"La decisión de la mayoría de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, de exculpar al gobernador Julio Miranda de las acusaciones formuladas por ONG y por el juez penal Víctor Pérez, constituye un nuevo capítulo de la impunidad al servicio de la corrupción". La severa afirmación fue formulada por los miembros del Grupo Alberdi.
"Los integrantes de esa mayoría están personalmente comprometidos en los actos delictuosos imputados al gobernador", manifestaron Teresa Piossek Prebisch, Clímaco de la Peña, Adolfo Poliche, Guillermo Oliver, Juan Oliver, Elsa Moreno, Raúl Hernández, Alfredo Bolsi y Esteban Ricardo Sanz. El juez Pérez, precisamente, pidió la destitución del mandatario para investigar si cometió el presunto delito de cohecho activo para que se habilite la reforma de la Constitución provincial.
"Esos legisladores estaban inhabilitados para decidir, ya que no se puede ser juez y parte -aseguraron-. Ellos incumplieron su deber de excusarse".
"Esto quita todo valor a lo que decidieron y demuestra, una vez más, que en Tucumán no existe la división de poderes -afirmaron desde el foro de opinión-. Esta degradación de las instituciones no sólo ha conducido al auge de la delincuencia y a la pérdida del año lectivo en la escuela pública, sino que ha privado a un gran sector de la población de un derecho esencial como es una alimentación adecuada. La desnutrición generalizada y las muertes de niños son su prueba flagrante", aseveraron.
Según los integrantes del Grupo Alberdi, la situación provincial se agrava por la decisión del gobierno nacional "de adoptar medidas de catástrofe, que actúan paralelamente a la autoridad provincial, en lugar de proceder a la intervención federal, para reencauzar la acción del Estado. El ?Operativo Rescate? que Tucumán necesita es que se lo libere de su actuales gobernantes".
"Los integrantes de esa mayoría están personalmente comprometidos en los actos delictuosos imputados al gobernador", manifestaron Teresa Piossek Prebisch, Clímaco de la Peña, Adolfo Poliche, Guillermo Oliver, Juan Oliver, Elsa Moreno, Raúl Hernández, Alfredo Bolsi y Esteban Ricardo Sanz. El juez Pérez, precisamente, pidió la destitución del mandatario para investigar si cometió el presunto delito de cohecho activo para que se habilite la reforma de la Constitución provincial.
"Esos legisladores estaban inhabilitados para decidir, ya que no se puede ser juez y parte -aseguraron-. Ellos incumplieron su deber de excusarse".
"Esto quita todo valor a lo que decidieron y demuestra, una vez más, que en Tucumán no existe la división de poderes -afirmaron desde el foro de opinión-. Esta degradación de las instituciones no sólo ha conducido al auge de la delincuencia y a la pérdida del año lectivo en la escuela pública, sino que ha privado a un gran sector de la población de un derecho esencial como es una alimentación adecuada. La desnutrición generalizada y las muertes de niños son su prueba flagrante", aseveraron.
Según los integrantes del Grupo Alberdi, la situación provincial se agrava por la decisión del gobierno nacional "de adoptar medidas de catástrofe, que actúan paralelamente a la autoridad provincial, en lugar de proceder a la intervención federal, para reencauzar la acción del Estado. El ?Operativo Rescate? que Tucumán necesita es que se lo libere de su actuales gobernantes".
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