avenida Aconquija al 2.900 el 26 de noviembre de 2004. El fiscal Guillermo Herrera, que investigó el caso, la acusó a ella y al oficial Darío Pérez de haber cometido el crimen.
Gómez, ex agente de la policía, fue detenida la misma noche en el que se cometió su homicidio. Su defensor, en más de un oportunidad, solicitó que recupera la libertad, puesto que se encuentra detenida hace más de dos años sin haber sido enjuiciada, tal como establecen las leyes nacionales.
La Justicia rechazó todos los planteos. El último de ellos fue en diciembre pasado, y dejó abierta la posibilidad de que el caso de Gómez sea estudiado por la Corte, lo que finalmente ocurrirá. Con este etapa procesal se demorará el juicio, puesto que no podrá desarrollarse hasta el máximo tribunal decida si le otorgará o no la libertad a la imputada.
Hasta el momento, no trascendió si los defensores de Pérez también recurrirán a esta vía para lograr que el ex policía pueda abandonar el penal de Villa Urquiza, lugar donde se encuentra encerrado hace más de tres años.
Otra situación
Por otra parte, en los próximos días la Cámara de Apelaciones resolverá la situación del ex policía Andrés Faversani. Este, en un primer momento, fue acusado de encubrimiento e incumplimiento a los deberes de funcionario público, pero el juez Francisco Pisa, al decidir que la causa sea elevada a juicio, decidió imputarle el delito de homicidio agravado, aunque no dispuso su detención.
Gustavo Morales, defensor de Faversani, planteó la nulidad de las acusaciones en su contra ante la Cámara de Apelaciones. Su decisión podría ser conocida mañana.
El magistrado fue asesinado de nueve disparos en su vivienda de avenida Aconquija al 2.900 el 26 de noviembre de 2004. El fiscal Guillermo Herrera, que investigó el caso, la acusó a ella y al oficial Darío Pérez de haber cometido el crimen.
Gómez, ex agente de la policía, fue detenida la misma noche en el que se cometió su homicidio. Su defensor, en más de un oportunidad, solicitó que recupera la libertad, puesto que se encuentra detenida hace más de dos años sin haber sido enjuiciada, tal como establecen las leyes nacionales.
La Justicia rechazó todos los planteos. El último de ellos fue en diciembre pasado, y dejó abierta la posibilidad de que el caso de Gómez sea estudiado por la Corte, lo que finalmente ocurrirá. Con este etapa procesal se demorará el juicio, puesto que no podrá desarrollarse hasta el máximo tribunal decida si le otorgará o no la libertad a la imputada.
Hasta el momento, no trascendió si los defensores de Pérez también recurrirán a esta vía para lograr que el ex policía pueda abandonar el penal de Villa Urquiza, lugar donde se encuentra encerrado hace más de tres años.
Otra situación
Por otra parte, en los próximos días la Cámara de Apelaciones resolverá la situación del ex policía Andrés Faversani. Este, en un primer momento, fue acusado de encubrimiento e incumplimiento a los deberes de funcionario público, pero el juez Francisco Pisa, al decidir que la causa sea elevada a juicio, decidió imputarle el delito de homicidio agravado, aunque no dispuso su detención.
Gustavo Morales, defensor de Faversani, planteó la nulidad de las acusaciones en su contra ante la Cámara de Apelaciones. Su decisión podría ser conocida mañana.
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