El gobernador Julio Miranda dijo basta. Quiere irse cuanto antes y ponerle punto final a su carrera política.
Pero por más que no le guste, el emperador de Tucson debe quedarse hasta el 29 de octubre de 2003 al frente del Poder Ejecutivo. Así se lo ordenó la sociedad de Tucumán. Si el primer mandatario no desea que así sea, deberá renunciar, y aun si dimite, la Legislatura tendrá la decisión: es la que debe aceptar o no su renuncia. La otra opción es que una intervención federal le arrebate el sillón de Lucas Córdoba.
El desgaste de su imagen y el deterioro terrible de la gestión mirandista despiertan en muchos la ansiedad de cambios urgentes. Sin embargo, si se trata de respetar la ley -como aúllan los ciudadanos hastiados de corrupción- los actores del poder de hoy (gobernador, vice, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales) tendrán que seguir hasta el 29 de octubre porque la Constitución así lo manda.
Jaqueado por la muerte, la crisis y las presiones de la familia Duhalde, Miranda ha dispuesto que se adelanten los comicios. Con ese objetivo se han elaborado miles de argumentos que sólo buscan satisfacer las intenciones del emperador en retirada, pero que no se ajustan a la Carta Magna que encabeza nuestra estructura jurídica. Una vez más los intereses personales o partidarios terminan forzando la vida de toda la sociedad. Adelantar los comicios, como quiere el Poder Ejecutivo, significaría, por un lado, forzar la Constitución y por otro, no implica que se cumplirá la voluntad del "que se vayan todos", como se cree. Por lo tanto, antes de embarcarse en la ambición y en la desesperación de los comicios habrá que seguir gobernando sin olvidar las obligaciones ni las responsabilidades y respetando la ley.
Dos artículos
El artículo 84 de la Constitución provincial dice que "la elección tendrá lugar cuatro meses antes del día en que termine el período legal...". De acuerdo con el calendario que nos rige, eso significa cuatro meses antes del 29 de octubre, o sea, el 29 de junio. Pero la misma Carta Magna de 1990 afirma en el capítulo sobre el Poder Legislativo que "las elecciones ordinarias de legislador se verificarán el primer domingo del cuarto mes anterior a aquel en que debe producirse la renovación y serán simultáneas con las de gobernador y vicegobernador, salvo que estas últimas lo fueren para completar período. El Poder Ejecutivo podrá trasladar la fecha hasta seis meses antes para hacerlas coincidir con las nacionales" (artículo 47). Para poder cumplir con este artículo que ordena la simultaneidad de la elección de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, los tucumanos tienen que ir a votar el domingo 1 de junio de 2003.
Los manotazos de ahogado de Miranda, quien ya ni siquiera puede ir tranquilo a una cancha de fútbol, y la desmedida ambición del precandidato José Alperovich necesitan que todo se haga antes. Por eso se buscó acomodar los comicios provinciales a los nacionales, que están anunciados para el 27 de abril, cosa que, por otro lado, ni el mismísimo Presidente está seguro de que se cumpla aún.
En pos de ese esfuerzo es que desde el mirandismo se aferraron a que las elecciones se celebren en esa fecha. Para ello se apoyan en la última parte del artículo 47, que autoriza al Ejecutivo a trasladar la fecha hasta seis meses. Tomando estrictamente el texto de la Constitución eso significa que las elecciones deberían hacerse el 29 de abril, pero no el 27. Sin duda pueden parecer una nimiedad las 48 horas, pero significarían no cumplir con lo que dice la Carta Magna. Los constitucionalistas que la elaboraron utilizaron precisamente la preposición "hasta", que según la Real Academia Española "... sirve para expresar el término de tiempo...". No admite flexibilizaciones. Hay otros que sostienen que el artículo 47 habla de trasladar la fecha (el 1 de junio) seis meses. En ese caso se estaría autorizando que haya comicios incluso hasta el 1 de diciembre del año anterior. Sin dudas una exageración en la que se les fue la mano a los constitucionalistas bussistas del 90.
Contradicciones
Los argumentos que salieron de boca del propio gobernador afirman que permitiría ahorrar plata que se hagan en forma conjunta los comicios provinciales y los nacionales. Seguramente Miranda se apoyó, para sostener esto, en el dictamen de la Fiscalía de Estado, que manifiesta que se podría llegar "al absurdo de proponer para Tucumán cuatro elecciones en menos de seis meses (internas generales, ballottage, internas provinciales y generales provinciales). Sin embargo, desnudando una verdadera falta de comunicación en el Gobierno, el mismísmo Miranda advirtió que el adelantamiento sólo se hará para elegir gobernador y vice. El propio mandatario volteó el argumento del ahorro porque lo mismo se haría un nuevo llamamiento a elecciones para legisladores, comisionados rurales, intendentes y concejales.
