Responsabilizaron a un empleado nacional de coimear a desocupados

Isabel Estela del Huerto Coronel denunció que Canseco le pidió $ 50 de los $ 150 que cobra mensualmente en Lecop para que siga en el listado de beneficiarios.

Por Redacción Política 30 Noviembre 2002
El único detenido por presuntas irregularidades en la entrega de planes Jefes y Jefas de Hogar Desempleados, José Ricardo Canseco, declaró ayer nuevamente ante el juez federal Felipe Terán.Isabel Estela del Huerto Coronel denunció que Canseco le pidió $ 50 de los $ 150 que cobra mensualmente en Lecop para que siga en el listado de beneficiarios, lo que es investigado por el fiscal federal Carlos Brito.
La esposa del detenido, Gloria de la Rosa Vilatta, reconoció que Canseco les pedía ese monto (y a algunos aún más) a 29 beneficiarios del plan de la Banda del Río Salí. Pero culpó a Mario Avila, de la Gerencia Nacional de Empleo, y a su actual pareja, Adriana Virochi. "Ella también figura como desempleada y fue quien buscó a mi esposo para pedirle que consiga gente y la inscriba. Mi esposo quedó como culpable, pero lo amenazaron de muerte si no recaudaba para ellos. Fue coaccionado y le dijeron que ponía en riesgo la vida de sus hijos. El no se quedó con nada", afirmó.
El lunes le presentará al juez una lista de supuestos beneficiarios de Banda del Río Salí que habría sido redactada de puño y letra por Virochi. "Quiero que le hagan una pericia caligráfica, porque mi esposo no tiene cómo incorporar beneficiarios", señaló Vilatta de Canseco.
"Mi esposo tenía un comedor social, donde daba la Copa de Leche y conseguía remedios. La gente confiaba en él. Trabajó con algunos políticos como Gumersindo Parajón y con varios del peronismo, como el ministro Fernando Juri, a quien le hizo campaña", dijo. Ambos dirigentes afirmaron que Canseco no milita en sus respectivos partidos.

Les cobraba $ 3 por cada trámite


Juana Francisca Santillán preside la fundación Crecer Unidos, de Lídoro Quinteros 755 en el barrio San Ramón, de la Banda del Río Salí, que nuclea a 179 beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar Desempleado. Su nombre aparece en el listado de denunciados en la Justicia Federal por cobrarles a los desocupados para mantenerlos en el listado de beneficiarios del programa.
Santillán aseguró a LA GACETA que ella no exige ningún pago a los inscriptos. Pero reconoció que desde agosto "se solicita un aporte voluntario de $ 3 por mes para sostener la tarea de la fundación, por los trámites realizados, papelería, planillas de asistencia y comprobación de proyectos". "No todos los dan. En setiembre, se pidieron $ 2 por persona, para la confección de un carnet para identificarlos", admitió.
"Gente malintencionada hizo esta denuncia. No creo que tenga una orientación política. Soy una dirigente social", dijo quien podría ser candidata a edil por el PJ.

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