"Los niños y los jóvenes serán objeto de una protección especial del Estado, de forma de favorecer su normal desenvolvimiento, su desarrollo físico y cultural, asegurándoles iguales oportunidades para su desarrollo sin discriminación de ninguna naturaleza. Los huérfanos y los niños abandonados serán debidamente protegidos mediante una legislación especial". Esta obligación impone, de forma contundente el artículo 35, inciso cuarto de la Constitución provincial, que invocó el abogado Pablo Bayo para requerir la destitución, previo juicio político, del gobernador Julio Miranda por la muerte de menores por desnutrición (ya suman 16).
En el tercer pedido de juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo en menos de 15 días, el profesional de 32 años argumentó que Miranda incurrió en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y en abandono de persona, en concurso real. En la presentación, Bayo hace jugar el artículo 35, inciso cuarto, de la Constitución local, con el 106 del Código Penal, que tipifica el abandono de persona.
"El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años", prescribe la norma.
La pena es mayor si se dan estas dos circunstancias agravantes: grave daño (en el cuerpo o en la salud) o muerte de la víctima. En estos casos, la sanción prevista por el Código Penal es de reclusión o prisión de 3 a 10 años o de 5 a 15 años, respectivamente.
Llamado a la ciudadanía
Bayo está convencido de que las razones para que proceda el juicio político contra Miranda son sólidas. "El Estado, según nuestra propia Constitución, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, debe proteger a los menores, dándoles oportunidades para que crezcan y no provocarles desnutrición", manifestó.
No obstante, el joven abogado es plenamente consciente de lo difícil que será que la comisión que la Juicio de Político de la Legislatura, dominada por el justicialismo, no archive automáticamente el pedido como sucedió la semana pasada con los que efectuaron el juez penal Víctor Pérez y cinco asociaciones civiles. "Les pido a los profesionales y a los ciudadanos que, si fracasa mi requerimiento, hagan planteos similares para impedir que los legisladores sean cómplices de los caprichos del gobernador", afirmó.
Aunque es afiliado al justicialismo, Bayo sostiene que no lo mueve ninguna doctrina partidaria, sino las calamidades de la realidad. "Si no nos movilizamos, todos estamos expuestos a una tiranía: la de la ambición de los intereses personales que hace que, cada vez que terminan sus mandatos, los gobernantes de turno salen enriquecidos y el pueblo, desdeñado, hambriento y agonizante", dijo.
El abogado le pidió a la comisión de Juicio Político que no esgrima el argumento de la conspiración para archivar el planteo. "El pueblo tucumano espera que su voluntad no sea defraudada, una vez más, con el viejo cuento de que oscuros intereses en contra del Gobierno movilizan estos pedidos de juicio político. La realidad, esta vez, nos superó holgadamente", concluyó.
Los fundamentos de la presentación de Bayo entusiasmaron a la oposición. "Esta vez, los mirandistas no pueden argumentar que no hay razones para correrle traslado del pedido a Miranda. El tiene una responsabilidad muy grande en la muerte de los 16 niños y no se la puede soslayar", manifestó Gumersindo Parajón (Pueblo Unido).
PROCEDIMIENTO
Cuando entra un pedido de juicio político, la comisión legislativa del mismo nombre tiene 15 días hábiles para tratar el requerimiento.
Dentro de las 48 horas en que se efectuó la presentación, el denunciante es citado para que ratifique, rectifique o amplíe el requerimiento.
Para archivar la petición o para correrle traslado de la demanda al denunciante, se necesita el voto de la simple mayoría de los miembros de la comisión. Esta está formada por 12 miembros, siete de los cuales pueden dar quórum. En consecuencia, cuatro pueden resolver el planteo.
En la comisión, el PJ tiene 7 representantes, 2 la UCR, 1 Pueblo Unido, 1 Vocación Objetivo de Servir (VOS) y 1 el Movimiento Independiente.
En el tercer pedido de juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo en menos de 15 días, el profesional de 32 años argumentó que Miranda incurrió en falta de cumplimiento de los deberes a su cargo y en abandono de persona, en concurso real. En la presentación, Bayo hace jugar el artículo 35, inciso cuarto, de la Constitución local, con el 106 del Código Penal, que tipifica el abandono de persona.
"El que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión de 2 a 6 años", prescribe la norma.
La pena es mayor si se dan estas dos circunstancias agravantes: grave daño (en el cuerpo o en la salud) o muerte de la víctima. En estos casos, la sanción prevista por el Código Penal es de reclusión o prisión de 3 a 10 años o de 5 a 15 años, respectivamente.
Llamado a la ciudadanía
Bayo está convencido de que las razones para que proceda el juicio político contra Miranda son sólidas. "El Estado, según nuestra propia Constitución, la Declaración Universal de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, debe proteger a los menores, dándoles oportunidades para que crezcan y no provocarles desnutrición", manifestó.
No obstante, el joven abogado es plenamente consciente de lo difícil que será que la comisión que la Juicio de Político de la Legislatura, dominada por el justicialismo, no archive automáticamente el pedido como sucedió la semana pasada con los que efectuaron el juez penal Víctor Pérez y cinco asociaciones civiles. "Les pido a los profesionales y a los ciudadanos que, si fracasa mi requerimiento, hagan planteos similares para impedir que los legisladores sean cómplices de los caprichos del gobernador", afirmó.
Aunque es afiliado al justicialismo, Bayo sostiene que no lo mueve ninguna doctrina partidaria, sino las calamidades de la realidad. "Si no nos movilizamos, todos estamos expuestos a una tiranía: la de la ambición de los intereses personales que hace que, cada vez que terminan sus mandatos, los gobernantes de turno salen enriquecidos y el pueblo, desdeñado, hambriento y agonizante", dijo.
El abogado le pidió a la comisión de Juicio Político que no esgrima el argumento de la conspiración para archivar el planteo. "El pueblo tucumano espera que su voluntad no sea defraudada, una vez más, con el viejo cuento de que oscuros intereses en contra del Gobierno movilizan estos pedidos de juicio político. La realidad, esta vez, nos superó holgadamente", concluyó.
Los fundamentos de la presentación de Bayo entusiasmaron a la oposición. "Esta vez, los mirandistas no pueden argumentar que no hay razones para correrle traslado del pedido a Miranda. El tiene una responsabilidad muy grande en la muerte de los 16 niños y no se la puede soslayar", manifestó Gumersindo Parajón (Pueblo Unido).
Cuando entra un pedido de juicio político, la comisión legislativa del mismo nombre tiene 15 días hábiles para tratar el requerimiento.
Dentro de las 48 horas en que se efectuó la presentación, el denunciante es citado para que ratifique, rectifique o amplíe el requerimiento.
Para archivar la petición o para correrle traslado de la demanda al denunciante, se necesita el voto de la simple mayoría de los miembros de la comisión. Esta está formada por 12 miembros, siete de los cuales pueden dar quórum. En consecuencia, cuatro pueden resolver el planteo.
En la comisión, el PJ tiene 7 representantes, 2 la UCR, 1 Pueblo Unido, 1 Vocación Objetivo de Servir (VOS) y 1 el Movimiento Independiente.
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