Paralelamente estaría contradiciendo el artículo 47 de la Constitución, que dice que se debe elegir en forma simultánea a las autoridades del Ejecutivo y a las del Legislativo. Este tipo de contradicciones desnuda que el objetivo no es cumplir con la Constitución ni respetarla sino que hay otros intereses -como siempre- que subyacen y enlodan a las instituciones.
Otro de los razonamientos utilizados en la Casa de Gobierno es la importancia de renovar los cuadros políticos de la provincia. Sin dudas eso no justifica que se haga votar antes de lo que corresponde. En primer lugar, todos los candidatos que aparecen hasta ahora son figuras conocidas, y en segundo término, las autoridades actuales no desaparecerán, porque no se habla de acortar los mandatos ni de renuncias. Los que están, seguirán hasta el 29 de octubre. Si Miranda quiere irse, lo reemplazará Sisto Terán. Si este no quiere, lo hará Juan Antonio Ruiz Olivares y de lo contrario, Germán Alfaro o algún otro legislador, tal cual lo decidió el pueblo y lo dispone el orden sucesorio de la Constitución.
Siguiendo la alquimia electoral que se busca para complacer a algunos, el adelantamiento obligará a tener un período de transición más extenso del que se tenía. Precisamente cuando el emperador y su corte buscaban perpetuarse utilizaban como argumento para reformar la Constitución la necesidad de acortar la transición porque cuatro meses era demasiado. Tanto Miranda como Alperovich sufrieron en carne propia el peso de ser los administradores electos mientras el poder -diluido claro está- lo tenía el general retirado. Eran el actual senador y el gobernador los que gestionaban desesperadamente fondos y trataban de calmar a los estatales durante esos meses. Curiosamente, ahora que la historia es diferente no les parece nada grave que haya una transición ya no de cuatro sino de seis meses.
No va más
El gobernador no da más y muchos sectores de la sociedad coinciden con él y también tienen impaciencia. Por eso aparecen argumentos tales como "cuanto antes finalice esto, mejor", aun a costa de no respetar nuestras leyes. Son precisamente concesiones de este tipo las que han ido deteriorando las instituciones y restándole confianza a la política.
Tucumán es un polvorín donde el nepotismo de los Castro y la corrupción han golpeado muy duro a todos. Sin dudas el debate de los tiempos constitucionales apenas ha comenzado y los expertos tendrán argumentaciones más valederas. No obstante, es hora de que el respeto por las leyes ayude a enderezar las conductas y no que estas se puedan ajustar a cualquier capricho electoral, en función de los intereses políticos de turno. El fin no justifica los medios y menos en estos tiempos.
Pero por más que no le guste, el emperador de Tucson debe quedarse hasta el 29 de octubre de 2003 al frente del Poder Ejecutivo. Así se lo ordenó la sociedad de Tucumán. Si el primer mandatario no desea que así sea, deberá renunciar, y aun si dimite, la Legislatura tendrá la decisión: es la que debe aceptar o no su renuncia. La otra opción es que una intervención federal le arrebate el sillón de Lucas Córdoba.
El desgaste de su imagen y el deterioro terrible de la gestión mirandista despiertan en muchos la ansiedad de cambios urgentes. Sin embargo, si se trata de respetar la ley -como aúllan los ciudadanos hastiados de corrupción- los actores del poder de hoy (gobernador, vice, legisladores, intendentes, concejales y comisionados rurales) tendrán que seguir hasta el 29 de octubre porque la Constitución así lo manda.
Jaqueado por la muerte, la crisis y las presiones de la familia Duhalde, Miranda ha dispuesto que se adelanten los comicios. Con ese objetivo se han elaborado miles de argumentos que sólo buscan satisfacer las intenciones del emperador en retirada, pero que no se ajustan a la Carta Magna que encabeza nuestra estructura jurídica. Una vez más los intereses personales o partidarios terminan forzando la vida de toda la sociedad. Adelantar los comicios, como quiere el Poder Ejecutivo, significaría, por un lado, forzar la Constitución y por otro, no implica que se cumplirá la voluntad del "que se vayan todos", como se cree. Por lo tanto, antes de embarcarse en la ambición y en la desesperación de los comicios habrá que seguir gobernando sin olvidar las obligaciones ni las responsabilidades y respetando la ley.
Dos artículos
El artículo 84 de la Constitución provincial dice que "la elección tendrá lugar cuatro meses antes del día en que termine el período legal...". De acuerdo con el calendario que nos rige, eso significa cuatro meses antes del 29 de octubre, o sea, el 29 de junio. Pero la misma Carta Magna de 1990 afirma en el capítulo sobre el Poder Legislativo que "las elecciones ordinarias de legislador se verificarán el primer domingo del cuarto mes anterior a aquel en que debe producirse la renovación y serán simultáneas con las de gobernador y vicegobernador, salvo que estas últimas lo fueren para completar período. El Poder Ejecutivo podrá trasladar la fecha hasta seis meses antes para hacerlas coincidir con las nacionales" (artículo 47). Para poder cumplir con este artículo que ordena la simultaneidad de la elección de los miembros de los poderes Legislativo y Ejecutivo, los tucumanos tienen que ir a votar el domingo 1 de junio de 2003.
