Promulgan la ley que obliga a hacer pruebas antidoping en los tres poderes del Estado

Si se descubre que un funcionario consume drogas ilegales, será suspendido en el cargo hasta que se recupere. La norma sólo consta de siete artículos.

Por Redacción Política 10 Diciembre 2002
Cuatrocientos doce días después de su sanción, el gobernador Julio Miranda promulgó la ley que obliga a los miembros de los tres poderes del Estado a someterse a exámenes periódicos para saber si son adictos a drogas ilegales. En este último caso, serán suspendidos en los cargos hasta que se recuperen.
La norma, que fue sancionada a instancias del legislador peronista Julio Díaz Lozano, fue promulgada bajo el número 7.240 y sólo consta de siete artículos. El PE deberá reglamentar la ley en los próximos 60 días.
El artículo segundo establece quiénes deberán someterse a los exámenes médicos y bioquímicos que determinen la presencia (o no) de metabolitos de drogas. En el PE, el examen antidoping será obligatorio para todos, desde el gobernador hasta los comisionados comunales. En la Legislatura, las pruebas abarcarán hasta el rango de prosecretario; en los organismos autárquicos, centralizados y descentralizados, hasta los directores, y en el Poder Judicial, hasta los jueces de paz.
En cuanto a la Policía, la obligación alcanzará a todo el personal. En cada poder del Estado la máxima autoridad será la responsable de la aplicación de la ley y fijará la periodicidad con que deberán efectuarse los exámenes.
En caso de que una de las pruebas revele que un funcionario comprendido en la norma consume drogas ilegales será suspendido. Si gozara de garantías constitucionales, estas serán respetadas durante el período de recuperación, que se considerará como si estuviera de licencia.

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