No todo pasa por los mercados

Muchas y variadas son las instituciones jurídicas, sociales y políticas de las que depende el buen funcionamiento de una economía moderna de mercado. Como el intercambio libre entre sujetos autónomos es una de las claves de este buen funcionamiento, un marco amplio de seguridad jurídica capaz de velar por el cumplimiento de lo que cada parte promete en el intercambio generalizado de los mercados aparece como un pilar institucional básico de la economía, a la par de la defensa firme de los derechos de propiedad claramente diseñados. Si los mercados fueran todos perfectamente competitivos (esto es, si no existiera ningún defecto o falla en el funcionamiento ideal de todos y cada uno de los mercados), y si fueran completos (esto es, si existiera necesariamente un mercado para todo lo que la gente desea), el funcionamiento de una economía moderna y eficiente no necesitaría prácticamente otra cosa más que la presencia activa de un guardián de los mercados y de los derechos de propiedad, lo que constituiría la tarea esencial del Estado. Pero como lo muestra la realidad más flagrante de toda sociedad moderna, los mercados no son ni completos, ni todos funcionan de manera competitiva, pura y perfecta. En términos generales, puede decirse que cuando estamos en presencia de intercambio competitivos, el mercado es el mejor vehículo para la eficiencia. Pero es necesario crear y controlar las reglas institucionales capaces de obligar a los empresarios a competir (cosa que no hacen necesariamente de manera natural y gustosa).
No es la eficiencia el único valor económico que tenemos que defender, ni es el intercambio el único tema económico relevante. Tenemos que garantizar simultáneamente un estado de justicia distributiva, que vele por la equidad en nuestra vida socioeconómica. Esto tiene que ver con una serie de cuestiones económicas significativas, de las que los mercados no se ocupa cabalmente, entre las que figuran: la necesidad de bregar por un trabajo decente para todos, exigencia basada en el reconocimiento elemental de la dignidad que posee toda persona humana; la implementación de políticas que atiendan las necesidades de los desempleados, etcétera.