Piden una ayuda a la Nación para destruir Bocade

El Poder Ejecutivo apelaría al sistema de licitación pública para el rescate de bonos provinciales. Las exigencias del FMI.

Por Redacción Política 04 Diciembre 2002
El Gobierno está analizando las posibilidades que tiene para achicar parte de los $ 169 millones de bonos que circulan en Tucumán. Por ley, el Estado está obligado a inutilizar $ 16 millones de la moneda local hasta el 31 de este mes, después de la prórroga autorizada por la Legislatura.
El ministro de Economía, Osvaldo Jaldo, reconoció ayer a LA GACETA que la Nación ayudaría a la provincia al rescate parcial de ese monto de Bocade, con un anticipo financiero. El proyecto es más ambicioso. De acuerdo con las especulaciones de Economía, el Gobierno federal también contribuiría con $ 4.000 que surgirían de las utilidades del balance anual del Banco Central para mermar el circulante de cuasi monedas en el país. "Creemos que Tucumán podría entrar en ese programa destruyendo otros $ 50 millones en los primeros meses de 2003", puntualizó el ministro. En este caso, el Poder Ejecutivo apelaría al sistema de licitación pública para el rescate de bonos.
Jaldo dijo que ese plan está instalado en la agenda del titular del Palacio de Hacienda, Roberto Lavagna, y forma parte de las exigencias del FMI para firmar un acuerdo con la Argentina.

Operatorias vencidas
Por otra parte, Jaldo confía en que antes de finalizar el año, el Gobierno formalice el pago de los $ 65,4 millones de la deuda por depósitos vencidos de la vieja operatoria FET (28 y 56 días) y de la conversión paralela con algunas empresas.
El PE puso a consideración de la Legislatura ese esquema de pago para su aprobación y/o modificación del texto del proyecto. La iniciativa ingresaría en la próxima sesión que se hará mañana. Si la propuesta de pago tiene sanción legislativa, el Ministerio de Economía ordenaría inmediatamente el pago a las 400 empresas "acorraladas" por el incumplimiento del Estado hasta antes de la última semana de este mes. Se abonarían $ 7 millones en efectivo, otros $ 13 millones con cheques diferidos y casi $ 45 millones en Documentos de Cancelación de Obligaciones Fiscales (Docof).

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