En Tucumán, y sobre todo en el Gobierno, se afianza aquello de que a las palabras se las lleva el viento. De nada sirve que el ministro de Economía prohíba designaciones si en otras áreas del Poder Ejecutivo se aplica un criterio inverso a ese postulado.
Una prueba palpable de ello es el decreto 2.420/14 del 15 de noviembre pasado. A través de esa norma, firmada por el gobernador Julio Miranda; por el ministro de Gobierno, Fernando Juri, y por el ex secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, se incorporaron a 327 operadores sociales, empleados técnicos y agentes administrativos.
Darnay aseguró a LA GACETA que se contrató a ese personal para hacer el relevamiento de niños desnutridos en toda la provincia. "Hasta el 31 de diciembre debe quedar concluido", indicó. Mencionó que se contrató a asistentes sociales que prestaban servicios en el Posoco (Políticas Sociales Comunitarias).
Cada uno cobrará $ 300 (categoría 16 del escalafón general). "El dinero saldrá de Rentas Generales", dijo Darnay. De ese total de agentes, sólo un centenar venía desempeñando tareas como operadores del Posoco. El resto fue designado con posterioridad y con carácter de temporario.
Efecto retroactivo
El decreto en cuestión señala, en su artículo tercero, que se reconocen los servicios prestados por esas personas desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de este mes. El Gobierno deberá destinar unos $ 600.000 para pagar salarios al plantel de Desarrollo Humano. El ministro de Economía Osvaldo Jaldo insistió ayer en que no se puede seguir incrementando el personal del Estado.
Jaldo aclaró que Economía no maneja recursos federales que financian planes sociales y que esas incorporaciones, efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria, según algunos funcionarios, no pasaron por la revisión del área que él conduce. Sin embargo, una alta fuente del gabinete del gobernador Julio Miranda reconoció ayer que una treintena de los operadores contratados responden a compromisos políticos de la actual gestión de gobierno. No obstante, el mismo vocero resaltó que todos ellos deben cumplir efectivamente el servicio asignado.
Las comunas rurales son también objeto de una revisión en materia del gasto en personal. Distintos gremios estatales coinciden en afirmar que esas jurisdicciones son propensas a elevar el número de asesores.
Fuentes del PE reconocieron que algunos comisionados rurales elevan propuestas de incorporación de agentes, bajo la figura de contratos de locación de obras (mensualizados y jornalizados). En ese sentido, el ministro de Economía puntualizó que en los últimos meses, la partida asignada para sueldos a las 93 comunas rurales no sufrió variaciones. "No se aprobaron algunos decretos que promovían la incorporación de agentes en el interior", consideró Jaldo.
Una prueba palpable de ello es el decreto 2.420/14 del 15 de noviembre pasado. A través de esa norma, firmada por el gobernador Julio Miranda; por el ministro de Gobierno, Fernando Juri, y por el ex secretario de Desarrollo Humano, Alberto Darnay, se incorporaron a 327 operadores sociales, empleados técnicos y agentes administrativos.
Darnay aseguró a LA GACETA que se contrató a ese personal para hacer el relevamiento de niños desnutridos en toda la provincia. "Hasta el 31 de diciembre debe quedar concluido", indicó. Mencionó que se contrató a asistentes sociales que prestaban servicios en el Posoco (Políticas Sociales Comunitarias).
Cada uno cobrará $ 300 (categoría 16 del escalafón general). "El dinero saldrá de Rentas Generales", dijo Darnay. De ese total de agentes, sólo un centenar venía desempeñando tareas como operadores del Posoco. El resto fue designado con posterioridad y con carácter de temporario.
Efecto retroactivo
El decreto en cuestión señala, en su artículo tercero, que se reconocen los servicios prestados por esas personas desde el 1 de julio pasado hasta el 31 de este mes. El Gobierno deberá destinar unos $ 600.000 para pagar salarios al plantel de Desarrollo Humano. El ministro de Economía Osvaldo Jaldo insistió ayer en que no se puede seguir incrementando el personal del Estado.
Jaldo aclaró que Economía no maneja recursos federales que financian planes sociales y que esas incorporaciones, efectuadas en el marco de la emergencia sanitaria, según algunos funcionarios, no pasaron por la revisión del área que él conduce. Sin embargo, una alta fuente del gabinete del gobernador Julio Miranda reconoció ayer que una treintena de los operadores contratados responden a compromisos políticos de la actual gestión de gobierno. No obstante, el mismo vocero resaltó que todos ellos deben cumplir efectivamente el servicio asignado.
Las comunas rurales son también objeto de una revisión en materia del gasto en personal. Distintos gremios estatales coinciden en afirmar que esas jurisdicciones son propensas a elevar el número de asesores.
Fuentes del PE reconocieron que algunos comisionados rurales elevan propuestas de incorporación de agentes, bajo la figura de contratos de locación de obras (mensualizados y jornalizados). En ese sentido, el ministro de Economía puntualizó que en los últimos meses, la partida asignada para sueldos a las 93 comunas rurales no sufrió variaciones. "No se aprobaron algunos decretos que promovían la incorporación de agentes en el interior", consideró Jaldo.
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