Ratificaron un pedido de juicio político contra Miranda

El abogado Pablo Bayo insiste en que el gobernador cometió el delito de abandono de persona al no haber auxiliado a 16 niños que murieron por desnutrición.

Por Redacción Política 07 Diciembre 2002
"El gobernador Julio Miranda abandonó a los menores, poniendo en riesgo la vida y la salud de los incapaces de valerse por sí mismos. Esto, en muchos casos, ocasionó la muerte de los niños.
Con ello queda consumado el delito del artículo 106 del Código Penal (abandono de persona)". Esto sostuvo, en forma concluyente, el abogado Pablo Bayo, quien ayer ratificó y amplió el requerimiento para que se someta a un juicio político al titular del Poder Ejecutivo por la desnutrición infantil, que ya causó el fallecimiento de 16 chicos en la provincia.
El letrado -interpuso el tercer pedido de destitución que afronta el mandatario en menos de 15 días- sostiene que Miranda incurrió en incumplimiento de los deberes a su cargo y en abandono de persona, en concurso real.
Bayo argumentó que el gobernador no cumplió con la obligación establecida por el artículo 35, inciso cuarto, de la Constitución provincial, que establece que "los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado, de forma de favorecer su normal desenvolvimiento, y su desarrollo físico y cultural".
"El gobernador abandonó a las víctimas (en estado de extrema pobreza) y a todos los desnutridos, que aquejan a esta provincia, privándolos de los auxilios y cuidados que son imprescindibles para que mantengan la vida o la integridad", aseveró. Bayo se preocupó por probar que la obligación de auxiliar a los menores le correspondía a Miranda. "De la atenta lectura del tipo legal del abandono de persona se desprende que el sujeto activo (en este caso el Poder Ejecutivo) debe mantener o cuidar a la persona incapaz de valerse por ella misma. Tal deber no es de índole moral, sino estrictamente jurídica y deriva de la Constitución provincial", dijo.
La comisión de Juicio Político de la Legislatura tiene 15 días hábiles para tratar el pedido. Para archivarlo o correrle traslado de la denuncia a Miranda se necesita el voto de la simple mayoría (12 legisladores integran la comisión y 7 son del PJ).

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