15 Julio 2007 Seguir en 
La relación fiscal entre la Nación y las provincias está en una suerte de "stand by" por efecto del año electoral. El Gobierno central no está dispuesto a poner en la mesa de discusión temas claves como el reparto de los fondos coparticipables o en brindar más plazo para que las provincias paguen sus deudas. Planteadas así las cosas, la Nación apelará, con distintas herramientas fiscales, para obtener el mayor apoyo político de los gobernadores con vistas a las elecciones del 28 de octubre próximo. Y tiene un arma letal para lograr ese objetivo: la creciente dependencia fiscal de las provincias en el Gobierno nacional.
Dos hechos corroboran esta circunstancia: el 68% de las deudas (unos $ 56.000 millones) que poseen los 24 distritos del país tienen como principal acreedor a la Nación y, a la vez, las transferencias de recursos de capital -para obras públicas- crecieron en torno al 46% hasta mayo pasado.
Tucumán está en el medio de esa situación. El 70% de su presupuesto en obras públicas que superan los $ 1.200 millones, procederá de las arcas nacionales. Como contrapartida, el 75% de su endeudamiento público tiene como principal acreedor a la Nación.
Según la licenciada en Economía y experta en Finanzas Públicas de la Universidad del Sur, Susana Nuti, los regímenes de reparto de fondos transitorios creados por la Casa Rosada terminan, con el tiempo, convirtiéndose en permanentes, profundizando las diferencias fiscales y políticas entre las provincias. "La situación se torna más inequitativa cuando se usan discrecionalmente transferencias de fondos condicionadas por el Ejecutivo, bajo la forma de subsidios o préstamos de fondos fiduciarios para obras", advierte.
Sin embargo, no sólo son las provincias las que sufren una alta dependencia fiscal y política frente al Gobierno inmediatamente superior. También afecta a los municipios. Por caso, San Miguel de Tucumán apeló al uso del préstamo de la Casa de Gobierno para sostener la paz social (pagando regularmente los sueldos a su personal) y para encarar un plan de obras. Desde 2005 hasta estos días, la Capital se endeudó en $ 561,5 millones, exactamente la mitad de los fondos prestados por la gestión del gobernador José Alperovich a los 19 municipios tucumanos.
Según el director de la consultora Economía & Regiones, Rogelio Frigerio (n), sin esos planes de asistencias financieras "tanto las provincias como los municipios no serían viables ni tendrían la capacidad de repago suficiente de sus deudas".
El endeudamiento público, tanto de los gobernadores como de los intendentes, constituye el costo político que deberán pagar para seguir bajo el calor oficial que, inexorablemente, puede generar un ahogo financiero hacia el futuro, según la temperatura que marque el termómetro político.
Dos hechos corroboran esta circunstancia: el 68% de las deudas (unos $ 56.000 millones) que poseen los 24 distritos del país tienen como principal acreedor a la Nación y, a la vez, las transferencias de recursos de capital -para obras públicas- crecieron en torno al 46% hasta mayo pasado.
Tucumán está en el medio de esa situación. El 70% de su presupuesto en obras públicas que superan los $ 1.200 millones, procederá de las arcas nacionales. Como contrapartida, el 75% de su endeudamiento público tiene como principal acreedor a la Nación.
Según la licenciada en Economía y experta en Finanzas Públicas de la Universidad del Sur, Susana Nuti, los regímenes de reparto de fondos transitorios creados por la Casa Rosada terminan, con el tiempo, convirtiéndose en permanentes, profundizando las diferencias fiscales y políticas entre las provincias. "La situación se torna más inequitativa cuando se usan discrecionalmente transferencias de fondos condicionadas por el Ejecutivo, bajo la forma de subsidios o préstamos de fondos fiduciarios para obras", advierte.
Sin embargo, no sólo son las provincias las que sufren una alta dependencia fiscal y política frente al Gobierno inmediatamente superior. También afecta a los municipios. Por caso, San Miguel de Tucumán apeló al uso del préstamo de la Casa de Gobierno para sostener la paz social (pagando regularmente los sueldos a su personal) y para encarar un plan de obras. Desde 2005 hasta estos días, la Capital se endeudó en $ 561,5 millones, exactamente la mitad de los fondos prestados por la gestión del gobernador José Alperovich a los 19 municipios tucumanos.
Según el director de la consultora Economía & Regiones, Rogelio Frigerio (n), sin esos planes de asistencias financieras "tanto las provincias como los municipios no serían viables ni tendrían la capacidad de repago suficiente de sus deudas".
El endeudamiento público, tanto de los gobernadores como de los intendentes, constituye el costo político que deberán pagar para seguir bajo el calor oficial que, inexorablemente, puede generar un ahogo financiero hacia el futuro, según la temperatura que marque el termómetro político.
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