Los manotazos de ahogado de Miranda, quien ya ni siquiera puede ir tranquilo a una cancha de fútbol, y la desmedida ambición del precandidato José Alperovich necesitan que todo se haga antes. Por eso se buscó acomodar los comicios provinciales a los nacionales, que están anunciados para el 27 de abril, cosa que, por otro lado, ni el mismísimo Presidente está seguro de que se cumpla aún.
En pos de ese esfuerzo es que desde el mirandismo se aferraron a que las elecciones se celebren en esa fecha. Para ello se apoyan en la última parte del artículo 47, que autoriza al Ejecutivo a trasladar la fecha hasta seis meses. Tomando estrictamente el texto de la Constitución eso significa que las elecciones deberían hacerse el 29 de abril, pero no el 27. Sin duda pueden parecer una nimiedad las 48 horas, pero significarían no cumplir con lo que dice la Carta Magna. Los constitucionalistas que la elaboraron utilizaron precisamente la preposición "hasta", que según la Real Academia Española "... sirve para expresar el término de tiempo...". No admite flexibilizaciones. Hay otros que sostienen que el artículo 47 habla de trasladar la fecha (el 1 de junio) seis meses. En ese caso se estaría autorizando que haya comicios incluso hasta el 1 de diciembre del año anterior. Sin dudas una exageración en la que se les fue la mano a los constitucionalistas bussistas del 90.
Contradicciones
Los argumentos que salieron de boca del propio gobernador afirman que permitiría ahorrar plata que se hagan en forma conjunta los comicios provinciales y los nacionales. Seguramente Miranda se apoyó, para sostener esto, en el dictamen de la Fiscalía de Estado, que manifiesta que se podría llegar "al absurdo de proponer para Tucumán cuatro elecciones en menos de seis meses (internas generales, ballottage, internas provinciales y generales provinciales). Sin embargo, desnudando una verdadera falta de comunicación en el Gobierno, el mismísmo Miranda advirtió que el adelantamiento sólo se hará para elegir gobernador y vice. El propio mandatario volteó el argumento del ahorro porque lo mismo se haría un nuevo llamamiento a elecciones para legisladores, comisionados rurales, intendentes y concejales.
Paralelamente estaría contradiciendo el artículo 47 de la Constitución, que dice que se debe elegir en forma simultánea a las autoridades del Ejecutivo y a las del Legislativo. Este tipo de contradicciones desnuda que el objetivo no es cumplir con la Constitución ni respetarla sino que hay otros intereses -como siempre- que subyacen y enlodan a las instituciones.
Otro de los razonamientos utilizados en la Casa de Gobierno es la importancia de renovar los cuadros políticos de la provincia. Sin dudas eso no justifica que se haga votar antes de lo que corresponde. En primer lugar, todos los candidatos que aparecen hasta ahora son figuras conocidas, y en segundo término, las autoridades actuales no desaparecerán, porque no se habla de acortar los mandatos ni de renuncias. Los que están, seguirán hasta el 29 de octubre. Si Miranda quiere irse, lo reemplazará Sisto Terán. Si este no quiere, lo hará Juan Antonio Ruiz Olivares y de lo contrario, Germán Alfaro o algún otro legislador, tal cual lo decidió el pueblo y lo dispone el orden sucesorio de la Constitución.
Siguiendo la alquimia electoral que se busca para complacer a algunos, el adelantamiento obligará a tener un período de transición más extenso del que se tenía. Precisamente cuando el emperador y su corte buscaban perpetuarse utilizaban como argumento para reformar la Constitución la necesidad de acortar la transición porque cuatro meses era demasiado. Tanto Miranda como Alperovich sufrieron en carne propia el peso de ser los administradores electos mientras el poder -diluido claro está- lo tenía el general retirado. Eran el actual senador y el gobernador los que gestionaban desesperadamente fondos y trataban de calmar a los estatales durante esos meses. Curiosamente, ahora que la historia es diferente no les parece nada grave que haya una transición ya no de cuatro sino de seis meses.
No va más
El gobernador no da más y muchos sectores de la sociedad coinciden con él y también tienen impaciencia. Por eso aparecen argumentos tales como "cuanto antes finalice esto, mejor", aun a costa de no respetar nuestras leyes. Son precisamente concesiones de este tipo las que han ido deteriorando las instituciones y restándole confianza a la política.
Tucumán es un polvorín donde el nepotismo de los Castro y la corrupción han golpeado muy duro a todos. Sin dudas el debate de los tiempos constitucionales apenas ha comenzado y los expertos tendrán argumentaciones más valederas. No obstante, es hora de que el respeto por las leyes ayude a enderezar las conductas y no que estas se puedan ajustar a cualquier capricho electoral, en función de los intereses políticos de turno. El fin no justifica los medios y menos en estos tiempos.
Lo más popular
Ranking notas premium







